Más allá de las posturas encontradas, ya no hay tiempo para demoras en una decisión que afecta la salud de las personas. Después de tantos años de comprobarse la contaminación y sus daños, es inaceptable que una comunidad –y en particular sus niños– continúe expuesta a los riesgos de la presencia de plomo, arsénico y otros contaminantes que afectan la salud y el medioambiente.
Pero, además de la salud de la población, a las razones de la urgencia de las tareas de remediación se suma una de carácter económico.
El reclamo mancomunado de los sanantonienses y la confirmación de la afectación sanitaria permitieron que la localidad fuera incluida en el plan de remediación que financia el BID. Los plazos para llevar adelante la tarea con esos fondos se vencen en noviembre del año próximo. Existe temor de que, en virtud del tiempo transcurrido, el dinero pueda perderse.
Es por eso que ya no hay margen para nuevas dilaciones. La comunidad debe elegir mañana la mejor opción y definir el destino de los fondos necesarios para que finalmente la escoria contaminante depositada desde hace más de 50 años deje de generar efectos adversos en los pobladores del lugar y la oscura historia de Geotécnica pase definitivamente a formar parte del pasado.
La intervención judicial empujó las medidas
Río Negro
La remediación ambiental es un paso clave para que la fuente contaminante deje de aportar al medio minerales pesados que puedan entrar en contacto con la población y seguir afectando su salud. Esa instancia ya está a punto de ponerse en marcha y mañana se desarrollará una jornada fundamental en este sentido. Sin embargo, otras cuestiones han quedado relegadas y al menos dos de ellas se deberán resolver en el ámbito judicial.
Una es la problemática sanitaria. Lo más grave de todo lo ocurrido con Geotécnica es que se ha determinado fehacientemente que los residuos de la planta abandonada –como también lo hizo en su momento el humo de su producción– provocan graves daños en la salud humana y que los niños de la localidad se ven afectados por la exposición.
Desde principios del 2006 se sabe que el plomo está presente en valores mayores que los que acepta la OMS en el 20% de los chicos de la ciudad.
Sin embargo, seis años después hizo falta que la defensora general Rita Custet Llambí interviniera y mediante un amparo colectivo lograra que el STJ ordenara al Ministerio de Salud de Río Negro desarrollar antes del 21 de diciembre un plan pormenorizado de prevención y abordaje en materia de salud integral de los habitantes de San Antonio Oeste, con plazos específicos, responsables de su cumplimiento y acciones concretas para su ejecución.
Es preocupante que se haya tenido que llegar hasta esta intervención de la Justicia, cuando desde 1995 se sabe que el plomo y otros metales pesados están presentes en la bahía San Antonio. Un estudio de la Fundación Patagonia Natural dio cuenta de esa existencia. La Fundación Inalafquen pidió informes luego y el Consejo de Salud Pública ratificó que existían riesgos, pero nada se hizo al respecto.
En el 2005 Nuria Vázquez confirmó con su tesis que el plomo estaba en organismos vivos de la ría y al año siguiente se hicieron muestreos en sangre de niños de la localidad que dieron positivo en el 20%. Entonces hubo un compromiso de seguimiento de los casos, que en particular se daban en las escuelas cercanas a la pila y en las familias que vivían en el sector inmediato, en la zona de chancherías. Sin embargo, la población en esa área creció notablemente y las autoridades no lo evitaron. El hospital de San Antonio relevó 41 personas viviendo junto al escorial, de las cuales 14 son niños, cuando en el 2006 había sólo 13 ó 14 en total y solamente tres niños.
Por qué no se alertó de los riesgos a estas familias y no se evitó que se sumara más gente a vivir allí es una duda que persiste. Ahora la Municipalidad recibió la orden judicial de impedir que se incorporen más personas a residir allí.
Otro de los temas accesorios que se manejan en el ámbito judicial es un mandamus interpuesto por un profesional de la minería, Vicente Marino, que asegura que en el escorial que se pretende confinar o remover existe un mineral, llamado indio, en cantidades cuyo valor de mercado rondaría los tres millones de pesos. El accionante interpuso un recurso para que la provincia pueda disponer de ese mineral sea cual fuere el procedimiento utilizado para evitar la contaminación.
• La primera, cuya eficacia es considerada alta, implica la consolidación y recubrimiento de los materiales afectados en el mismo sitio en el que se hallan actualmente. El acceso controlado protege a las personas del contacto directo con el material de fuentes, suelos y sedimentos afectados. Las restricciones al uso de agua subterránea impide el consumo humano de la misma. La posibilidad de implementación de la alternativa 1 también es considerada alta ya que la tarea que involucra es una práctica común. El costo que implica es medio.
• La eficacia de la alternativa 2 es alta ya que la colocación de los materiales en un confinamiento seguro fuera del sitio actual elimina la escoria de fundición, suelos y sedimentos afectados. También es alta la posibilidad de implementación para un radio cercano a 10 kilómetros de SAO. Para una distancia del sitio de confinamiento seguro de 50 kilómetros de SAO, la posibilidad de implementación es media, debido a que requerirá un tiempo de trabajo mucho más prolongado y un importante número de camiones para remover la gran cantidad de escoria de fundición, suelos y sedimentos afectados a un sitio de confinamiento seguro. El costo, hasta diez kilómetros, es medio y sustancialmente menor que un confinamiento en la Mina Gonzalito, ubicada aproximadamente a 110 kilómetros de SAO, y también respecto de una localización hasta 50 kilómetros (distancia intermedia) de SAO. El aumento de la distancia incrementa los riesgos asociados con el transporte.
• En cuanto al traslado a Mina Gonzalito, la consultora considera que la eficacia es alta, aunque la posibilidad de implementación es media ya que requerirá un tiempo excesivo o un gran número de camiones para remover la escoria a un sitio de confinamiento seguro a 110 kilómetros de la fuente. Los riesgos ambientales operacionales y de accidentes viales son significativamente mayores, dadas la mayor distancia de transporte y la gran cantidad de camiones necesarios.
Abra Pampa, un antecedente negativo
Río Negro
El proceso de remediación en Abra Pampa, otra de las localidades incluidas en el proyecto de saneamiento ambiental del BID, no es un antecedente alentador. Un informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, conocido en San Antonio, da cuenta de que en la comunidad jujeña, en la que en 1990 la minera Metal Huasi dejó abandonadas escombreras con plomo en medio del casco urbano, el procedimiento se realizó sin participación comunitaria y sin que se tomaran los recaudos necesarios para que no se provocaran mayores exposiciones a los materiales tóxicos.
El informe de la Clínica indica que "a principios del 2009 esa montaña de desperdicios metalúrgicos fue removida con financiamiento de la Cámara Minera de la Provincia de Jujuy, sin seguir medidas de precaución para la prevención de exposición adicional de la población a metales tóxicos. Esos pasivos ambientales fueron trasladados a Mina Aguilar, donde se confinaron con doble capa de aislación como es requerido por la ley de Residuos Peligrosos. A diferencia de estas medidas de contención, la comunidad no tuvo protección alguna a estos materiales tóxicos por más de veinte años y por años se les ocultó sobre su toxicidad".
Además, sostiene que "representantes de la Secretaría de Minería declararon que todavía existen aproximadamente 60.000 toneladas de escorias en un lote del barrio 12 de Octubre y arroyo Tabladitas, que durante épocas de lluvia es una fuente de agua para la ciudad. Hoy en día decenas de viviendas se encuentran construidas en los alrededores del lote en el barrio 12 de Octubre. Aunque en el 2007 la municipalidad cercó el lote con una valla alámbrica para limitar la exposición a los tóxicos, las escorias no son contenidas por dicho alambrado pues los frecuentes vientos de la zona esparcen el polvo contaminado. En otras palabras, los residentes no tienen ningún tipo de protección a las escorias que se encuentran en este barrio. Hasta el 2010, este mismo lote fue una cancha donde los niños jugaban fútbol sobre los tóxicos hasta que alguien derrumbó los arcos".
