El modelo se basa en una subasta para formalizar contratos de largo plazo entre productoras, distribuidoras y CAMMESA
SANTIAGO SPALTRO
En el interior del equipo técnico que el Frente de Todos tiene para el sector de la energía asoma una idea inquietante.
Se trata de que los precios necesarios para garantizar las inversiones petroleras en el segmento del gas, con una rentabilidad razonable para las empresas, serían incompatibles con la sostenibilidad del proyecto político del kirchnerismo y la salud fiscal.
En otras palabras, que los precios del gas que permitirían asegurar el autoabastecimiento energético no pueden ser trasladados por completo a las tarifas sin que estas se tornen impagables para la mayoría de los usuarios y los comercios -y traben, así, la recuperación de la actividad- o sin que el costo anual de los subsidios vaya creciendo y comprometa la estabilidad de la macroeconomía.
Para colmo, una nueva devaluación del peso agregaría presión a las cuentas fiscales y el Fondo Monetario Internacional (FMI) le pedirá en los próximos al Gobierno de Alberto Fernández que presente un programa de consolidación fiscal (ajuste), que entre otras cosas deberá reducir los subsidios a la energía, para otorgarle a la Argentina otro programa, el segundo en menos de tres años.
Todo esto conforma, con algunos matices, las mismas restricciones con las que chocó el ex presidente, Mauricio Macri, durante todo su mandato.
Primero en la etapa de Juan José Aranguren como ministro de Energía y con cierto grado de atraso cambiario, y luego con Javier Iguacel y Gustavo Lopetegui como secretarios del área, ya con el peso devaluado.
Que a finales del año pasado la clase media pagara casi por completo el costo de producir el gas y la energía eléctrica y que solamente los usuarios muy vulnerables accedieran a una tarifa social fue un proyecto frustrado de Cambiemos.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que expresa en buena medida el pensamiento económico de Alberto Fernández, presentó hace 10 días el nuevo Esquema de Gas 2020-2024, con la intención de evitar importaciones de gas y combustibles líquidos en el invierno de 2021 y también en 2022, cuando tener los dólares y que no se escapen por la vía comercial es una prioridad en tiempos de cepo cambiario.
Con este plan se buscará dar certezas a las petroleras para que vuelvan a invertir en extraer gas, una tarea paralizada desde los últimos cuatro meses de la gestión de Macri, entre otras cosas por haber reintepretado la Resolución 46/2017 y perjudicar fundamentalmente a Tecpetrol, de Techint, que desarrolló el campo Fortín de Piedra.
El modelo se sustenta en la pronta realización -en las próximas semanas- de una subasta para formalizar contratos de largo plazo (4 años) entre las productoras (YPF, la francesa Total Austral, Tecpetrol, PAE, Pampa Energía, CGC, Pluspetrol y la chilena ENAP, principalmente), las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas, entre otras) y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que abastece a las usinas termoeléctricas.
También se establece que obtendrán los estímulos las empresas que mantengan o incrementen la producción y los niveles de empleo del período base (el trimestre mayo-julio 2020), algo que fue cuestionado por el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, think tank del radicalismo conducido por el ex secretario de Energía Jorge Lapeña, ya que no hay certidumbre de que aumentará la producción.
El promedio de la extracción de gas entre mayo y junio (últimos datos conocidos) fue de 125,3 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d). En agosto del año pasado era de 144,4 MMm3/d.
El costo fiscal llegaría a los u$s 1300 millones solo en el primer año, según el cálculo que un especialista en el sector compartió con El Cronista, aunque pidió reservar su nombre. Esto según el supuesto de que los usuarios no terminen pagando los costos reales del gas.
Aunque el texto del Esquema promete a las distribuidoras que podrán hacer el pass throughy trasladar a las tarifas lo que les cueste adquirir el gas a las productoras, fuentes del kirchnerismo no están seguras de que eso vaya a ocurrir.
Si el traslado a tarifas fuera del 100% -difícil que suceda-, no habría costo fiscal. Si fuera menor, empezarán a aumentar los subsidios.
La alternativa a no tener este plan, dicen desde el Gobierno, es que los subsidios vayan a las importaciones, que reemplazarían trabajo local. Algo claramente inconveniente."Yo lo conozco a Federico Bernal. Él no va a permitir que estos precios vayan directo a las tarifas. Hoy me siento más cerca de Lapeña que de mi propio Gobierno peronista", lamenta en off the record una fuente cercana al kirchnerismo, que no participó en la redacción del plan.
Bernal es el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y tampoco fue parte de las discusiones previas al lanzamiento del Esquema de Gas 2020-2024.
El actual regulador del transporte y la distribución de gas expresa el pensamiento que Cristina Kirchner tiene sobre las tarifas, que deben ser "justas, razonables y asequibles".
Quienes trabajaron con él mientras el kirchnerismo fue oposición dicen que no va a habilitar que los usuarios paguen un sendero creciente de precios del gas en dólares, que empezaría en un máximo de u$s 3,40 por millón de BTU en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) entre octubre y abril de 2021 (a lo que se sumará un 30% en el invierno del año que viene).
Como el máximo de u$s 3,40 es a Valor Presente Neto y se descuenta a una tasa anual de 10% en dólares, en el resto de la vida del programa se pagará u$s 3,74 desde la primavera de 2021; u$s 4,11 en 2022; u$s 4,52 en 2023 y u$s 4,98 en 2024.
Un consultor que trabajó con el macrismo, sin embargo, cree que esas cuentas son "un error", ya que "está mal confundir precios máximos con los ofrecidos".
Para este ex funcionario los precios en dólares no serán crecientes pero en pesos sí. "Ese es uno de los problemas del Esquema, que como claramente no van a subir los precios del gas que pagan los usuarios ante una devaluación, el subsidio va a ser indefectiblemente creciente", advirtió.
"El discurso era que estaban ganando mucho las petroleras y que había que desdolarizar los precios del gas. Ahora se les va a dar más plata que antes, nominada en dólares a un tipo de cambio libre durante 4 años", criticó.
Según las cuentas de este consultor, el precio promedio ponderado en boca de pozo (sin contar el costo del transporte ni del gas "retenido", que contabiliza las pérdidas a lo largo del gasoducto) sería de u$s 3,84 por millón de BTU.
La tasa de descuento o exit yield de 10% fue la misma que se utilizó como lenguaje común para el principio de acuerdo que alcanzó el ministro de Economía, Martín Guzmán, con los acreedores privados en la reestructuración de la deuda externa.
Fuentes que participaron de esa negociación creen que la tasa finalmente será menor (y que, por lo tanto, los bonistas obtendrán una mayor ganancia) y que hablar de 10% es equivalente a que el país siga estando en default, sin poder acceder a los mercados voluntarios de crédito internacional.
Sería un fracaso que después de un par de años de este canje, la tasa que reflejaría el riesgo país siga siendo tan elevada.
Además, "esto sería avalar la dolarización de la energía, todo lo que prometimos en campaña que no se iba a hacer", marcan en la parte del Frente de Todos que se identifican con las ideas de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
En efecto, las tarifas están en pesos pero los costos de producir la energía se expresan en dólares, ya que es un sector que es capital intensivo y depende en buena medida del financiamiento externo para realizar las inversiones.
Desde abril de 2019, el costo del gas quedó congelado en un promedio ponderado de u$s 4,56 por millón de BTU, pesificado a un tipo de cambio de $ 41 por dólar.
A la cotización del dólar mayorista de este fin de semana ($ 73,16), equivale hoy a u$s 2,55 por millón de BTU, un precio que -argumentan las petroleras- no sirve para repagar el costo de las inversiones para reponer el gas, sobre todo en Vaca Muerta, donde se necesita perforar constantemente la roca para eludir la alta tasa de declinación.
De un año a otro, un pozo shale en la Cuenca Neuquina produce un 70% menos si no se hacen perforaciones.
Este diario consultó con fuentes oficiales el futuro de este plan que se cuestiona dentro del Frente de Todos, un espacio político con la amplia gama de ideas que contiene al peronismo.
"Si pedimos sostener la producción de gas y no aumentarla para acceder a estos estímulos es porque por la demanda de usinas térmicas va a bajar, por el ingreso de energías renovables. Entonces pedir que suba la producción es para que sobre; no vas a poder tomarlo", explican en el oficialismo.
Asimismo, anticiparon que "si la demanda de gas natural a futuro crece más rápido se puede subastar de nuevo, pero hoy no está ese escenario".
Otra fuente, que pidió anonimato, sostuvo que "no se puede aumentar la producción porque no hay mayor demanda, como pasó en los últimos dos años, y además hay una restricción en la capacidad de transporte desde Neuquén".
Igualmente, el Gobierno piensa en renovar las subastas año a año si esas dos limitantes cambian, aseguraron a este medio.
En cuanto al costo fiscal, "todavía no está bien estimado porque no se sabe cuál será el porcentaje de pase a tarifas", respondieron.
Y en relación a lo del Valor Presente afirman que "el precio es flat y se aplicará el NPV solo para la adjudicación".
El plan fue un trabajo conjunto entre el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, -que oficia de secretario de Energía en los hechos, ante la poca participación que tiene Sergio Lanziani en las decisiones del área-, el gerente general de Cammesa, Esteban Kiper, y la cúpula directiva de YPF.
Carbajales y Kiper, técnicos que trabajan codo a codo con Kulfas, se anotaron un poroto al lograr que el empresario Paolo Rocca, dueño de Techint, desistiera de una parte (cerca de u$s 450 millones) de su reclamo contra el Estado por más de u$s 1000 millones, al reinterpretar en enero de 2019 la inyección que debía recibir el precio estímulo fijado en la Resolución 46/2017.
Tecpetrol produjo hasta principios del año anterior más de 17,5 MMm3/d, aunque el Estado le reconoció apenas 8,5 MMm3/d. El estímulo era de u$s 7 por millón de BTU en 2019 y equivale a u$s 6,5 ahora.
Por otro lado, este Esquema de Gas 2020-2024 podría ayudar a recomponer la alicaida caja de la petrolera estatal YPF y conseguir que retome su rol protagónico en el mercado, que cedió desde 2018 a manos de Techint.
De acuerdo a lo que consta en el balance de la firma con sede en Puerto Madero, su producción de gas natural en el primer semestre de este año fue de 36,6 MMm3/d en promedio, un 2,2% menor que entre enero y junio de 2019.
Un paper que distribuyó el Gobierno la semana pasada, en la que compara los últimos cuatro años del kirchnerismo (2012-2015) con la gestión de Cambiemos muestra que mientras la producción de gas creció un 29% desde la estatización hasta la salida de Cristina Kirchner de la Casa Rosada, esos números cayeron un 9% mientras Macri ocupó la Presidencia.
"La compañía perdió más de 10 puntos de participación en el mercado de la producción de gas como consecuencia de la aplicación de la Resolución 46/2017 y el subsidio que el Estado le dio a Tecpetrol (el brazo petrolero de Techint) para que desarrolle su proyecto de gas no convencional", asegura un párrafo de ese paper del que nadie reconoce su autoría.
Este plan estaría cerrando la grieta entre YPF y Paolo Rocca, uno de los empresarios más ricos de la Argentina. Dependerá, no obstante, de que el ENARGAS otorgue la luz verde para los principales lineamientos de este Esquema
Si Kulfas es Alberto y Bernal es Cristina, quien se imponga en este tema va a tener las riendas del sector energético. El saldo de esta batalla exhibirá con claridad quién toma las decisiones más importantes en la Argentina.
