Empresas de servicios petroleros negocian pagos tras expropiación

Al menos 39 empresas contratistas negocian compensaciones con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), luego de la decisión del Gobierno de expropiarlas, mientras que unos 30.000 trabajadores están a la expectativa sobre su futuro laboral.

El presidente Chávez anunció la expropiación de las empresas de servicios petroleros, en un intento por disminuir los costos de producción en tiempos de precios a la baja, pero la medida provoca incertidumbre tanto entre los accionistas como a los empleados, explicaron fuentes del sector a la AFP.

"Hay un canal abierto entre las empresas contratistas y Pdvsa. No se quiere bloquear ese canal pues todavía hay mucho que perder, por eso debemos continuar tratando de negociar", dijo una fuente petrolera.

De las 60 empresas contratistas que serían expropiadas, al menos 39, que operan en la región del lago de Maracaibo (noroeste), ya fueron notificadas y están actualmente calculando el valor de su patrimonio, a la espera de una reunión con el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez.

Pese a asegurar que pagará las deudas de Pdvsa, Ramírez, también presidente de la estatal, ha insistido en que "no se pagará tarifas abusivas".

Ramírez también garantizó que Pdvsa designó una comisión "que está trabajando empresa por empresa para absorber a todos los trabajadores vinculados a las actividades que pasaron a control del Estado venezolano".

Hasta ahora, Pdvsa ha anunciado la contratación de 8.000 trabajadores, lo que deja al menos a otros 30.000 a la expectativa en todo el país.

Por la rapidez con la que fue presentada y aprobada esta ley, los dirigentes sindicales no saben a ciencia cierta hasta hoy cuántas empresas contratistas se verán afectadas por esta ley y por tanto cuántos empleados serían teóricamente absorbidos por el Estado.

Para el dirigente sindical, Baudilio Rivas, "el gobierno acabó con las empresas contratistas y la industria petrolera no puede absorber a todos los trabajadores, Pdvsa está colapsada y quebrada".

En el estado Zulia "hay 15.000 trabajadores que quedan en el aire, pues la industria absorbe al personal primario, al que está involucrado directamente a la actividad, pero el personal de apoyo no se mencionó", explicó a la AFP Rafael Zambrano, otro dirigente sindical.

La Asamblea Nacional aprobó el 7 de mayo la ley que otorga al Estado el control de las actividades vinculadas al sector petrolero como la inyección de agua, vapor o gas o el transporte, entre otros.

Hasta el momento, en la Gaceta Oficial venezolana se han publicado los nombres de las 39 empresas expropiadas en el Estado Zulia (oeste).

Paralelamente, Pdvsaha tomado el control de empresas en otras regiones del país, como la estadounidense Williams, que tiene dos plantas de inyección en el estado Monagas (noreste) con capacidad de manejar diariamente 2.000 millones de pies cúbicos de gas.

Una de ellas, PIGAP II, permite garantizar una producción de crudo de 155.000 barriles diarios.

Desde su sede en Estados Unidos, Williams confirmó esta medida y no descartó acudir a un arbitraje internacional para exigir a Pdvsa los pagos atrasados por sus servicios prestados.

No obstante, Williams no podrá recurrir ante un tribunal internacional para denunciar su expropiación ya que esta ley blinda al Estado venezolano contra arbitrajes internacionales que pudieran lanzar las empresas requisadas y estipula que los litigios deben resolverse en tribunales locales.

Antes de la aprobación de esta nueva ley, el Estado se reservaba únicamente las actividades de exploración y producción.

Desde 2007 y con el objetivo de controlar la actividad petrolera, el gobierno instauró un sistema de empresas mixtas en la riquísima Faja Petrolífera del Orinoco entre Pdvsa y firmas extranjeras, en las que la estatal es siempre mayoritaria.