Santos es aprehendido bajo la imputación de tres delitos

El ex Presidente de la estatal petrolera es acusado de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y uso indebido de influencias, aunque el fiscal Edward Mollinedo podría ampliar la causa a otras figuras. Fue aprehendido por el riesgo de que presione a otros indagados.

Cuando eran exactamente las 19.30, el fiscal de Corrupción Pública Edward Mollinedo abrió la puerta de su oficina, se paró ante una treintena de periodistas y en voz alta dijo que haría un anuncio muy importante, aunque no respondería pregunta alguna.

“El Ministerio Público ha determinado la aprehensión del señor Santos Ramírez, todo conforme a procedimiento y a los antecedentes que se tiene. Muchas gracias”. Después, giró sobre sí mismo y volvió a entrar en su despacho, donde el investigado se encontraba.

El ex Presidente de la estatal petrolera se había presentado puntual, a las 14.00, en el edificio de la Fiscalía de Distrito para continuar la declaración que había comenzado el día anterior.

Durante toda la tarde, un numeroso grupo de periodistas aguardaba la conclusión del interrogatorio, aunque desde las 18.00 comenzó a circular la versión en sentido de que el otrora poderoso dirigente y fundador del Movimiento Al Socialismo (MAS) sería aprehendido.

Aunque en forma coincidente, los abogados de Ramírez, Franz Avilés, Albo Lacaze y Víctor Borda, aseguraron que no conocían la imputación formal y que se enterarían de su contenido hoy, en la audiencia cautelar, una fuente del Ministerio Público dijo que sobre Ramírez pesan las imputaciones de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y uso indebido de influencias, aunque no se puede descartar aún la posibilidad de que se amplíen las sindicaciones.

La aprehensión fue determinada ante el riesgo de que Ramírez obstaculice la investigación, ya que puede ejercer presiones sobre los ex ejecutivos de la estatal petrolera, cuya labor es indagada por la justicia y que fueron suspendidos por orden del presidente Evo Morales.

En el edificio de la calle Potosí estuvieron un edecán del Ministerio de la Presidencia y varios agentes de seguridad del Primer Mandatario, quienes preguntaron, al final de la tarde, si se lo había aprehendido.

Según la agencia de noticias ANF, el jurista Avilés consideró que su defendido presentó pruebas amparadas en decretos y resoluciones administrativas aprobadas por el directorio de la estatal petrolera y por el mismo Congreso. Por eso, cree que su aprehensión se debe a una “persecución política”, instruida desde espacios de poder que no identificó.

Hoy, en la audiencia de medidas cautelares, la juez Marcela Siles determinará si ordena la detención de Ramírez en la cárcel de San Pedro o deja que se defienda en libertad en caso de que cumplieran los requisitos para optar por el beneficio de las medidas sustitutivas.

En algún momento de la tarde de ayer se entreabrió la puerta de la oficina 305, que ocupa Mollinedo, y en su interior pudo verse a Ramírez muy abatido, mientras en la puerta principal del inmueble, la hija de Ramírez intentaba, entre lágrimas, ingresar, aunque sus súplicas no fueron atendidas.

Los familiares del dirigente político, quienes en los días precedentes habían mostrado una actitud de intemperancia y aun insultado a los periodistas, ayer se vieron entristecidos y silenciosos al conocer que éste fue detenido.

Una fuente judicial dio cuenta de que los indicios de culpabilidad se encuentran en el contrato suscrito con Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos y que en la audiencia cautelar de hoy Mollinedo y sus asesores explicarán cada irregularidad evidenciada, aunque se abstuvo de explicar cuáles son éstas.

La mayor parte de los documentos apunta a la Fundación Khantati, dirigida por los parientes políticos de Ramírez. Esta entidad sería el medio por el que se desviaría ciertas sumas de dinero, pues —según el informante— no maneja “proyectos serios”.

La investigación estableció que los 450.000 dólares robados a Jorge O’Connor D’Arlach salieron de una cuenta de YPFB a favor del consorcio mencionado y que iban a ser entregados al todavía cuñado de Ramírez Javier Navia Doria Medina.

Ni siquiera la demanda de divorcio, presentada por el ahora imputado, logró salvar a Ramírez de la conexión con los familiares de su esposa.

Antes de ingresar a declarar por una causa abierta contra su marido por nepotismo, Jiovana Navia dijo que “no meto las manos al fuego por nadie”, en referencia a su hermano y a su primo hermano, y admitió que “estoy ‘shockeada’, muy preocupada por todo lo que está pasando, pero de todas maneras, voy a seguir ayudando en la investigación. Yo soy la más interesada en que se esclarezca el caso y se conozca la verdad. Estoy convencida de que así será. El doctor Santos Ramírez tiene muy buenos valores, es una persona muy sencilla. A pesar de que me ha presentado la demanda de divorcio, debo decir que es un hombre muy trabajador, íntegro, decisivo en este proceso de cambio”.

Éste es el primer caso en la historia democrática reciente del país en que una autoridad destituida es sometida a este procedimiento.

Incluso, ante acusaciones vertidas por favorecer el contrabando en Pando contra el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, Evo Morales prestó apoyo a su colaborador cuestionado.

La mañana del martes 27 de enero, ante el inmueble signado con el número 601 de la avenida Tejada Sorzano, Jorge O’Connor fue atracado y asesinado.

Ante informaciones periodísticas que vinculaban a Ramírez con el hecho, el viernes 30 por la noche, Evo Morales defendió a su compañero de lucha, pero a la mañana siguiente, lo destituyó, junto a otros ejecutivos de la empresa estatal, y ordenó la intervención de la petrolera nacionalizada, que quedó a cargo del ex ministro Carlos Villegas.

Anoche fue allanado el domicilio de Ramírez, ubicado en la calle 4 de Pampahasi, en procura de obtener más documentación y datos sobre este caso.

Mientras ello sucedía, se tejía una serie de versiones en torno al lugar en el que Santos Ramírez permanecía detenido, pues se dijo que había sido trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), se especuló que había sido llevado a las celdas de la Policía Judicial en el Palacio de Justicia de La Paz y que permanecía en la Fiscalía.

Alrededor de las 22.15, una persona se acercó al edificio para dejar una mochila en la Fiscalía y después se alejó rápidamente sin responder los cuestionamientos de los periodistas.

El Juzgado Sexto de Familia tramitará el divorcio de Ramírez

El lunes, cerca de las 18.30, Santos Ramírez presentó ante la Corte Superior de Justicia la demanda de divorcio contra su esposa, Jiovana Cristina Navia Doria Medina, pero la causa fue sorteada ayer por la tarde.

El juicio de separación, caratulado como “Ramírez Valverde versus Navia Doria Medina”, será tramitado ante el Juzgado Sexto de Partido de Familia.

María Teresa Montaño, defensora de la aún esposa del procesado, refirió que al no haber sido notificada aún con la causa, no conoce cuál es el argumento esgrimido por el patrocinante de Ramírez, William Andrade, para solicitar la cancelación de la correspondiente partida matrimonial.

Sin embargo, Montaño presume que la única causal factible de ser incluida en el memorial correspondiente es sevicia (crueldad excesiva), injurias y malos tratos, pese a lo que dijo que, como quiera que su patrocinada decidió “respetar esa decisión”, “vamos a responder en forma inmediata, vamos a renunciar a plazos procesales para que la demanda sea aprobada a la brevedad posible”.

La mujer de leyes dijo que las otras causales susceptibles de ser planteadas se refieren a infidelidad conyugal, homosexualidad o acuerdo mutuo, después de haber dejado de convivir por dos o más años en forma continua y consecutiva.

Jiovana Navia atribuyó la decisión “del doctor Santos Ramírez” al hecho de que “un hermano y un primo míos se encontraban en la escena de este lamentable hecho y eso lo afecta directamente a él”.

Javier René Navia Doria Medina, hermano, y Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina, primo hermano, debían reunirse con el fallecido Jorge O’Connor D’Arlach el martes 27 pasado en el domicilio legal de la Fundación Khantati, en la avenida Tejada Sorzano 601, donde reside Aramayo y donde el empresario fue asesinado. En la Fiscalía se mencionó ayer que los parientes políticos de Ramírez serán los próximos imputados por esa causa.

El otoño del líder político

Santos Ramírez Valverde nació el 14 de agosto de 1962 en Caiza D, provincia José María Linares del departamento de Potosí. Se acercó a la actividad política a través de la labor sindical, como dirigente del magisterio rural.

Comenzó su carrera política junto con otro líder político potosino, René Joaquino Cabrera. Ambos se incorporaron, en 1990, como militantes al Eje de Convergencia Patriótica o Eje Pachakuti, que lideraba el ex dirigente del Partido Comunista de Bolivia Ramiro Barrenechea. En 1995, fue elegido concejal suplente de Joaquino y dos años más tarde asumió las titularidad y fue elegido presidente de ese órgano deliberante con apoyo del MNR y el MIR.

Ese mismo año participó, al lado de Evo Morales y otros dirigentes sociales, en la fundación del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), que poco después adoptaría la sigla de Movimiento Al Socialismo (MAS), en cuyas listas fue candidato a Alcalde de la Villa Imperial en 1999, con malos resultados.

En las elecciones nacionales de mayo de 2002 fue elegido diputado por Potosí. Durante la legislatura 2003-2004 presidió el Comité de Política Económica de la Cámara Baja y entre 2004 y 2006, siendo ya uno de los dirigentes más influyentes del MAS, la principal fuerza opositora del Congreso, presidió la Comisión de Desarrollo Económico.

En los comicios generales de diciembre de 2005 fue elegido senador por el departamento de Potosí y merced a la alianza del MAS con Unidad Nacional (UN), presidió la Cámara Alta durante la legislatura 2006, periodo en el cual ocupó en dos oportunidades la Presidencia de la República, a causa de que tanto Evo Morales como Álvaro García Linera viajaron al exterior para intervenir en diferentes actos oficiales. Durante sus breves mandatos, Ramírez promulgó siete leyes.

Durante su mandato parlamentario, fue involucrado en el caso de la concesión de visas para ciudadanos chinos; un auxiliar del Senado, que llevaba una carta de recomendación suya, fue detenido en posesión de un kilo y medio de cocaína y, posteriormente, apareció involucrado en el caso de la venta de avales para que sus poseedores tengan un puesto en la administración pública, pero ninguno de esos problemas hizo mella en su fortaleza política en el seno del MAS.

Indicios

La juez Marcela Siles conocerá hoy la causa abierta contra Santos Ramírez por corrupción.

El principal indicio de responsabilidad es el contrato firmado por YPFB y Catler-Uniservice.

La investigación demostró que los 450.000 dólares salieron de la cuenta de la estatal petrolera.

La Fiscalía está segura de que el dinero estaba destinado a la Fundación Khantati.

El Ministerio Público considera que esa organización no tiene proyectos serios.

El dinero debía ser entregado ese martes fatídico a Javier René Navia Doria Medina.

El presunto receptor de los 450.000 dólares es titular de esa organización no gubernamental.

Todos los involucrados en el hecho mantienen el estatus de sospechosos ante la Fiscalía.

El fiscal anticorrupción Edward Mollinedo y otros investigadores tomaron la decisión.

El divorcio de la pareja Ramírez-Navia se ventilará en el Juzgado Sexto de Partido de Familia.

Más de 30 periodistas cubrieron ayer las declaraciones de los protagonistas de los hechos.

Agentes de la seguridad presidencial llegaron a la Fiscalía para conocer las decisiones.

Declaraciones

Santos Ramírez reaccionó apesadumbrado ante la decisión del fiscal Edward Mollinedo.

La ex autoridad cuenta con el asesoramiento de al menos tres abogados.

El aprehendido fue dos veces Presidente interino de la República en el año 2006.

La defensa de Santos Ramírez atribuye la aprehensión a una “persecución política” de espacios de poder.

Los 450.000 dólares robados provenían de cuentas de YPFB desembolsados a favor de Catler-Uniservice.

Ramírez guardaría dinero en una cuenta en Alemania

El presidente destituido de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, sería poseedor de una cuenta bancaria en Alemania, donde presuntamente guardaría el dinero de los “diezmos” que recibía de anteriores adjudicaciones y proyectos con la estatal petrolera, según afirmaron fuentes vinculadas con la investigación del caso.
De acuerdo con la versión de la fuente, el ex presidente de YPFB depositaba el dinero en un banco boliviano (este medio mantiene en reserva el nombre de la entidad bancaria) y luego se realizaría el movimiento del dinero hacia el exterior.

“Sólo con un PIN el dinero pasaba a un banco en Costa Rica y luego a Alemania, ahora no recuerdo el nombre de ese banco, pero era así, por eso es que no van a encontrar nada de dinero en esas sus cuentas personales ni en los datos de la Controlaría”, afirmó la fuente.

En una declaración jurada de bienes ante la Controlaría General de la República, que Ramírez presentó el 14 de marzo del 2008, se señala que cuenta con un patrimonio neto en contra, pues tendría más deudas que bienes.

El portal www.cgr.gov.bo, de la Controlaría, indica en el rubro total “bienes” (activos), habrían 154.000 bolivianos.

En el rubro 2, en el que se consigna total “deudas” (pasivos), declaró 256.000 bolivianos.

Mientras que su patrimonio neto (total bienes menos total deudas) es de “-102.000 bolivianos”, el total de sus rentas es de “199.500 bolivianos”.

Según la fuente de la pesquisa, Ramírez habría recibido “diezmos” de otras adjudicaciones y proyectos al margen de la que debería presuntamente recibir de la empresa Catler Uniservice la mañana del 27 de enero. “Están varias empresas, gasolineras por ejemplo, porque les alargaba los contratos, también por la compra de vehículos pesados y otros”, afirmó la fuente.

En el caso del asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, y volteo de 450 mil dólares en las puertas de un domicilio de la avenida Tejada Sorzano el 27 de enero, se conoció que el dinero debía ser recibido por los cuñados de Ramírez, como una forma de “pago” por la adjudicación de la Catler Uniservice con un proyecto de YPFB.

Dos días después del hecho, la Policía halló a tres presuntos responsables de la muerte del empresario e informó que se encontraron 88 mil dólares de los 450 mil robados.

Consultado sobre el paradero del resto del dinero, el fiscal que integra la comisión especial, Luis Mamani, indicó: “Se presume que habrían salido fuera del país, no olviden que tenemos dos prófugos, Yerko Soto Camacho y Abel Montaño, los mismos que al no estar presentes ni haber comparecido en los tribunales, se presume que estarían en el exterior del país”, afirmó.

Según se conoció, Santos Ramírez sería el propietario de un domicilio ubicado en la calle 15 de Calacoto de La Paz, que estaría valorado en un millón y medio de dólares y que ahora está puesto a la venta.

Al respecto, la fuente de la pesquisa indicó que esa vivienda “fue adquirida por Santos, pero a otro nombre” y que la habría comprado de unos empresarios, “en Santa Cruz ellos comentaban este tema”, afirmó.

En una entrevista con un medio televisivo, Ramírez dijo que presentará “descargos” para probar su inocencia y afirmó que no posee ninguna casa propia.

DATOS

Dinero • Según fuentes de la investigación, Ramírez ya habría recibido dos “diezmos” por la adjudicación de YPFB con la empresa Catler Uniservice en un domicilio en Miraflores.

Vínculos • El dinero, según la fuente, era entregado al cuñado de Ramírez, Javier Navía, quien luego daba el dinero a su esposa y ésta se lo entregaba después a Ramírez.

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La Fiscalía detiene a Ramírez y hoy se sabrá si va a la cárcel
La razón, Bolivia (www.larazon.com.bo)

Luego de cinco horas de declaración, Santos Ramírez fue aprehendido y hoy se someterá a medidas cautelares. El Gobierno señaló que es una señal de que no tapará la corrupción. La oposición espera que no sea un show político.

Con el cuerpo erguido, el ceño fruncido y mostrando seriedad, el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez llegó a la Fiscalía de Distrito de La Paz a las 14.00 de ayer para concluir su declaración. Sin hablar con los medios, ingresó a la oficina del fiscal Edward Mollinedo. Cinco horas después, el Ministerio Público anunció su aprehensión.
La decisión surgió un día antes de que el ex presidente de YPFB se presente ante la comisión multipartidaria del Senado, que también investiga el caso.

“El Ministerio Público determinó la aprehensión del señor Santos Ramírez, todo conforme a procedimiento y a los antecedentes que se tienen”, informó escuetamente Mollinedo a las 19.15, y pidió a los medios desalojar el lugar.

Hoy se espera que la jueza Décimo de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, defina su detención preventiva o su libertad.

Mientras pasaban las horas, en los pasillos corría el rumor de que Ramírez iba a ser aprehendido, sin embargo ningún fiscal informaba al respecto. Fuentes de la investigación confirmaron a La Razón que la aprehensión estaba definida y sólo se tramitaba su traslado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

La actitud de Ramírez al llegar a la Fiscalía cambió más tarde. Sentado en una silla, al interior de la oficina de Mollinedo, mantuvo su cabeza agachada durante varios minutos. Afuera, un grupo de personas que en anteriores días agredió a los periodistas, esperaba su salida.

Tras el desalojo de los medios y de otras personas, el fiscal Mollinedo y los otros miembros de la comisión que investigan el volteo de 450 mil dólares y el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach permanecieron junto a Ramírez y sus abogados por al menos 20 minutos.

Más tarde, uno de los abogados del ex presidente de Yacimientos, Franz Avilés, afirmó que la decisión del Ministerio Público tiene un matiz político y que no existe una imputación formal.

El fiscal Edward Mollinedo, que está a cargo de la investigación sobre corrupción, afirmó días atrás que los delitos que se investigan son: contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes, cohecho activo, pasivo y otros. Aclaró que todas las personas llamadas a declarar estaban en calidad de sospechosas.

El volteo de los 450 mil dólares que presuntamente eran una coima y la muerte de O’Connor destaparon el escándalo que derivó en su detención y desnudó un presunto caso de corrupción relacionado con la adjudicación para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, que involucró también a Catler Uniservice, la compañía del empresario asesinado.

Avilés dijo que la aprehensión es por seguridad “hasta presentarlo ante el juez y que éste determine si lo detendrán, aunque no lo creo porque cumple con requisitos como domicilio fijo y familia, salvo que haya presiones”.

Mientras Ramírez declaraba en la oficina de Mollinedo, en el tercer piso de la Fiscalía, sobre el mismo nivel, pero en otro despacho, prestaban su informe el testigo clave del volteo del dinero y el asesinato de O’Connor D’Arlach, Mario Cossío Mc Galem, y el cuñado de Ramírez, Juan Carlos Navía Doria Medina.

Mollinedo transitó al menos cinco veces de una oficina a otra. En una de ellas, llevó en las manos una computadora portátil en cuya pantalla se observó fotos.

Los fiscales César Román, Sergio Céspedes y Edwin Sarmiento también entraban y salían de ese espacio. Aproximadamente a las 18.00, los abogados de Ramírez salieron de la oficina de Mollinedo y no declararon nada a los medios de comunicación.

Poco antes del anuncio del fiscal Mollinedo, este medio reconoció a un teniente de la Policía que trabaja en Palacio de Gobierno. El mismo ingresó al despacho, donde estaba Ramírez, y salió minutos después.

Luego de la determinación de la Fiscalía, otro de los abogados de Ramírez, Albo Lacaze, aseguró que su cliente está firme en sus convicciones y que su defensa demostrará su inocencia. “Vamos a revisar la resolución de fundamentación y luego señalar si hubo o no un error procedimental o algo”, manifestó.

Lacaze conversó con un periodista de este medio y le comentó que Ramírez sería llevado a la FELCC. Sin embargo, más tarde se vio que una persona entregaba una frazada y una mochila a un policía, supuestamente para Ramírez. Un funcionario cercano a los fiscales informó que el detenido se quedaría en el Ministerio Público.

Dos vagonetas, una roja y otra blanca, salieron de la Fiscalía media hora después de la declaración de Mollinedo.

Ramírez fue aprehendido horas antes de su declaración informativa ante la comisión del Senado que investiga el caso.

Por la mañana, la esposa de Santos Ramírez, Jiovanna Navía, declaró ante los fiscales. Su abogada, Teresa Montaño, advirtió que “de ninguna manera su informe pudo influir en la decisión de aprehenderlo”.

El Gobierno, a través del ministro de Descentralización y Autonomías, Carlos Romero, señaló que aunque lamentaba la situación de Ramírez, ésta es una muestra de que el Gobierno no intervendrá en el proceso. El diputado del MAS Gustavo Torrico dijo que “es un sopapo tapabocas a todos aquellos que han ido denigrando el actuar del Gobierno y de nuestro Presidente (...) Les ha mostrado que en este Gobierno no se tapa a nadie la corrupción”, aseveró.

La oposición saludó la decisión. El senador de Podemos Wálter Guiteras y el jefe de UN, Samuel Doria Medina, esperan que no sea un “show político”.

El analista Humberto Vacaflor fue más escéptico, y señaló que espera que no sea una “inmolación negociada”.

“Se determinó la aprehensión de Santos Ramírez, todo conforme a procedimiento y a los antecedentes que hay”
Edward Mollinedo, fiscal a cargo del caso de corrupción.

Glosario

Aprehensión • Tomar alguna cosa o persona; por ejemplo, la detención material de un presunto delincuente, según establece un diccionario jurídico.

Juez define hoy si Santos se defiende libre o en la cárcel

Santos Ramírez, ex presidente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fue aprehendido ayer por orden del Ministerio Público y será la jueza Marcela Siles quien determine hoy si el ex hombre fuerte de la estatal petrolera se defiende en libertad o desde la cárcel de San Pedro.

Ramírez está acusado de ser el responsable de presuntas irregularidades en la licitación, adjudicación y firma del contrato de instalación de una planta separadora de líquidos en la localidad cruceña de Río Grande con el consorcio Catler Unicervice.

Ramírez también es investigado por el manejo irregular de 450 mil dólares y el asesinato del empresario Jorge O"Connor d"Arlach el pasado 27 de enero. Adicionalmente, la Fiscalía cree que hay riesgo de fuga, por lo que se podría solicitar su detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

La decisión fue asumida por la comisión de fiscales que investiga el hecho, después de que Ramírez prestó sus declaraciones informativas. El ex ejecutivo de la estatal petrolera fue trasladado en una vagoneta blanca a un sitio que no fue precisado por la Fiscalía y hoy será llevado a una audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal donde la juez definirá su situación legal.

En tanto, Jorge Borda, uno de los abogados defensores de Ramírez, afirmó que esta aprehensión no se ajusta a los procedimientos legales y anunció que revisarán esta determinación cuidadosamente para asumir las acciones necesarias en defensa de su cliente.

Ramírez acudió ayer por segundo día consecutivo a la sede de la Fiscalía de Distrito de La Paz. La declaración comenzó alrededor de las 14:00 y se extendió hasta las 18:00 cuando el fiscal del caso, Eduard Mollinedo, instruyó la aprehensión de Ramírez.

Mollinedo, adscrito a la investigación sobre el caso de corrupción en el que se encuentra involucrado Ramírez, anunció la aprehensión del sospechoso a las 19:45 de este martes.

A partir de las 18:00 horas ayer, la Fiscalía empezó a mover sus fichas, investigadores, abogados y fiscales ingresaban y salían a paso veloz de la oficina de corrupción pública, mientras que en un ambiente pequeño plagado de periodistas la tensión crecía y las especulaciones se hacían cada vez más fuertes.

El fiscal solamente dio a conocer la noticia de manera breve y concisa y se negó a responder alguna pregunta. "El Ministerio Público determinó la aprehensión de Santos Ramírez todo conforme a procedimiento y los antecedentes que se tienen", dijo Mollinedo y retornó a su oficina.

Mientras tanto, los sistemas de seguridad de la Fiscalía, compuesto por seis policías, se encargaron de desalojar a los medios de comunicación, abogados y familiares del imputado.

Minutos más tarde el aprehendido aparentemente fue llevado desde el piso tres de la fiscalía en un vehículo blanco con rumbo desconocido. Ramírez tendría que ser llevado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la calle Sucre, en la Sede de Gobierno, ya que las celdas de la Policía Judicial de juzgados, no se reciben detenidos después de las 18:00.

Denuncian persecución

Franz Avilez, otro de los abogados de Ramírez, informó que su cliente es investigado por contratos lesivos al Estado. Dijo que las pruebas que presentó están amparadas en decretos y resoluciones administrativas aprobadas por el directorio de la estatal petrolera y por el mismo Congreso. Por eso, cree que su aprehensión se debe a una "persecución política", instruida desde espacios de poder que no identificó.

El abogado auspiciante consideró que es poco probable que la juez determine la detención de Ramírez en la cárcel de San Pedro ya que él cumple con los requisitos para optar por el beneficio de las medidas sustitutivas ya que tiene familia y un domicilio conocido.

No obstante, y de acuerdo con el seguimiento informativo de este complejo caso, se sabe que Ramírez tuvo que dejar la casa que le proporcionaba YPFB y luego, por decisión propia, abandonó la casa que compartía con su esposa Jiovanna Navia Doria Medina, a quien le presentó una demanda de divorcio, con el propósito de evitar vínculos familiares en las investigaciones.

Según Avilez, Santos no sería remitido a San Pedro, "salvo que existan presiones, ya que Ramírez era una figura política que representaba a movimientos sociales".

El fiscal Mollinedo hizo uso de la facultad que le otorga el artículo 226 que indica la detención preventiva para presentarlo ante un juez cautelar. La aprehensión es factible cuando el fiscal considera que existen indicios de culpabilidad o participación.

Santos deberá ser remitido al juez cautelar dentro de las 24 horas después de su aprehensión según establece la ley, por lo que se espera para este miércoles su traslado al juzgado cautelar.

Solidaridad y cautela

El vicepresidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Pedro Nuny, en declaraciones a la Red Erbol, defendió al ex Presidente interino de YPFB afirmando que no es bueno hacer escándalo a nombre de una persona antes de que se confirme, a través de las investigaciones, las acusaciones en su contra y que se trataría de un supuesto “abuso de poder”.

Por su lado, el diputado del MAS Pablo Pérez, en diálogo con Erbol, expresó su solidaridad con su compañero de partido, pero manifestó que antes que todo está la lucha contra la corrupción.

“Mi solidaridad con el compañero Santos Ramírez; así sea nuestro compañero, nuestro deber es esclarecerse (la corrupción en YPFB). Todos están obligados a colaborar en este caso”, manifestó. El senador masista Ricardo Díaz acotó que las evidencias son más que suficientes para la justicia por los varios delitos que se habrían cometido en el proceso de contratación de Uniservice. “Ni siquiera se llevó los contratos a la Contraloría General de la República”, aseveró. El diputado de Podemos Antonio “Toñin” Franco declaró que “el pueblo boliviano” estaba demandando justicia y lucha contra la corrupción en contra del tercer hombre fuerte del partido gobernante.

Cronología de la caída

* 27 de enero. La banda de los "Rufos" atraca y asesina al presidente de la empresa Catler-Uniservice, Jorge O"Connor D"Arlach, a quien le roban 450.000 dólares.

* 28 de enero. Las primeras investigaciones dan cuenta de una presunta coima que Catler-Uniservice habría pagado a YPFB. Aparecen pistas sobre la presunta vinculación de los hermanos de la esposa de Santos Ramírez con el crimen.

* 29 de febrero. La Policía detiene a la banda que asesino al empresario y acusa a los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdova como autores intelectuales del crimen.

* 31 de enero. El presidente Evo Morales destituye a Santos Ramírez de YPFB junto a 10 ejecutivos; ordena una intervención y auditoria.

* 2 de febrero. Se inician las declaraciones informativas de posibles testigos del caso. En la lista figuran la esposa de Ramírez, Giovanna Navia Doria Medina y sus hermanos.

* 3 de febrero. Santos Ramírez anuncia que se divorciará de su esposa para poner fin a un mes de matrimonio, con la intención de desconectarse de los vínculos familiares que le estarían afectando.

* 10 de febrero. El ex presidente de YPFB acude por segundo día consecutivo a la Fiscalía, pero el equipo de abogados que le patrocina no convence al Ministerio Público.



* 11 de febrero. Santos Ramírez será presentado a un juez de medidas cautelares, quien definirá si se continúa su defensa en libertad o desde la Cárcel de San Pedro.