SANTIAGO SPALTRO

El Gobierno aplazará por tercera vez (primera en la era Alberto Fernández) la fecha de apertura de ofertas en la licitación pública internacional para construir el primer tramo de un nuevo gasoducto que uniría Tratayén (Neuquén) con Salliqueló (Buenos Aires) y serviría para evacuar gas de Vaca Muerta.

El plazo vencía este martes 31 de marzo a las 11.30. Según fuentes oficiales, el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Energía estaban definiendo en estas horas el nuevo plazo para revitalizar esta obra, cuya primera etapa necesitaría de una inversión de u$s 800 millones para transportar 15 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas natural y estaba ideada para estar terminada antes del invierno de 2021, un plazo que ya no será posible cumplir.

La licitación de la construcción del gasoducto y la licencia de Transportadora de Gas del Centro (TGC) fue corrida primero de agosto a noviembre y luego a marzo, por la escalada del riesgo país, que terminó por sacar a la Argentina de ser sujeto de crédito privado a tasas razonables.

El nuevo gasoducto es clave para evacuar gas de Vaca Muerta. Hoy no hay perforaciones en busca de gas natural y bajaría la producción en 2021

La pandemia de coronavirus solo agregó más incertidumbre y dejó a Vaca Muerta al borde de la inviabilidad, según algunos analistas.

Desde agosto no hay nuevas perforaciones en busca de gas, con lo que la curva de declinación productiva se acelerará en los campos no convencionales y es factible que Argentina necesite importar crecientes cantidades de gas natural en 2021.

La realización de la obra era motivo de interés para algunos de los principales empresarios del país, como Paolo Rocca, Marcelo Mindlin, Eduardo Eurnekian, Nicolás Caputo y las familias Sielecki y Werthein, entre otras.

Además, el Ministerio de Desarrollo Productivo canceló el viernes el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para construir una línea de transporte de energía eléctrica en extra alta tensión (500.000 voltios o 500 kV) que iba a unir Río Diamante (Mendoza) con Charlone (Buenos Aires), por falta de financiamiento.

Esa línea que se iba a extender por 490 kilómetros había sido diseñada por el gobierno de Mauricio Macri para ser adjudicada mediante un esquema de Participación Público - Privada (PPP) durante 2018, pero el aumento incesante del riesgo país corrió el arco hasta este 31 de marzo.

La profundización de la crisis, agravada por la pandemia del Covid-19 (coronavirus) le dio a este proyecto la estocada final, ya que el riesgo país trepó por encima de los 4000 puntos básicos.

En los considerandos de la Resolución 124/2020, se cita que el "estado actual de acceso al crédito a tasas razonables y el estado de emergencia económica y financiera implicaría el aumento en definitiva del costo de las obras para los demandantes de energía eléctrica".

La utilidad de la línea, que finalmente no se realizará, era mallar el tejido urbano del sistema de transmisión de energía eléctrica, cuyas redes están saturadas, en especial el anillo del Gran Buenos Aires (GBA). El costo estimado era de u$s 650 millones, a ser pagado por los usuarios con sus facturas.

Después de tres años de parálisis en las obras, el Gobierno anterior retomó algunas operaciones en el transporte eléctrico y diseñó un plan para que se realicen tareas en el área por unos u$s 1500 millones.

La principal obra del plan era la Estación Transformadora (ET) Plomer, localidad bonaerense ubicada a 90 kilómetros de Capital Federal, en las afueras de Marcos Paz.

Allí se transformaría la tensión de 500 kilovoltios -kV- a 220 y 132 y se realizarían obras complementarias como la Línea en Alta Tensión (LAT) en 132 kV desde Plomer y hasta la Estación Transformadora (ET) Ezeiza, con adecuaciones para la mitigación de corrientes de cortocircuito.

Incluso antes de la devaluación de abril de 2018 y la escalada del riesgo país, el plan completo de mega obras era estimado en u$s 3000 millones.

Pero fuentes del mercado, que pidieron reserva de nombre, aseguraron a El Cronista que todas las etapas del plan están caídas, dada la situación macroeconómica.

"La parte positiva es que ante la importante caída de la demanda de energía, los requerimientos de nueva capacidad de transporte eléctrico desaparecen. Estos incrementos estaban pensados para acompañar el desarrollo de las energías renovables", aseguró esta fuente.