Su permiso de ocupación fue considerado inválido por la Ciudad en 2006 y 2007. Ahora, el Gobierno de Macri quiere regularizar la situación y firmar un convenio gratuito para que se quede 10 años más. Pero eso debe autorizarse por ley. Por: Daniel Gutman

Dos veces, en 2006 y 2007, quienes explotan el Jardín Japonés fueron intimados a devolverle el predio al Estado, porque habían impulsado la realización de actividades comerciales en el lugar y porque su permiso de ocupación fue considerado inválido. Los salvó, durante la gestión de Jorge Telerman en la Ciudad, la intervención de la Embajada japonesa. Ahora, la idea del gobierno de Mauricio Macri es regularizar la situación y que el Jardín Japonés se quede en los Bosques de Palermo. El ministro de Ambiente, Juan Pablo Piccardo, dijo a este diario que la idea es firmar un convenio de uso gratuito por "al menos 10 años". Como la Constitución porteña exige aprobación legislativa para todas las cesiones de espacio público que superen los cinco años, la propuesta deberá tomar forma de un proyecto de ley y la Legislatura deberá definir si el predio debe ser desalojado o no.

Sobre un terreno del Estado, el Jardín Japonés fue construido en 1967 como una donación de la Embajada de ese país a la Ciudad, en ocasión de la visita a la Argentina del príncipe Akihito y la princesa Michiko. La Fundación Cultural Argentino Japonesa, vinculada a la Embajada, administra hoy el lugar. Pero el convenio de ocupación, que rige desde 1989, fue declarado inválido por el anterior y por el actual Gobierno de la Ciudad, porque no fue ratificado por el ex Concejo Deliberante ni firmado por el entonces intendente municipal, Facundo Suárez Lastra.

A mediados de 2006 comenzó el conflicto del Jardín Japonés, cuando la Comuna descubrió que allí prestaban más atención a algunos negocios que a la difusión de la cultura japonesa, el sentido de que ocupe gratuitamente un espacio público en el Parque Tres de Febrero, un área protegida.

"Una empresa, del hijo del presidente de la Fundación, explotaba el restorán. Otra empresa estaba a cargo del vivero. Había empleados en negro y los intimamos a que los blanquearan. Y no había ninguna constancia de que reinvirtieran el dinero ganado en mantener el lugar, como ellos decían", contó a Clarín Juan Manuel Velasco, que fue ministro de Ambiente hasta el 10 de diciembre.

Ayer, desde la Fundación dijeron a este diario que no podían hablar por orden de la Embajada japonesa, que es la que está llevando a cabo la gestión ante el gobierno de Macri para que el Jardín se quede donde está.

El Procurador General de la Ciudad, Pablo Tonelli, ya emitió dictamen favorable a que el Jardín permanezca: recomendó el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que regularice su situación, como haría el Gobierno próximamente.

Pero el desacuerdo con la probable renovación del permiso es uno de los motivos por los cuales renunció hace pocos días la titular del parque Tres de Febrero, Mariana Brea, de acuerdo a la carta que le envió a Macri.

Brea citó la ley nacional 24.257, que prohíbe dar nuevos permisos de uso en el Parque Tres de Febrero, inaugurado por el presidente Nicolás Avellaneda en 1875 y declarado Area de Protección Histórica. También se basó en la ordenanza 46.229, que desde 1993 prohíbe dar concesiones a privados en espacios verdes de uso público. Justamente, el Ministerio de Ambiente quiere derogar esa ordenanza y habilitar la posibilidad de poner bares, gimnasios y otras explotaciones en las plazas, a través de un proyecto que ha despertado polémica en la Legislatura, incluso en el bloque oficialista.