El máximo Tribunal nacional hizo lugar a un recurso presentado por las empresas Petrobras y Tecpetrol por la caducidad de los yacimientos que el gobierno neuquino había decretado el pasado mes de abril.
A través de dos fallos, una para cada empresa, la Corte resolvió una medida cautelar para que la provincia se abstenga de ejecutar los decretos que no permiten a las firmas explotar y explorar las áreas en cuestión. Además otorgó el plazo de 30 días para contestar un informe con lo actuado.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió admitir su competencia originaria en las causas en las que se cuestionan las medidas de la administración neuquina por “arbitrarias e ilegales dado que achacan incumplimientos sustanciales (vinculados con la falta de producción e insuficiencia de inversión), que –según aducen- no son tales, ni contienen fundamentos de esa imputación”.
Las empresas, Petrobras y Tecpetrol, consideran que Neuquén ha ejercido en forma abusiva e ilegitima la facultad que le otorga el artículo 80, inciso c) de la ley 17.319, en el sentido de que la causal de nulidad o caducidad debe ser comprobada en el marco del “debido proceso legal”, y decidida mediante “resolución fundada”.
Cabe recordar que la “quita” de las concesiones que realizó el gobierno provincial se dio en el marco de una avanzada nacional de revisión de áreas hidrocarburífereas ociosas. En este marco también se le retiraron áreas, a las que luego fuera expropiada, Repsol-YPF. Luego estás fueron restituidas a YPF.
La Corte Suprema frenó la quita de áreas a Petrobras y Tecpetrol
La Mañana de Neuquén
Las compañías señalaron que la Provincia tomó una medida "abusiva e ilegítima".
Neuquén > La Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó la quita de áreas petroleras que llevó a cabo la Provincia de Neuquén contra las empresas Petrobras y Tecpetrol.
El máximo tribunal suspendió la caducidad de concesión de las áreas Veta Escondida, que estaba en manos de la empresa brasileña, y Fortín de Piedras, que era operada por Tecpetrol, al aceptar las acciones de amparo presentadas por las compañías.
Las petroleras sostienen que los decretos provinciales 562/2012 y 563/2012 , a través de los cuales se quitaron las concesiones, son “arbitrarios e ilegales” dado que achacan incumplimientos sustanciales vinculados con la falta de producción e insuficiencia de inversión, que -según aducen- no son tales, ni contienen fundamentos de esa imputación.
Las empresas consideran que la Provincia del Neuquén ejerció “en forma abusiva e ilegítima” la facultad que le otorga el artículo 80, inciso c) de la Ley 17.319, que establecen que la causal de nulidad o caducidad debe ser comprobada en el marco del “debido proceso legal”, y decidida mediante “resolución fundada”, y alegan que esos requisitos no fueron observados por el Estado provincial.
Si bien reconoce que la causa responde a su jurisdicción, la Corte aún no se definió sobre la cuestión de fondo, es decir si avala o rechaza la quita de las concesiones. Por ello, dio un plazo de 30 días a la Provincia para que informe los antecedentes y fundamentos de la medida que tomó con Veta Escondida y Fortín de Piedras.
Mientras tanto, el Estado provincial deberá abstenerse de ejecutar los decretos 562/12 y 563/12 que determinaron la caducidad de las concesiones.
Sin inversiones
El Gobierno tomó esa medida el pasado tres de abril al considerar que las empresas no cumplieron con las inversiones pautadas y que las áreas no tenían producción ni reservas comprobadas y presentaban inversiones insuficientes.
La noticia cayó mal en Brasil, y la propia presidenta de Petrobras, Maria Das Gracas Foster, se mostró sorprendida. A raíz de las quejas brasileñas, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se ofreció como mediador. Sin embargo, la Provincia siempre mantuvo que no había marcha atrás y que en todo caso se podría llegar a un acuerdo que incluyera a la estatal Gas y Petróleo del Neuquén como socia.
La quita de áreas se dio en plena embestida de Nación y las provincias productoras de la Ofephi contra la YPF controlada por Repsol. Neuquén sacó concesiones a esa compañía, pero una vez bajo control estatal anunció que se las devolvería.
Además de YPF, Petrobras y Tecpetrol, la Provincia caducó áreas a operadoras como Apache y Argenta Energía. Las demás provincias sólo se limitaron a accionar contra la YPF de Repsol.
Corte ordena a provincia devolver áreas petroleras
Ámbito Financiero
La Corte Suprema dictó ayer dos medidas cautelares a favor de las empresas Petrobras y Tecpetrol ordenando al Gobierno de Neuquén que suspenda los decretos por los cuales dictó la caducidad de la concesión del área Veta Escondida en el caso de la petrolera de capitales brasileños y de Fortín de Piedras para la empresa perteneciente al holding Techint.
La medida implica que la Corte seguirá abocada a la solución del tema de fondo sobre la validez legal de los decretos 562 y 563, pero mientras tanto las empresas continuarán a cargo de las áreas. El Tribunal también decidió requerir al Gobierno de Jorge Sapag que presente en un plazo de 30 días el «informe circunstanciado» sobre los antecedentes y causas de los decretos, según lo prevé la ley de amparo.
La caducidad de estas concesiones, al igual que una tercera dictada por Neuquén para un área de una empresa canadiense, se produjo en marzo, cuando desde el Gobierno nacional se alentó a las provincias a quitar concesiones a YPF por merma en la producción y reservas. En apariencia, Sapag temió ser acusado por discriminación si sólo rescindía áreas a YPF, y por eso también la emprendió contra otras tres petroleras. Petrobras cuestionó públicamente la medida y hasta la presidenta de la empresa en Brasil, Graça Foster, criticó la decisión neuquina.
La medida cautelar fue dictada por la Corte porque ésta admitió su competencia originaria en los amparos de Petrobras y Tecpetrol, aun con el dictamen opuesto del procurador general de la Nación. La Corte fundamentó su competencia en que «la actora dirige su pretensión contra una provincia y la materia del juicio tiene predominante contenido federal», en tanto requiere precisar el régimen establecido por la Ley 17.319 de hidrocarburos, en particular las normas relativas a la intimación previa, el cumplimiento del debido proceso y la fundamentación de las resoluciones administrativas.
Sin entrar en la cuestión de fondo, al dictar las cautelares la Corte consideró los argumentos de las demandantes en cuanto a que los decretos se refieren a incumplimientos sin indicar concretamente cuáles son.
La Corte suspende la reversión de áreas petroleras de Petrobras
La Nación
La Corte Suprema suspendió dos decretos de la provincia de Neuquén por los cuales el gobernador, Jorge Sapag, había revertido varias áreas petroleras a Petrobras y a Tecpetrol SA.
El 14 de marzo, el gobierno nacional lanzó una fuerte embestida contra Repsol YPF; el 17 de abril, la presidenta Cristina Kirchner envió al Congreso Nacional el proyecto de expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera y, el 3 de mayo, el Parlamento sancionó esa norma.
Como escalas de ese camino que terminó por perjudicar la cotización de las acciones de Repsol en la Bolsa de Nueva York, las provincias de Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Salta -ejecutando un plan trazado por el gobierno nacional- dejaron sin efecto casi veinte concesiones de unas veinte áreas petroleras de Repsol. El argumento fue la falta de inversiones.
Pero Neuquén fue más allá, tal vez para no exponerse a una demanda fundada en la discriminación de inversiones españolas. Por eso, Sapag dictó los decretos 562 y 563 y, así, revocó las concesiones de las áreas Veta Escondida (en manos de Petrobras Energía), Covunco Norte (Argenta Energía) y Fortín de Piedra (Tecpetrol).
Pero esas petroleras, en rigor, venían haciendo inversiones. Petrobras había entrado en esa área de exploración en 1992 y, para el momento en que Sapag dictó su decreto, ya había invertido un 54 por ciento más del dinero comprometido.
Por eso, el ministro de Planificación, Julio De Vido, tuvo que viajar de urgencia a Brasil, donde las autoridades brasileñas y las de la petrolera estatal le hicieron saber su profundo malestar e, incluso, tuvo que darle explicaciones a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Ayer, en línea con la política oficial de solucionar este problema, la Corte, que preside Ricardo Lorenzetti, dictó una medida cautelar y suspendió los decretos que habían revertido esas concesiones, que ahora quedarán provisionalmente en manos de las dos empresas demandantes, Petrobras y Tecpetrol.
El tribunal admitió que es competente para tramitar los amparos presentados por las empresas y, además, suspendió los efectos de los decretos -la reversión de las áreas-, mientras se sustancia de demanda y se decide si esos decretos son arbitrarios e ilegales.
Las empresas consideraron que la nulidad o caducidad de esas áreas sólo puede ser decidida después de un debido proceso, algo que no ocurrió en estos casos.
SHELL APELARÁ FALLOS EN SU CONTRA
La firma Shell informó que apelará el fallo de la Cámara de Casación Penal en causas iniciadas por multas promovidas por el Gobierno en 2007 por presunta violación de la ley de abastecimiento. En una carta, el presidente de la empresa, Juan José Aranguren, precisó que "restan resolver los recursos extraordinarios planteados simultáneamente con las vías recurridas". Aclaró que "los rechazos de la Cámara Federal no han quedado firmes y serán recurridos en tiempo y forma". Aranguren dijo que "ya la Corte se ha expedido en uno de los recursos planteados por Shell, dando trámite al mismo y ordenando que la instancia inferior dicte un nuevo fallo revocando la multa impuesta".
DE PETROBRAS. Veta Escondida
