La licitación de la primera parte del gasoducto a Vaca Muerta fue suspendida dos veces
La postergación de la obra clave para el incremento de la producción de gas se conjuga con la parálisis que enfrenta desde hace meses Vaca Muerta. Desde el oficialismo reconocen que de no mediar cambios la producción caerá en el 2021.
Argentina podría verse en el riesgo de importar crecientes cantidades de gas natural o combustibles líquidos como gasoil y fuel oil en 2021 si el gobierno de Alberto Fernández no activa pronto un plan estratégico para garantizar el desarrollo de Vaca Muerta, con reglas estables y bajo costo de financiamiento.
Que la balanza comercial energética se deteriore de los escasos US$ 72 millones de déficit en 2019, a una cuenta multimillonaria en rojo para el año próximo, sería el epílogo de una novela que empezó hace 7 meses y que pudo haber provisto al Estado nacional de los dólares necesarios para pagar la deuda. El capítulo que hoy no pueden terminar de escribir las autoridades.
A inicios de agosto de 2019, el gobierno de Mauricio Macri tenía todo listo para empezar la licitación de la primera parte del gasoducto a Vaca Muerta, que llevaría el gas desde Tratayén, Neuquén, hasta Salliqueló, Buenos Aires, por unos US$ 800 millones.
La obra iba a estar lista en unos 18 meses después de su adjudicación, por lo cual hubiera estado operativa a mediados de 2021. Así, se le daría salida a la producción en alza de la formación de hidrocarburos no convencionales y se sustituirían compras al exterior de Gas Natural Licuado (GNL).
Pero el aumento exponencial del Riesgo País (y, con él, del costo del financiamiento) y las dudas que cubrieron la actividad a partir de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) determinaron que la licitación se postergara dos veces –primero en agosto y luego en noviembre– al menos hasta el 31 de marzo de este año, aunque nada indica que se vaya a realizar en esa fecha mientras no se cierre el capítulo de la reestructuración de la deuda externa y se aleje el fantasma del default soberano.
Con el 2020 ya jugado, los ojos están puestos en 2021, en la fecha en la que el gasoducto hubiese estado operativo en condiciones normales. En cambio, para esa época podría volver a bajar sostenidamente la producción local y retornar el barco regasificador al puerto de Bahía Blanca.
La extracción de gas en Argentina se mantendrá estable en el corriente año y, a priori, el sistema no presentará grandes riesgos, según los primeros análisis del Gobierno.
Pero si no se apura el paso para dar soluciones a la parálisis de Vaca Muerta, en 2021 sí se cosecharían las consecuencias de esa política, según ven los técnicos oficiales.
Eso fue lo que puso en palabras el sábado el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, en declaraciones a Radio Con Vos 89.9. El ahora titular de la consultora Energy Consilium expresó que “este año es difícil que tengamos algún tipo de problema, pero si no atacamos la situación y (el Gobierno no otorga) algún tipo de certeza o previsibilidad sobre lo que significa la inversión en Vaca Muerta, es probable que en 2021 tengamos que importar y hacer volver el barco regasificador o quemar combustibles líquidos, con un costo más alto”.
Energía On contó la semana pasada que el déficit energético se redujo casi a cero en 2019, desde los US$ 2.300 millones de 2018. El peor momento de una década complicada y absolutamente toda en rojo (empezó en 2011 con el primer rojo en esta balanza desde 1987) fue en 2013, cuando las compras afuera superaron por US$ 6.900 millones a las ventas al exterior de materia prima y productos energéticos industrializados.
Según un viejo documento de los ex secretarios de Energía de la Nación –un grupo en el que tallaban especialmente Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Emilio Apud–, el déficit energético fue el nudo central del problema económico del estancamiento entre 2011 y 2017.
La situación actual es producto de la caída de la demanda interna (por el aumento de tarifas y la recesión) y el mayor tipo de cambio real multilateral –competitividad externa–. Pero apenas un año y medio después de haber despedido al buque regasificador de Bahía Blanca y tras menos de un año de recibir al barco de licuefacción de YPF, el paso atrás es cada vez más posible.
Y aunque las líneas técnicas del Gobierno consultadas por este diario conocen estos riesgos, la restricción política es más fuerte. Y los estudios reservados que advierten de la situación nunca serán admitidos en público.
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) iba a oficiar de off taker para comprar al menos 10 de los 15 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) que trasladaría en su primera etapa el gasoducto. Ese papel ahora también está en análisis y hasta hay fondos de inversión que tienen en estudio financiar el tendido de los caños a cambio de quedarse con el gas.
Otro de los temas que hacen al mercado de gas y que todavía no está resuelto es el caso de la renegociación del contrato de importación con Bolivia. Por el lado argentino, la estatal Integración Energética Argentina S.A. (Ieasa) no tiene autoridades designadas a 75 días de la asunción del nuevo gobierno.
Del otro lado de la frontera, el gobierno provisional formado después de la caída de Evo Morales no tiene el suficiente poder político para controlar y tomar decisiones de largo plazo en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La salida democrática surgiría el 3 de mayo, con las nuevas elecciones.
La cuarta adenda al contrato que se extiende entre 2007 y 2026 tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Es por eso que a mediados de 2020 se deberán reajustar los volúmenes y precios adecuados para las necesidades de cada país y ello, a su vez, determinará las necesidades de importación en 2021.
Cadena 3
El ex secretario de Energía, Daniel Montamat, advirtió en Cadena 3 que "el desarrollo de Vaca Muerta, en materia de gas natural, recién lo vamos a tener -si hacemos bien las cosas- a finales de la próxima década".
Además señaló que es importante definir "reglas de juego" y "saber si las que van a motorizar la inversión van a seguir vigentes en el largo plazo". Así como las "señales de precio" donde queda pendiente una ley que el Presidente prometió enviar.
"Hoy está muy frenada la inversión en gas, menos en petróleo y para colmo en materia petrolera donde había incentivos por los precios internacionales y por costos, con el tema del Coronavirus ha bajado sustancialmente y eso afecta decisiones de inversión en todas las industrial y ese conjunto de circunstancias obliga a actuar rápido", lamentó.
"Hay gas seco, gas húmedo -que viene combinado con algunos líquidos extraíbles y asociados al petróleo- y una veta petrolera. Hoy por condiciones de mercado y porque no necesita nuevas logísticas el país puede apuntar al desarrollo petrolero", subrayó Montamat.
En este marco indicó que "como en materia petrolera estamos autoabastecidos con una producción de 530 mil barriles día, podríamos pasar a escalar en tres o cuatro años a producir un millón de barriles día que pasarían al mercado externo".
No obstante recordó que para el gas "hay una serie de restricciones logísticas y de infraestructura porque el gas es menos transable que el petróleo". "Necesitamos nueva infraestructura troncal, tenemos que desarrollar mercado doméstico, mercado regional y hoy los números no cierran porque es muy bajo el precio de gas por barco, pero se podría pensar en un una planta de licuefacción asumiendo la competencia en el mercado internacional del gas", profundizó.
"En Vaca Muerta se invierten entre 4.000 y 5.000 millones de dólares por año pero si queremos ir a un desarrollo intensivo tenemos que multiplicar y triplicar esa inversión", insistió.
Minería
En cuanto a la minería, Montamat manifestó que "hay un tremendo potencial" para desarrollarlo, aunque siempre "estamos con las disyuntivas".
"En el siglo XIX la disyuntiva era proteccionismo o libre cambio, en el siglo pasado era campo o industria (cuando deberían haber sido las dos cosas) y en este siglo nos planteamos medio ambiente o desarrollo y deberían ser las dos cosas: medio ambiente y desarrollo sustentable", enfatizó.
Por caso, el ex secretario de Energía dijo que en Chile y Perú -donde tienen los mismos problemas que nosotros en cuanto a medio ambiente y licencia social- exportan 30.000 millones de dólares (Chile) y 28.000 millones (Perú), mientras que en el país estamos apenas en 3.700 millones de dólares.
"Tenemos subdesarrollado el potencial minero. Si queremos los dólares de esas exportaciones que van a aliviar las cuentas externas tenemos que dar un debate serio sobre el tema".
"No puede ser minería sí o minería no. Si es minería no, dejemos de hablar de los autos eléctricos", concluyó.
