Alrededor de 15.000 petroleros se convocaron en Añelo para escuchar a su líder, el secretario del sindicato y senador nacional Guillermo Pereyra, luego de que Techint e YPF manifestaran que evaluaban reducir su actividad en Vaca Muerta ante la reestructuración de los subsidios al gas.
El dirigente aseguró que la idea de la asamblea surgió luego de una recorrida suya por los yacimientos, donde los delegados le preguntaban qué significaba el recorte de la resolución 46, conocida como plan gas, por lo que definió ser él mismo el vocero directo para los trabajadores.
Pereyra aseguró que dicha resolución fue el resultado de sus gestiones junto al sindicato de petroleros jerárquicos para recuperar 1.700 puestos perdidos, acción que acompañaron con la firma de la adenda para los trabajadores de los no convencionales y del “blindaje” a Vaca Muerta para que no hayan protestas que afecten la producción.
“Pusimos muchísimo esfuerzo para que cambien las reglas del juego ahora”, se quejó el dirigente petrolero y resaltó que su intervención no busca beneficiar a las empresas, sino cuidar los puestos laborales. “No vamos a permitir despidos”, advirtió.
En efecto dominó, las fichas empezaron a caer, una por una. El acuerdo entre el Gobierno y el FMI para estabilizar la economía argentina provoca ruidos en el escenario electoral, incluso entre algunos aliados de Cambiemos.
Ese Stand-By para frenar la corrida desalienta, por ejemplo, el intento de reelección del gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, el próximo 10 de marzo. El déficit cero que asegura los dólares del Fondo para mantener la estabilidad cambiaria y que ofrece una oportunidad de reelección al presidente Mauricio Macri no se condice con la creciente bola de subsidios que establecía la política inaugurada por Juan José Aranguren para desarrollar yacimientos nuevos de gas en Vaca Muerta.
En sintonía con lo firmado con el FMI, el Gobierno le puso límites a los incentivos para las empresas el miércoles pasado, pero lo hizo sin cambiar una coma de la norma (la resolución 46). Optó, en cambio, por el poder de reinterpretación para intentar alejar perjuicios legales. Para los inversores, la opinión fue coincidente: "Los cambios en las reglas de juego no son una buena señal".
Será, de aquí en más, una discusión de altos honorarios para abogados de todas las partes. Pese a que en varios comunicados al ente regulador bursátil, las petroleras -entre ellas Tecpetrol, del Grupo Techint, e YPF, cuyo principal accionista es el Estado- amenazaron con tomar acciones legales optarán primero, según supo LA NACION, por caminos más ágiles: la amenaza de frenar inversiones y la presión política.
Tecpetrol impulsará, además, una queja administrativa basada en las liquidaciones de los subsidios que oficialmente realizó el Gobierno con "el criterio original". Sin embargo, no descartan definitivamente, tal como informó públicamente a la Comisión Nacional de Valores (CNV), acciones legales, lo que obligaría a los demás cotizantes a recurrir a esa vía. Allí está también YPF, aunque esa opción es hoy remota.
Esa posibilidad abierta también por la empresa que conduce Miguel Gutiérrez fue parte de lo que consideraron una "comunicación típica", similar a la que se hizo pública en mayo pasado, cuando proliferó un acuerdo entre las petroleras y el Gobierno para no aumentar los precios de la nafta. La consecuencia directa del freno de desembolsos es menos trabajo.
Hoy en Añelo, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, que conduce el senador nacional Guillermo Pereyra, realiza una asamblea. Pereyra dijo que, por ahora, no frenará la producción pero advirtió con "hacer caer todos los todos los acuerdos firmados por el sindicato para el desarrollo de Vaca Muerta". Allí están los de competitividad, que el Gobierno muestra como ejemplares.
"Es mi deber advertirlo que no respetar los compromisos asumidos no está a la altura de lo que Vaca Muerta y Neuquén significan como ejemplo del desarrollo de la Argentina", escribió el viernes en una carta Gutiérrez al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.
"Hoy Vaca Muerta es una realidad y su desarrollo es sostenido y permanente gracias a la estabilidad y la previsibilidad en las reglas de juego", dijo en mandatario en consonancia con los argumentos de las petroleras, principales aportantes de inversiones en la provincia que aspira seguir conduciendo desde marzo.
En las petroleras reconocieron que el Gobierno se movió rápidamente en un tema que incidió significativamente en la salida del ex secretario de Energía Javier Iguacel, que buscaba mantener los subsidios, pese a la insistencia de cortarlos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, principal interlocutor con el FMI .
A la reunión con los productores y distribuidores para explicar la medida, le siguió una con los medios. La primera interpretación que vio la luz fue la oficial. "Nosotros interpretamos que hemos mantenido las reglas de juego.
La resolución 46 establecía un sendero de precios para determinados volúmenes de producción, que los seguimos reconociendo. Por supuesto había muchas empresas que tenían una expectativa de poder ver aprobados sus proyectos, pero fue tal el éxito que tuvo el desarrollo de Vaca Muerta que hoy no podemos destinar más recursos fiscales a apoyar nuevos proyectos, puesto que ya contamos con una producción de gas que abastece al mercado interno.
De hecho, hoy la Argentina también está exportando gas", dijo Dujovne en una entrevista con LA NACION este domingo. "No creo que haya demandas, y pensamos que si las hubiera nos asiste la razón. Así que estamos muy tranquilos con respecto a las decisiones que hemos tomado", agregó. Sin embargo, esa misma tarde Techint (Tecpetrol), principal beneficiado por los subsidios, dio su punto de vista. "(.)
la Secretaría de Gobierno de Energía decidió modificar el criterio de cálculo correspondiente a los pagos de las compensaciones económicas previstas en la Resolución 46/2017, para el desarrollo de Vaca Muerta, imponiendo un límite a los mismos en función de volúmenes de producción estimados inicialmente por esta empresa en su presentación de agosto de 2017 y no acorde al total de la producción del área, tal como había sido pautado originalmente".
La firma que lleva ejecutados US$1800 millones de US$2300 en su proyecto de Fortín de Piedra explicó que Energía liquidó las compensaciones de abril, mayo, junio y julio de 2018 en base a la totalidad de la producción.
Luego informó que esas liquidaciones estaban mal realizadas y que sólo correspondía el subsidio para la producción originalmente prevista. Tecpetrol estaba generando cerca de 15 millones de metros cúbicos diarios de gas, cuando originalmente había previsto 8 millones.
"Dicho cambio implica hasta septiembre 2018 un menor pago de $1994 millones y, si se mantuviera para todo 2018, el impacto total del año ascendería a $5655 millones", explicó la compañía a través de comunicado enviado a la CNV. "En el día de la fecha el Directorio de la Sociedad ha instruido a la Dirección General de la Compañía a revisar los términos del Plan de Desarrollo del área Fortín de Piedra oportunamente aprobados, a fin de readecuar el flujo de fondos al nuevo escenario y mejorar sus indicadores financieros", informó.
En el sector, afirmaban que la empresa comenzaría a "bajar equipos". Cada uno de esos equipos representan cerca de 100 personas. Actualmente, trabajan seis. En la empresa no quisieron dar detalles a este medio. En diferentes estadios, Total, PAE, Wintershall, CGC, Capex, Shell, Exxon, Capsa, GyP e YPF quedaron envueltas en esta puja con el Gobierno por los subsidios. Esta última, por caso, tiene dos proyectos que reciben incentivos, pero suma otros 15 más entre pilotos y en desarrollo en el área. Además, ya anunció que se focalizará en dos proyectos petroleros durante este año, por lo que su diversificación es mayor a la de Techint en Vaca Muerta.
Otras como Exxon o Shell tuvieron aprobados sus proyectos por la provincia de Neuquén, pero no lograron el sello nacional. "Esto es un cambio de las reglas de juego y no de un gobierno a otro, sino de un ministro a otro", cuestionó un petrolero, que si bien afirmó que las inversiones basadas en subsidios tienen riesgos, es una mala señal que se tomen decisiones que impacten en el 50% de la producción de una empresa.
La semana que viene, con nuevas condiciones en borrador, habrá una prueba interesante para los precios del gas cuando se realice la primera subasta entre las distribuidoras. Será un experimento que perjudicaría a Techint, principal inversor en Vaca Muerta. Pero la cuestionada "ruptura de reglas" -creen algunos en la competencia- emparejará a los actores del mercado, lo que mejoraría los balances de quienes no recibían subsidios. No serán, claro, los de los consumidores finales.
La Cámara Empresarial de Industrias Petroleras y Afines de Neuquén (CEIPA) se alineó con el gobernador Omar Gutiérrez en la pelea contra el gobierno nacional por los subsidios a la producción de gas de Vaca Muerta.
“Estamos preocupados por esta determinación de la Nación y acompañamos a Gutiérrez en el reclamo para que se respeten los compromisos asumidos”, expresó el presidente de la Cámara, Cristian Bergese, durante una reunión con el mandatario provincial y candidato a la reelección en las elecciones del 10 de marzo.
Gutiérrez asumió una pelea en primera persona contra la Secretaría de Energía del gobierno de Mauricio Macri, que depende del Ministerio de Hacienda, por los flujos de dólares de la caja pública para sostener un precio base del gas producido por nuevos emprendimientos en Vaca Muerta.
El empresario que lidera la cámara local sostuvo que CEIPA “trabaja en conjunto y acompaña las gestiones del candidato y gobernador en uso de licencia, para que este reclamo llegue a buen puerto y los productores primarios puedan seguir adelante con los proyectos acordados oportunamente”.
Enfatizó que “las cámaras del sector y la Federación apoyamos a Gutiérrez en este reclamo ante el gobierno nacional, para que se mantengan los acuerdos rubricados oportunamente y se dé marcha atrás con la derogación de la resolución 46”. Lo dicho por Bergese se contrapone con la decisión de la Nación, que mantuvo tal cual fue concebida la resolución 46, que fue acuñada por Juan José Aranguren siendo ministro de Energía del gabinete nacional. Lo que realmente ocurrió fue que Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, planteó la necesidad de recortar de 1300 a 700 millones de dólares la masa total destinada a subsidiar el gas producido bajo los términos de dicha resolución.
Para eso, Gustavo Lopetegui, secretario de Energía, introdujo una reinterpretación de la letra de la Resolución 46, que estableció un precio sostén para el gas producido en el marco de los proyectos aprobados por el gobierno. La resolución estableció que este año el gas contemplado sea cobrado a 7 dólares por millón de BTU, unos 3,50 dólares por encima del precio promedio de mercado. La diferencia se paga con fondos públicos.
La reinterpretación consistió en el reconocimiento del volumen estimado por las petroleras al momento de presentar los proyectos, y no, como se hizo en un principio, del total producido. La nueva línea se tomó para cumplir con el ajuste comprometido con el FMI para recibir un salvataje de más de 50 mil millones de dólares.
Además de recortar los montos a la producción, la nueva línea del gobierno nacional dejó afuera de los subsidios a siete proyectos que había aprobado Neuquén. Esto implicó una reacción de Gutiérrez, quien pidió formalmente a Lopetegui que dé marcha atrás con la decisión. No hubo respuestas de la Nación hasta el momento.
