Separan a funcionarios del área nuclear acusados de corrupción

Suspendieron al gerente general de la CNEA y al jefe de una empresa pública
El escándalo por las denuncias de corrupción en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) hizo temblar la estructura del máximo organismo nuclear y dos importantes funcionarios fueron suspendidos.

Uno es el gerente general de la comisión, Rubén Calabrese; el otro, el presidente de la empresa estatal Dioxitek, Santiago Morazzo. Están acusados de haber intervenido en una maniobra que posibilitó un desvío millonario de fondos.

La suspensión "preventiva" por 30 días fue ordenada por el presidente de la CNEA, José Abriata, ante el avance de una causa judicial que investiga a la cúpula del organismo por una presunta malversación de 6 millones de pesos. Esos fondos estaban destinados a brindar "asistencia" para terminar la central atómica Atucha II, que lleva 27 años en obra.

La CNEA recibió ese dinero para brindar capacitación y apoyo técnico a la empresa que construye la central. Pero decidió tercerizar el contrato y recurrió a Dioxitek S.A., que pertenece a la CNEA en un 99 por ciento. Le transfirió para ese fin los 6 millones de pesos.

La Justicia lleva varios meses investigando si esta maniobra defraudó al Estado y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) le pidió explicaciones a Abriata el mes pasado. Fue entonces cuando la CNEA abrió un sumario. La decisión de suspender a los funcionarios llegaría más tarde.

Según fuentes de la CNEA, Abriata se enteró el viernes, por una llamada de LA NACION, de que el caso se haría público. Resolvió no hacer declaraciones, pero sí tomar medidas. Antes de subir al avión que lo llevaría a su casa, en Bariloche, preparó un proyecto de resolución para suspender a los dos funcionarios. La decisión fue publicada el martes en el boletín administrativo del organismo.

De Vido, querellante
Tanto la CNEA como Dioxitek son entes descentralizados bajo la órbita del Ministerio de Planificación, que conduce Julio De Vido. Ese ministerio informó que se había presentado como querellante en las causas judiciales que investigan la maniobra.

Consultados sobre la suspensión, fuentes del ministerio a cargo de De Vido dijeron que fue "una decisión administrativa para deslindar responsabilidades". No informaron si las denuncias complican el futuro de Abriata como director de la CNEA.

La información sobre el desplazamiento de los dos funcionarios sospechados fue escueta: "Se dispone la suspensión preventiva por el término de 30 días de los agentes doctor Carlos Rubén Calabrese y licenciado Santiago Máximo Morazzo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la resolución de directorio 42/99".

Aunque no se publicaron los fundamentos y Abriata desistió de hablar con LA NACION, fuentes interiorizadas con el caso indicaron que la justificación remite al avance de la causa abierta por la jueza María Servini de Cubría, hoy delegada en la fiscalía de Guillermo Marijuán.

El miércoles Morazzo y Calabrese recibieron cartas documento que les informaban la suspensión.

Calabrese tiene 49 años, es egresado del Instituto Balseiro y cursó una maestría en ingeniería nuclear. Dirigió el Centro Atómico Ezeiza y se desempeñó en las centrales de Atucha I y Embalse. Trabajó en el exterior y es profesor universitario.

Morazzo es químico y militó en el peronismo. En los 70 -ya trabajaba en la CNEA- fue detenido por la dictadura. Cuando recuperó la libertad, se exilió en Italia y trabajó para el organismo de energía atómica de ese país. Durante la acutal administración se reincorporó a la comisión, desde la presidencia de Dioxitek.

LA NACION se comunicó con los dos funcionarios, pero optaron por no hacer declaraciones. Calabrese informó que presentó un recurso de reconsideración para que se dejara sin efecto la suspensión. Juzgó arbitraria la decisión, según relató a LA NACION una fuente que leyó el escrito. En su defensa, dijo que él acababa de ingresar a la comisión cuando fue el traspaso de fondos cuestionado y que no había intervenido en la decisión.

Además de la causa de Servini, hay otros dos expedientes vinculados al tema. Uno a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, abierto por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans (que ayer sumó nuevos documentos al caso), y otro en poder de Rodolfo Canicoba Corral, que también investiga el uso de facturas falsas en la CNEA.

La Justicia avanza en un mal momento para un escándalo. La semana próxima viaja a Buenos Aires el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el egipcio Mohammed el-Baradei. Prevé reunirse con la plana mayor del Gobierno y con Abriata.

Por Paz Rodríguez Niell

Skanska nuclear: facturas truchas y desvíos de fondos en Atucha II

Contrataciones anómalas, desvíos de fondos y facturas truchas. La supuesta metodología del Caso Skanska se repetiría también en el área nuclear. La Justicia ya investiga irregularidades por $ 6 millones, pero muchos están convencidos de que se trata de la “punta de un iceberg”. Mientras tanto, la propia CNEA abrió un sumario interno y suspendió a su gerente general y al presidente de una empresa satélite. PERFIL había alertado que se sigue financiando una obra como Atucha II pese a que los informes técnicos piden un rediseño urgente: no cumple las normas de seguridad post Chernobyl.
Por Martin de Ambrosio /Alfredo Ves Losada

Para poder funcionar con las normas de seguridad al día, la central Atucha II –cuya finalización no será antes de 2010 pese a la gaffe de Cristina K, que dijo que estará vigente en 2008– debe ser rediseñada con suma urgencia y los científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) deben formarse adecuadamente y es imprescindible comprar equipamiento para ello. Sin embargo, en lugar de destinarse a esos objetivos, parte de los millonarios fondos presupuestados se pierden en contrataciones injustificadas, cuando no ficticias. Eso es al menos lo que sucedió con $ 6 millones, cuya pista ya investiga la Justicia.

En el Juzgado Federal de María Romilda Servini de Cubría, que tiene la causa y ordenó allanamientos varios en las principales sedes atómicas argentinas, creen que podría tratarse de una metodología común para el desvío de dinero de una suculenta caja. Algunos investigadores analizan la forma en que se produjeron estos movimientos de dinero público. De hecho, según le confiaron a PERFIL, les sorprende que sea similar al procedimiento evidenciado en el Caso Skanska: existe un fideicomiso, una empresa no habilitada al efecto mueve los fondos y presenta como justificativo una serie de facturas “truchas”.

La caja no es pequeña. Sin ir más lejos, según el Presupuesto 2008, los fondos con que se contará para todas las centrales nucleares argentinas pasan de $ 1.163 millones a $ 1.600 millones, lo que implica un aumento del 37% (sustancialmente lejos de la inflación prevista para todo el año, alrededor del 8%).

Método. Según puede verse en los documentos reproducidos en esta página, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NaSa), empresa estatal dependiente de la Secretaría de Energía y encargada de finalizar Atucha II y de manejar las otras centrales atómicas, firmó un convenio con la CNEA “para la recuperación de la capacidad técnica de CNEA a los fines de fortalecer la asistencia que ésta brindará al Proyecto Central Nuclear Atucha II”.

En ese marco, NaSa le cedió en el último año $ 6 millones a CNEA para formar recursos humanos e incorporar tecnología. Sin embargo –y aquí empieza lo irregular, según fuentes judiciales–, ese dinero (en realidad, $ 6.100.000) fue desviado a la empresa Dioxitek SA, cuyo paquete accionario es 99% del Estado nacional y 1% de Mendoza, para compras que lucen irregulares (ver recuadro pág. 29) y que los investigadores consideran que no tienen nada que ver con el objetivo por el cual se otorgó el dinero. PERFIL tuvo acceso a las facturas más cuestionadas.

La causa que lidera Servini de Cubría se originó a raíz de una denuncia anónima y por informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de julio y noviembre de 2007, que repiten conceptos de otro anterior de 2006, que hacía foco en las irregularidades de los gastos hechos por la dupla CNEA-Dioxitek.

Dice la SIGEN: “En varias compras no se fundamentaron ni acreditaron: las necesidades, las cantidades y oportunidades de las compras, ni la razonabilidad del precio pagado. Tampoco existieron análisis de otras posibilidades para satisfacer los requerimientos. Ni se constataron en los expedientes los estudios de precios, cantidades y calidades que se ofrecían en el mercado nacional e internacional”.

Por otro lado, el abogado Ricardo Monner Sans presentó al mismo juzgado una denuncia que recopila los datos de SIGEN. Y ayer concurrió a los tribunales de Comodoro Py para ratificarla. “Si bien en primera instancia aparece un juego de $ 6 millones, parecería que tirando de la cuerda se puede deducir que las inyecciones económicas de NaSa a CNEA, con su desvío a Dioxitek, podrían ser mayores”, le dijo por la tarde a PERFIL.

Suspendidos. Las internas por el botín nuclear están al rojo vivo. Dos semanas después de los tres allanamientos simultáneos del 6 de noviembre, el presidente de la CNEA, a punto de jubilarse, José Abriata, abrió un sumario interno y suspendió a Rubén Calabrese, gerente general de CNEA, y a Santiago Morazzo, presidente de Dioxitek, aunque ambos siguen yendo a trabajar. Desde el área de relaciones externas de Dioxitek informaron a PERFIL que Morazzo sigue en funciones porque la suspensión rige sólo para CNEA. Lo que parece un subterfugio, en realidad, muestra que Morazzo cobra doble sueldo: por Dioxitek y como miembro del directorio de CNEA.

En el ambiente nuclear reina la incertidumbre. La única certeza es que habrá más allanamientos y declaraciones indagatorias a los implicados. Pareciera que en medio de la interna Abriata-Calabrese, hay un tercero en discordia. Se trata de Carlos Rey, vicepresidente de la CNEA, quien firmó el traspaso de fondos incorrecto. Rey habló con PERFIL brevemente y reconoció que puede caberle un llamado a Tribunales y hasta un procesamiento, pero no quiso explayarse sobre el fondo de la cuestión.

Según algunas fuentes, le habrían hecho “una cama” haciéndole firmar papeles cuya importancia no podría calibrar.