Después de siete meses de expropiada y sin ninguna comunicación oficial por parte del Gobierno en torno a un eventual resarcimiento, la española Repsol arrancó otra demanda contra el Gobierno argentino por la confiscación de su 57% en YPF. Esta es ante el Ciadi, un tribunal internacional que se encarga de diferendos entre empresas y países, dependiente del Banco Mundial, en el que la Argentina ya tiene reclamos por US$ 65.000 millones (ver Un organismo ...).
En esta instancia, Repsol todavía no presentó ningún reclamo económico . Sin embargo, Antonio Brufau habló, en los días posteriores a la expropiación, de más de US$ 10.500 millones.
El gobierno argentino viene transmitiendo, a través de canales informales , la posibilidad de una salida negociada con su par español. Aunque en Repsol dicen no haber recibido ninguna propuesta concreta, la compañía presentó sus alegaciones “sin perjuicio de la posibilidad de las partes de poner fin al procedimiento en cualquier momento en caso de alcanzarse un acuerdo ” entre la empresa y el Gobierno, según aclaró.
Antes que esta demanda, Repsol ya presentó juicios por diferentes aspectos de la expropiación en Buenos Aires, Nueva York y Madrid.
En su presentación de ayer, Repsol alega que la Argentin a violó un acuerdo bilateral firmado con España en 1991 de “reciprocidad de inversiones”. Eso implica que los capitales españoles tienen el mismo trato jurídico que si fueran nacionales, algo que el país también acordó con los EE.UU.
En la demanda ibérica no sólo figura una compensación por las acciones que les quitaron, sino también sobre otros activos que posee la empresa, como el yacimiento de Vaca Muerta . En ese reservorio, habría petróleo y gas por otros US$ 18.000 millones, según estimaciones de Repsol, algo que también estableció en el juicio que inició.
El procedimiento del Ciadi indica que se debe constituir un tribunal de arbitraje que se encargue del caso, ante el que tanto Repsol como el Gobierno tendrán que presentar los motivos por los que se llegó a esta controversia.
“Se trata de una expropiación discriminatoria que afecta únicamente a Repsol (no a la parte argentina de la familia Eskenazi o a otros accionistas)”, detallaron fuentes ligadas a Repsol. “No se ha acreditado la existencia de una causa de utilidad pública. Y no se respetaron las disposiciones legales para llevar a cabo la expropiación”, agregaron.
Desde el Poder Ejecutivo, cuando se envió el proyecto de expropiación al Congreso, se lo defendió por el alto giro de remisión de utilidades de YPF. Un 90% de lo que se ganaba –algo que bendijo Néstor Kirchner desde 2008 y su esposa continuó hasta mediados de 2011– era girado por Repsol y la familia Eskenazi a España. También se lo justificó en búsqueda de la “soberanía hidrocarburífera”, ya que el país tuvo un déficit energético de US$ 3.000 millones en 2011. Esa situación persiste, sin proyección de que sea revertida en el corto plazo.
Miguel Galuccio, CEO de Repsol, habría manifestado en privado que desea un acuerdo con Repsol . Como el número uno de YPF consiguió hace poco un aumento de gas, se cree que en el Gobierno argentino están más atentos a sus sugerencias que hace unos meses, cuando ni le avisaron del decreto que intervino el sector.
Clarín/Por Ismael Bermúdez
La Argentina enfrenta juicios en el CIADI por demandas de diversas empresas extranjeras por unos 65.000 millones de dólares.
Así lo estimó el abogado Eduardo Barcesat, asesor de la Procuración del Tesoro.
El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el tribunal arbitral del Banco Mundial que en 1994 la Argentina aceptó para dirimir los eventuales litigios.
Según el especialista e investigador Javier Echaide, “Argentina es el país más demandado en el mundo ante el CIADI. Las demandas –que llegaron a sumar 51 registradas- fueron generalmente iniciadas por empresas privatizadas tras la devaluación del peso , invocando los Tratados Bilaterales de Protección Recíproca de Inversiones (TBI) firmados durante los 90, sorteando así la jurisdicción nacional”.
Se estima que los laudos contrarios a la Argentina suman casi U$S 1.000 millones, entre los cuales están los más de u$s 300 millones a las compañías norteamericanas Azurix Corporation y Blue Ridge Investment por la cancelación la cancelación de los contratos de servicios públicos hace una década.
Argentina entró en 1994 al CIADI y durante los ´90 Argentina firmó 58 TBI, dice Echaide. Señala que “actualmente Argentina tiene pendientes 23 casos. Otros 25 casos se hallan concluidos, pero pocos aún con laudos que se encuentren firmes”.
A eso se agrega la demanda de Repsol, por la estatización del 51% de sus acciones en YPF (ver nota principal en esta página).
Echaide explica que “el sistema funciona como un tándem de “CIADI-TBI”: el CIADI es el organismo de arbitraje y los TBI son el “combustible jurídico” del sistema, con normas procesales y de fondo. Con eso, tanto Argentina como muchos otros países de la región, se apartaron de 130 años de doctrina jurídica dada por la “Cláusula Calvo”, que decía que las demandas entre empresas extranjeras y los Estados debían hacerse dentro de la jurisdicción nacional .
Pero hubo casos que mantuvieron una política de Estado: Brasil se negó a entrar en este sistema y mantuvo su soberanía jurisdiccional. No tiene ningún TBI en vigor y no es un país miembro del CIADI, y nadie puede decir que Brasil sea hoy un país “desfinanciado”.
Echaide concluye que “los Estados miembros del CIADI hasta hoy reconocen sus laudos: resultan obligatorios, inapelables e irrevisables por las cortes locales. Pero hoy el CIADI se encuentra políticamente muy cuestionado . No son pocos los laudos que poseen decisiones polémicas y otorgan a los capitales extranjeros mayores beneficios que a las empresas nacionales. Ello ha causado que países como Bolivia, Ecuador o Venezuela hayan decidido retirarse del organismo, o como Brasil que decidió nunca ingresar” En el Congreso argentino hay proyectos de ley para que la Argentina se retire del CIADI, pero eso no evita que las inversiones amparadas en TBI puedan seguir recurriendo a ese Tribunal.
Repsol pidió al CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, el inicio de un proceso de arbitraje contra el Estado nacional, por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. La empresa española dijo que presentó la solicitud al haber vencido el plazo de seis meses desde que notificó al Gobierno argentino sobre la existencia de la controversia.
A partir de ahora, el organismo debe proceder al registro del pedido y a las notificaciones, y a constituir el tribunal, proceso que puede demorar de tres a seis meses, tras lo cual las partes deben presentar sus alegatos. Para hacer la demanda, Repsol se amparó en el acuerdo para la protección recíproca de inversiones entre España y la Argentina firmado en octubre de 1991.
La noticia detuvo el avance de la acción de YPF, que terminó cerrando ayer casi a los mismos valores que el viernes: $ 77,50 en Buenos Aires sin variación, y u$s 11,39 en Nueva York con un suba del 0,18%.
Por ahora Repsol no fijó la indemnización que pretende, y dijo que lo hará al presentar el alegato ante el tribunal del CIADI. En el comunicado a la Bolsa, la española no descartó «la posibilidad de las partes de poner fin al procedimiento en cualquier momento en caso de alcanzarse un acuerdo entre ellas».
Repsol demandó a la Argentina ante el CIADI por el 51% de YPF
El Cronista
La Nación
Repsol dio ayer un paso más en su ofensiva judicial contra el Estado argentino para obtener el pago del "precio justo" que reclama por la expropiación del 51% de YPF: confirmó su denuncia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, del Banco Mundial), y sumó así un nuevo frente de batalla a las demandas abiertas en los tribunales de la Argentina, España y Estados Unidos.
A pesar del potencial impacto de esta acción, una fuente del sector energético allegada al conflicto confió a LA NACION en Madrid que este avance "no significa" que la tensión entre la multinacional de origen español y la Casa Rosada haya alcanzado un punto de no retorno.
"Ellos [por Repsol] están convencidos de que todavía pueden cobrarle a la Argentina el dinero que les debe por la compañía expropiada en abril de este año. Y también lo quieren así, porque las cosas como están ahora no le sirven a nadie: Repsol sigue sin contar con el dinero que le corresponde, y la Argentina sin hacer pie con la YPF expropiada , ya que se le está haciendo muy complicado al gobierno de Cristina Kirchner conseguir inversión externa e ingresar al mercado de capitales", señaló la fuente.
La hipótesis de un acuerdo negociado a corto plazo que ponga fin a la disputa entre ambas partes también es fuertemente deseada por el gobierno de Mariano Rajoy. Así lo manifestó recientemente el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia Aldaz, a LA NACION.
Destacó tener "fe" en la posibilidad de que Repsol y la Argentina encuentren próximamente una salida.
El optimismo creció especialmente tras la Cumbre Iberoamericana celebrada en Cádiz el mes pasado. A pesar de que la presidenta argentina no concurrió al encuentro por problemas de salud, el gobierno español finalmente se esforzó por dejar en claro que aceptó el argumento utilizado por la mandataria para excusar su ausencia, e incluso aprobó la participación de quienes la reemplazaron en ese encuentro: el vicepresidente Amado Boudou y el canciller Héctor Timerman.
Esta pequeña pero sensible distensión en las relaciones también disparó en España rumores sobre posibles movimientos en el gobierno argentino en torno de su voluntad y deseo de cesar el desgastante pleito abierto el 16 de octubre, cuando Cristina Kirchner anunció la nacionalización de YPF.
Uno de ellos apunta a la falta de reacciones o desmentidas desde el entorno de la Presidenta sobre este presunto acercamiento o, también, sobre la posibilidad de una salida negociada. No obstante, ayer en la sede madrileña de Repsol, se apuntaba a lo más concreto hasta el momento: la continuidad de las acciones judiciales para asegurarse la indemnización por la parte expropiada de la compañía, que la defensa calcula en 10.500 millones de dólares más gastos.
En relación con la demanda presentada ante el Ciadi, que fue comunicada este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV), la petrolera dirigida por Antonio Brufau calificó de "discriminatoria" la expropiación impulsada por el gobierno argentino, dado que "sólo" afectó a la porción accionaria en manos de Repsol.
La presentación tiene dejos paradójicos. Sucede que en marzo de 2005, Gas Natural Ban (hoy Gas Natural Fenosa), controlada por Repsol YPF y La Caixa, fue la primera empresa de servicios públicos que bajó un juicio ante el organismo del Banco Mundial.
Los abogados de Repsol también protestarán en este litigio por la inexistencia de una tasación por parte de la Argentina. El Ministerio de Planificación argentino, que, de acuerdo con la defensa de Repsol, debió haber presentado su propia valuación de la parte expropiada de YPF, aún no dio a conocer cifra alguna. Este punto es particularmente sensible, ya que dificulta el comienzo de toda negociación y siembra dudas sobre la voluntad de pago por parte del gobierno argentino.
Otro argumento sobre el que se apoyará la defensa es el presunto "incumplimiento" del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y la Argentina, suscripto en octubre de 1991. Esta denuncia de violación de un tratado bilateral se suma, en el arsenal jurídico de Repsol, a la supuesta inexistencia de una "causa de utilidad pública" para la expropiación, más allá de que el gobierno argentino se escudó en el descenso de la producción petrolera.
La demanda ante el Ciadi fue presentada el 7 de mayo pasado, apenas tres días después de que las autoridades argentinas confirmaron formalmente la expropiación de YPF. Pero sólo ayer pudo tomar curso efectivo, ya que las normas del organismo del Banco Mundial exigen un período de negociación previa entre el demandante y el demandado de seis meses.
Disputa de largo aliento
En los próximos días, el Ciadi comunicará oficialmente si acepta o no la denuncia recibida de Repsol, y, de ser así, deberá notificárselo al gobierno nacional. A partir de ese momento, se iniciaría un largo proceso judicial que podría extenderse de tres a seis años, aunque siempre, como destacó ayer la petrolera de origen español, queda abierta la posibilidad -y la esperanza- de alcanzar un acuerdo que lo cancele.
El gobierno argentino no hizo referencias ayer respecto del litigio. En tanto, el ex secretario de Energía Enrique Devoto, que ocupó esa cartera durante la presidencia de Eduardo Duhalde, explicó que los procedimientos ante el Ciadi son de largo aliento. "Repsol acaba de hacer la presentación. Luego, el organismo tiene que llamar a los informantes por cada una de las partes", explicó el ex funcionario. Sin embargo, anticipa una disputa complicada para la Argentina en ese estrado internacional: "Si la justificación para la expropiación es el vaciamiento de la empresa, el país va a tener un problema, porque está claro que el Gobierno lo autorizó".
Las claves de la disputa
La pelea entre la Argentina y Repsol en el Ciadi
-Expropiación
En abril, la presidenta Cristina Kirchner decidió la intervención de YPF y envió al Congreso un proyecto para nacionalizarla.
-Argumento
El principal argumento del Gobierno fue el supuesto vaciamiento que Repsol hizo en la empresa, debido a la caída en la producción de crudo y gas.
-Discriminación
Repsol sostiene que recibió un trato diferencial negativo. Casi todas las petroleras restantes con operaciones en el país bajaron la oferta.
-Salida negociada
Pese al litigio, Repsol no descarta alcanzar un acuerdo fuera de los estrados. Reclama un pago de US$ 10.500 millones más gastos por el 51% que le sacaron de YPF
La Argentina acumula demandas en el Ciadi por US$ 20.000 millones
La Nación/ Por Silvia Pisani
La petrolera Repsol no parece estar mucho más cerca de cobrar los US$ 10.500 millones que le reclama a la Argentina tras haber concretado ayer su demanda ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) . El país ya acumula allí demandas por más de 20.000 millones, sumadas a una fama de mal pagador y amenazas recurrentes en medios políticos de abandonar un tribunal al que se considera "demasiado cerca de las empresas y lejos de los gobiernos".
Si bien es cierto que, por el monto y la proyección internacional que tiene el expediente de Repsol pasa a ser el que más expone a la Argentina frente a la comunidad internacional, el país tiene allí, todavía, 24 casos pendientes de resolución.
"A la Argentina se le reprocha que no paga los fallos del Ciadi y no es cierto", dice el embajador Jorge Argüello. Pero, al igual que otros, el gobierno de Barack Obama discrepa en ese punto con la voz oficial del gobierno de Cristina Kirchner. Al extremo que fue el propio Obama el que firmó la orden que despojó a la Argentina de una serie de beneficios comerciales, como represalia por "no pagar", precisamente, un fallo del Ciadi a favor de dos empresas norteamericanas: Azurix y Blue Ridge.
Fue esa misma fama de mal pagador la que llevó a que Estados Unidos y otros países decidieran, como castigo, votar en contra de los créditos que la Argentina negocia ante organismos internacionales. Washington dejó en claro que la Argentina "debe pagar" los fallos del Ciadi si quiere resolver una situación que "afecta a la relación bilateral", según dijo en su momento la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland.
Hasta ahora, las empresas norteamericanas no cobraron los casi 400 millones de dólares que, en conjunto, reclaman a la Argentina. Voceros del Gobierno hicieron saber que, luego de la represalia, ninguna de ellas "está más cerca" de cobrar lo que reclama.
"Uno de los problemas con el Ciadi es que se sabe cuándo empiezan los procedimientos, pero no cuándo terminan", dio ayer a LA NACION Ed Broadwell, experto en Derecho Arbitral de la Universidad de Wisconsin. En el caso de Repsol, la empresa había anticipado su intención meses atrás, pero debía esperar un plazo de 180 días para formalizar el expediente. También puede optar por retirar la demanda en el caso de que se le abran vías de negociación o de resolución paralela del conflicto.
"La Argentina no se irá del Ciadi", viene repitiendo el embajador Argüello. Desde que, días atrás, Venezuela formalizó su salida del organismo, muchas miradas se posaron sobre el paso que podría adoptar la Argentina. "El nuestro es un país que reconoce que las decisiones del Ciadi son definitivas y obligatorias, y deben ser cumplidas, como si se tratase de una sentencia firme dictada por un tribunal en el país", añadió.
No son pocos los que ponen esa continuidad en duda. "Políticamente, hay una presión creciente en algunos gobiernos de América latina, y la Argentina no parece ser la excepción", dijo Broadwell.
Días atrás, varios diputados de la oposición hicieron una presentación en el Congreso para que la Argentina abandone el tribunal internacional y ponga a revisión los "Acuerdos bilaterales de inversión", en los que se basaron buena parte de las demandas que llegó a acumular el país en su contra. La mayoría, por conflictos derivados de la falta de ajuste de tarifas en servicios públicos tras la salida de la convertibilidad.
En su momento, eso llevó a que la Argentina fuera el país con más casos abiertos ante el Ciadi. Hoy representa menos del 10% del total de causas que tramita el organismo según datos oficiales.
Galuccio vuelve a Londres
El presidente de YPF, Miguel Galuccio , participará de un seminario que organizará este viernes la embajada argentina en Londres. Entre otros, disertarán Carlos Bulgheroni (Pan American Energy), Javier Rielo (Total Austral) y Richard Brown, jefe de Schlumberger para la Argentina, Bolivia y Chile.
Página 12
La petrolera española Repsol demandó al Estado argentino por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). En el escrito presentado ante el tribunal del Banco Mundial, la multinacional afirma que el gobierno de Cristina Kirchner violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Argentina el 3 de octubre de 1991. Hasta que se concretó la nacionalización, Repsol era el máximo accionista de YPF, con el 57,4 por ciento del capital, una participación que su presidente, Antonio Brufau, valoró en 10.500 millones de dólares. Sin embargo, en la demanda por ahora no hay cifras. La petrolera aclaró que precisará el monto a reclamar en concepto de compensación en los escritos que presentará en el Ciadi una vez que este proceda al registro de la solicitud y se constituya el tribunal de arbitraje, lo que puede llevar de tres a seis meses.
Repsol sostiene que la expropiación violó el acuerdo bilateral de inversiones porque se concretó de manera “ilícita” y “discriminatoria”, ya que no se efectuó oferta pública de adquisición ni se realizó pago alguno y sólo se afectaron las acciones de los españoles. Apenas se intervino la compañía, a mediados de abril, el secretario de Política Económica, Axel Kicillof, cuestionó el monto que ya por entonces reclamaba Repsol y desestimó las críticas por no haber hecho una oferta pública. “Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar la empresa según las reglas de YPF. No les vamos a pagar lo que ellos quieran, esos 10.000 millones de dólares”, sostuvo. “Estamos en condiciones de anticipar que los números que mencionan (en España) sobre el valor de la compañía van a ser revisados a medida que vayamos conociendo los vericuetos y la información secreta que la empresa manejaba”, agregó.
Repsol había enviado en mayo una carta a Cristina Fernández de Kirchner en la que declaraba la existencia de la controversia entre la compañía y el Estado argentino, primer paso para llevar el caso ante el Ciadi. Según el acuerdo mutuo de protección de inversiones, el plazo para resolver discrepancias antes de presentar formalmente la solicitud de arbitraje es de 18 meses, pero Repsol entendió que es de seis, en virtud de una cláusula que le permite acogerse al plazo menor que figure en los tratados similares que Argentina ha firmado con otros países. Los procedimientos ante el Ciadi comprenden una etapa de actuaciones escritas y una fase oral posterior. La constitución del tribunal puede demorar hasta seis meses y el proceso suele tener una duración media de entre tres y seis años a partir de ese momento. Por lo tanto, será el próximo gobierno el que deba responder por la expropiación.
En España saben que los tiempos son largos y no descartan llegar a un acuerdo con el gobierno argentino mientras se lleve adelante el proceso. “Es difícil. Una negociación depende de la voluntad de las dos partes y de que ambas reconozcamos el justo valor de lo expropiado. ¿Soy optimista? Más bien razonablemente realista. Vamos a usar todas las vías jurídicas hasta el límite y acudiremos al Ciadi cuando lo veamos más conveniente, pero la demanda se puede retirar si hay acuerdo”, afirmó Brufau el 18 de noviembre en una entrevista concedida al diario español El País. Fuentes de la empresa reiteraron ayer esta posición.
Repsol además tiene abiertos otros frentes judiciales por la expropiación de YPF; en Argentina interpuso una demanda de inconstitucionalidad y ante la Justicia estadounidense presentó otra por vulneración de la normativa del regulador bursátil de ese país. En España, por su parte, un juzgado mercantil admitió a trámite en noviembre una demanda presentada por la petrolera española contra la estadounidense Chevron al considerar que realizó “competencia desleal” al pactar con el gobierno argentino su participación en el proyecto de Vaca Muerta.
El País
Repsol ha presentado una demanda contra Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por la expropiación del 51% de YPF, según han confirmado este lunes fuentes de la empresa petrolera.
El recurso se presenta una vez transcurrido el plazo de seis meses que se reserva en estas ocasiones para que la compañía española exprese sus quejas ante la demandada y facilite un arreglo de sus diferencias acerca de la expropiación de las participaciones de control de YPF y de YPF Gas, llevada a cabo el pasado mes de mayo, sin indemnización.
Como desde ese momento no se ha producido el arreglo de las diferencias, Repsol y Repsol Butano han decidido presentar ante el Ciadi la solicitud de inicio de un procedimiento de arbitraje contra Buenos Aires por violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina, de 1991.
Tras este trámite, el Ciadi procederá a su registro y se lo notificará a las partes que, una vez constituido el tribunal de arbitraje, deberán presentar sus escritos de alegaciones completos sobre el fondo del asunto.
Repsol tendrá que concretar las reparaciones y compensaciones que reclamará a Argentina, “sin perjuicio de la posibilidad de las partes de poner fin al procedimiento en cualquier momento en caso de alcanzarse un acuerdo entre ellas”, señala.
El Ciadi, con sede en Washington, es una de las cinco organizaciones que integran el Banco Mundial y es la principal institución en materia de arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales.
El Gobierno argentino anunció en abril de este año la intervención de YPF, así como la creación de una nueva ley para expropiar a Repsol un 51% de la compañía. La petrolera española, sin embargo, logró ganar más sin YPF que cuando tenía la filial argentina en el tercer trimestre de este año. Su beneficio alcanzó los 760 millones de euros entre julio y septiembre, un 36,4% más que el del mismo periodo del año anterior cuando todavía incluía a la petrolera YPF. En lo que va de año, Repsol ha realizado cinco nuevos descubrimientos de hidrocarburos, entre los que destaca Pao de Azúcar, en Brasil, uno los mayores del mundo en 2012.
Sin embargo, en los seis meses posteriores a la expropiación, los títulos de YPF en Wall Street han caído a casi la mitad de su valor, las importaciones de combustible entre mayo y agosto crecieron un 35% respecto al mismo periodo de 2011, y la nueva dirección de la empresa ha subido en dos ocasiones el precio de los combustibles. Y el Gobierno de Cristina Fernández aún no ha conseguido que ninguna multinacional extranjera aporte capital a los yacimientos de Vaca Muerta que pretendía explotar Repsol.
EFECOM
La petrolera Repsol presentó hoy una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) por la confiscación del 51 % de YPF para que Argentina le pague una compensación por lo que la firma española considera un "expolio".
En un comunicado remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Repsol recuerda que ya ha transcurrido el plazo de seis meses desde que se notificó la controversia a Argentina por violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Argentina en 1991.
La petrolera asegura que concretará las reparaciones y compensaciones a reclamar en los escritos de alegaciones que presentará en el CIADI una vez que éste proceda al registro de la solicitud y se constituya el tribunal de arbitraje, lo que puede llevar de tres a seis meses.
Fuentes de la compañía indicaron a Efe que la presentación de esta solicitud no excluye la posibilidad de negociar directamente con el gobierno argentino y recordaron que las partes pueden poner fin al conflicto en cualquier momento en caso de alcanzar un acuerdo.
"Vamos a agotar todas las vías", insistieron esas fuentes.
La solicitud de arbitraje se basa en la denuncia de una expropiación "ilícita" y "discriminatoria" -ya que sólo afectó a las acciones de Repsol-, así como en el hecho de que no se ha acreditado la utilidad pública de la misma, y no se ha formulado oferta pública de adquisición ni se ha efectuado pago alguno.
Repsol envió el pasado mes de mayo una carta a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la que declaraba la existencia de la controversia entre la compañía y el Estado argentino, primer paso para llevar el caso ante el CIADI, la principal institución en materia de diferencias relativas a inversiones internacionales.
Según el acuerdo mutuo de protección de inversiones, el plazo para resolver discrepancias antes de presentar formalmente la solicitud de arbitraje es de 18 meses, pero Repsol entiende que es de seis, en virtud de una cláusula que le permite acogerse al plazo menor que figure en los tratados similares que Argentina ha firmado con otros países.
La compañía española aspira a que se declare ilícita la actuación de Argentina y se le condene a restaurar la situación y a indemnizar a la compañía por los daños y perjuicios ocasionados.
Hasta la "nacionalización", Repsol era el máximo accionista de YPF, con el 57,4 % del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau valora en 10.500 millones de dólares (unos 8.030 millones de euros al cambio actual).
Repsol tiene abiertos otros frentes judiciales por la expropiación de YPF; en Argentina ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad y ante la justicia estadounidense ha presentado otra por vulneración de la normativa del regulador bursátil de ese país.
En España, un juzgado mercantil admitió a trámite en noviembre una demanda presentada por la petrolera española contra la estadounidense Chevron al considerar que realizó "competencia desleal" al pactar con el Gobierno argentino su participación en el proyecto de Vaca Muerta.
Repsol anunció el descubrimiento de ese yacimiento cinco meses antes del anuncio de "nacionalización".
Los procedimientos ante el CIADI comprenden una etapa de actuaciones escritas y una fase oral posterior y suelen tener una duración media de entre tres y seis años desde la constitución del tribunal.
Repsol demandó a la Argentina ante el CIADI por la "expropiación discriminatoria"
La Nación - Por Juan Pablo De Santis
Desde Madrid, una fuente muy próxima a la demanda presenta por Repsol contra Argentina fue tajante: "Sólo podríamos levantar la acción si alcanzamos una solución negociada con el Gobierno argentino. No rechazamos la vía del diálogo, pero la legal seguirá su curso".
Este lunes por la mañana, los abogados de Repsol SA y Repsol Butano SA en Washington presentaron una demanda contra el Estado nacional ante el tribunal de resolución de controversias del Banco Mundial. Repsol alega que Argentina realizó una "expropiación discriminatoria" del 51% de sus acciones en YPF y buscará una compensación que ronde los U$S 10.500 millones.
La solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) aún no contiene la cifra de compensación reclama por Repsol, aunque la estimación surgió del CEO de la petrolera , Antonio Brufau, en una entrevista periodística.
Los trámites ante este panel del Banco Mundial fueron iniciados el 7 de mayo pasado , pero el demandante debió acatar un período ventana obligatorio de seis meses a la espera de una negociación entre las partes. Ahora el CIADI tiene 30 días para comunicar si toma el caso o no; y si lo acepta, comenzaría la negociación por la designación de los tres árbitros.
De este modo, Argentina sumaría un nuevo proceso pendiente ante el organismo arbitral. Actualmente el país posee 13 casos abiertos , de los cuales 5 corresponden a presentaciones de compañías energéticas.
Una vez que comience el proceso, Repsol podría presentar los fundamentos detallados de su demanda y el mondo de la indemnización solicitada. Los abogados de la española trabajarán sobre cuatro ejes jurídicos, según una minuta de la solicitud a la que accedió LA NACION :
-Se trató de una "expropiación discriminatoria", dado que las únicas acciones nacionalizadas fueron las del Repsol.
-La expropiación que se materializó el 4 de mayo pasado no tuvo una contraprestación económica. La comisión del Ministerio de Planificación que debía realizar la tasación aún no se expidió.
-Incumplimiento del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Argentina (que data del 3 de octubre de 1991).
-No se acredita la existencia de una causa de utilidad pública, aunque el Gobierno argumenta que la falta de inversión en YPF determinó una caída en los niveles de producción nacional de petróleo.
El proceso legal ante el CIADI -que en promedio dura de 3 a 6 años- se iniciará formalmente una vez que los árbitros designados reciban una memoria por parte del inversor demandante que detalle los alegatos completos del hecho en cuestión y las peticiones al Tribunal. A partir del allí, el Estado receptor podrá contestar. Luego llegarían las audiencias orales con abogados, peritos y testigos; y la emisión de un laudo arbitral, que es definitivo y obligatorio para las partes.
