Tres horas duró el Comité Operativo de Seguridad convocado por la presidenta Michelle Bachelet, el día de ayer, con el fin analizar las secuelas del atentado perpetrado en el Subcentro del metro Escuela Militar. Pero en el encuentro también se entró al detalle del verdadero puzzle que está significando para las autoridades dar con los responsables de los graves actos terroristas que han ocurrido este año. En el gobierno reconocen que es un problema que puede ir escalando y están conscientes de los magros resultados que se han tenido -incluidos los gobiernos anteriores- en la desarticulación de estos grupos subversivos, que tienen, según se comenta desde las ramas investigativas, un gran poder de organización, de recursos y capacidad de destrucción.

En esa dirección y tras un breve comunicado luego de la reunión y flanqueada por sus asistentes, entre quienes estaban los ministros de Interior y de Justicia, el general director de Carabineros, Gustavo González, el director de la ANI, Gustavo Villalobos, el fiscal nacional (s) Alberto Ayala, el director de la PDI, Marcos Vásquez, la mandataria centró sus palabras en la sincronía que debe existir en todos los órganos pertinentes, para acelerar y otorgar eficiencia a la investigación: “La coordinación de las policías y organismo de inteligencia es fundamental para conseguir resultados concretos en la investigación. Le he dicho al fiscal que va a seguir contando con todos los recursos para fortalecer recursos de la fiscalía para llegar cuanto antes a esos resultados”, explicó la jefa de Estado, quien luego de sus escuetas palabras se retiró del salón Toesca de La Moneda, sin aceptar preguntas de la prensa.

Quien sí dio más detalles de la reunión fue el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, quien volvió a resaltar la importancia de tener un trabajo en conjunto con todos los órganos del Estado, para fortalecer la investigación. A su vez, informó que se resolvió fortalecer las medidas de seguridad esta semana, que tiene como día siempre conflictivo el 11. “Habrá personal de civil en el transporte público y uniformado y otras medidas especiales que hay que tomar en el transporte público. El gobierno pondrá todos los recursos disponibles de las policías, y la ANI van a estar disponibles para prevenir hechos futuros”, precisó. Con ese fin se espera para estos días una gran presencia policial en las calles día y noche, con constantes rondas de Carabineros por las calles.

Con estas medidas y este foco impuesto por el gobierno, en reunir a todos los poderes del Estado, La Moneda está intentando tomar las riendas de la situación, bajo el liderazgo del jefe de gabinete, con un duro tono de condena y mano dura, tras recibir críticas de debilidad frente al tema. Y en Palacio también preocupa que la pelea política gane terreno, y es por ello que quieren brindarle una visión de Estado. Y para tal efecto es que hoy a primera hora arribarán a La Moneda los presidentes de todos los partidos políticos y movimientos, para tener una reunión con la mandataria y Peñailillo.


Las falencias del sistema 


Desde varios sectores reconocen que existen graves problemas para llevar adelante las investigaciones. Razones, se esbozan varias: la poca coordinación que existe entre las policías, la naciente nueva justicia penal, como también la actual legislación en materia de ley antiterrorista como de inteligencia. En las primeras, desde Carabineros, sostienen que las labores de la PDI con la policía uniformada en varias ocasiones se “entorpecen mutuamente”, a veces ocupando recursos para perseguir a los mismos sospechosos, sin compartir información. También, admiten desde varios de estos órganos y desde el mismo Ejecutivo, que el sistema probatorio es complejo, y dificulta llegar a condenas. Y en los últimos dos puntos, el ministro del Interior fue claro en que este mes entrará una nueva ley antiterrorista, y que los cambios a la ley de inteligencia, que trabaja el mismo Peñailillo, apuntarán en tres direcciones: al sistema nacional de inteligencia en su conjunto; al fortalecimiento de la ANI y en ampliar las atribuciones como ocurre con la ley 20 mil de drogas.

Tres querellas invocan a ley antiterrorista

Al cuarto Juzgado de Garantía de Santiago llegaron tres querellas, invocando la Ley Antiterrorista. La primera fue interpuesta por la subsecretaría del Interior, apelando a esta normativa bajo el argumento de que el explosivo fue colocado con el fin de producir en la población, o en una parte de ella, un temor injustificado. El gobierno ha apelado a esta legislación en otras dos ocasiones este año (en el bombazo en el metro Los Dominicos, y en el atentado a la 1º Comisaría de Santiago).

El Ejecutivo ha explicado en reiteradas ocasiones que esta ley no se puede aplicar en cualquier hecho de este tipo, debido a la complejidad que existe al momento de las pruebas, sobre todo, en el elemento de subjetividad para probar que se intentó efectivamente infundir miedo. Así también, se debe probar que el atentado iba dirigido hacia la población en general y no hacia una persona en particular. El equipo de asesores jurídicos es quien aconseja al gobierno cuándo procede invocarla y cuando es preferible otra ley, como la de Control de Armas. En esa misma línea, el alcalde de Las Condes presentó otra querella, acompañando en el escrito relatos de testigos. En tanto la UDI, representada por el diputado Gustavo Hasbún y el senador Juan Antonio Coloma, hicieron lo propio bajo la misma línea argumentativa.

Fiscal reconce complicaciones

Por su parte, el fiscal nacional (s) Alberto Araya explicó a la salida del Consejo de Seguridad en La Moneda, que ha sido un largo proceso de trabajo la adaptación al nuevo sistema penal, tras la reforma que comenzó en Santiago hace ocho años. Sin admitir concretamente un fracaso, sí mencionó los problemas que existen, sobre todo, en el campo operativo: "La experiencia nos enseña qué medidas podemos tomar y cuáles no. Llevamos en Santiago 8 años de existencia, antes investigaba el Poder Judicial con más de 180 años de experiencia y aprendemos de lo malo y sacamos el provecho". A su vez , reconoció que faltó coordinación en la entrega de recursos extras de parte del gobierno, pero que ya cuentan con todo lo necesario, por lo que había que centrarse en el futuro.

El Ministerio del Interior convocó para este miércoles a las 8:30 horas una “cumbre política” en La Moneda a la que están citados todos los partidos políticos con representación parlamentaria, sean de la Nueva Mayoría, de la Alianza o independientes. Durante el encuentro se abordarán los hechos ocurridos el día lunes, cuando un artefacto explosivo detonó en las inmediaciones de la galería comercial SubCentro, en Metro Escuela Militar, dejando un saldo de 14 heridos.

Y es que la propia Presidenta Bachelet ha hecho ver la intención del gobierno de abordar el tema con unidad nacional. “Estamos enfrentando un tema de Estado. Es el momento de la unidad, que todos rechacemos estas acciones”, sostuvo el lunes la Mandataria.

El objetivo de la cita es amarrar con los partidos el respaldo a la urgente agenda legislativa que impulsará el gobierno para combatir este tipo de actos y modificar además la Ley Antiterrorista. La reforma a la normativa será despachada después del 18 de septiembre al Congreso con suma urgencia. Asimismo, en octubre próximo, se enviará una iniciativa para modificar también todo el sistema de Inteligencia.

En lo que respecta al sistema de Inteligencia, se pretenden introducir cambios en tres niveles: a las siete instituciones que actualmente lo compone; fortalecer a la Agencia Nacional de Inteligencia; y ampliar las atribuciones de la Ley 20.000 de Drogas para abordar otros delitos.

“Un punto muy relevante es que las tareas de inteligencia, los datos obtenidos desde la Inteligencia puedan servir de prueba en los juicios, eso es muy relevante que cambie porque no se puede perder todo el trabajo de inteligencia. Hacerlo es esencial”, sostuvo el ministro Rodrigo Peñailillo, en el punto de prensa posterior al Comité Operativo de Seguridad llevado a cabo la noche del lunes en La Moneda.

Ambas iniciativas estaban siendo trabajadas por equipos coordinados por el Ministerio del Interior semanas antes de ocurrido el atentado en Escuela Militar. Con ello, el gobierno esperaba poner los temas sobre la mesa para su debate parlamentario antes de que septiembre llegara a término.

Para La Moneda, el escenario ideal es que al menos la nueva Ley Antiterrorista sea despachada por el Parlamento antes de fin de año y que se haya avanzado en el debate de la Ley de Inteligencia.

Participaron autoridades policiales, de la fiscalía, agencia nacional de inteligencia, Corte Suprema y los ministros de Justicia e Interior.

Celeridad. Ese fue el énfasis que se puso en el primer comité operativo de seguridad. Una reunión habitual de las policías, pero que ahora fue encabezada por la presidenta Bachelet tras el ataque explosivo en la estación Escuela Militar del Metro de Santiago.

Una medida que busca abarcar la coordinación de los distintos organismos del Estado, para dar con los responsables del bombazo que dejó 14 heridos. Todo esto mientras el Ejecutivo se querelló invocando la ley Antiterrorista.

Por otra parte, el fiscal exclusivo del caso monitorea las imágenes de las cámaras de seguridad y afirmó que se estarían investigando a más de dos personas. Paralelo a ello, durante esta jornada hubo dos avisos falsos de bombas en distintos sectors de Santiago.

Tras finalizar la reunión extraordinaria del Consejo Operativo de Seguridad en La Moneda, donde participaron entre otras autiridades el Director de Carabineros, general Gustavo González Juré, y su par de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Marcos Vásquez, la Presidenta Michelle Bachelet dio a conocer las principales conclusiones de las autoridades presentes respecto a las medidas que se tomarán luego del atentado terrorista ocurrido ayer en la estación Escuela Militar, y que terminó con 14 personas heridas.

La Mandataria señaló que se revisaron "los vacíos legales que dificultan una respuesta más eficaz (ante este tipo de hechos), hablo de las modificaciones a la ley Antiterrorista, que está encargada a un grupo de expertos".

Bachelet señaló también la necesidad de aprobar a la brevedad la ley de control de armas y explosivos. Añadió que ha entregado instrucciones al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y al titular de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, para que refuercen la seguridad de las personas en el Metro y en la red de buses, con el objetivo de prevenir acciones de riesgo. Además deben dar a conocer los pasos que deben seguir los ciudadanos en caso de emergencia.

"Vamos a aplicar todo el peso de la ley a quienes resulten responsables, no nos va a temblar la mano", enfatizó la Jefa de Estado, junto con recalcar que "lo que estamos enfrentando es un tema Estado".

La Presidenta Bachelet aprovechó la situación para hacer un llamado a la cooperación de la comunidad, la que a su parecer "resulta fundamental". Para la Mandataria, "necesitamos una actitud vigilante de todos y todas".

La Jefa de Gobierno concluyó diciendo que "es el momento para la unidad del país".

Minutos después el sensdor de Renovación Nacional Alberto Espina le expresó su apoyo, y usando su cuenta de Twitter escribió "El terrorismo es un problema de Estado. Comparto la opinión de la Presidenta que se debe enfrentar con unidad y sobre todo voluntad política"

Mientras el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, ejercía el rol de articulador político del gobierno de Michelle Bachelet, el ataque terrorista en el Subcentro de la Escuela Militar lo sacó brusca e inesperadamente de libreto, cambiando su agenda por una centrada en la Seguridad Ciudadana, área que había quedado, más bien, centrada en la Subsecretaría del Interior y en la del Delito. 

Desde el mundo político siguen con atención la actuación del jefe de gabinete, que dejando en segundo plano la conducción de las reformas, se vio conminado a asumir este nuevo rol que podría afectar el destino del gobierno. 
Tanto en el oficialismo como en la oposición coinciden en que el atentado terrorista del lunes es “la prueba de fuego” del, hasta ahora, más popular ministro político. Si bien unos y otros plantean que no se pueden atribuir responsabilidades políticas en lo sucedido esta semana, sí admiten que éstas se harán efectivas a partir de la forma como actúe el gobierno y, en particular, Peñailillo en su calidad de responsable de la seguridad pública. De hecho, un dirigente de la Alianza advierte que “tiene que atreverse a cruzar la frontera y endurecer su postura frente al terrorismo”, toda vez que una de las principales críticas es que la autoridad había dado señales de “debilidad” frente al tema.

Tema de Estado


Siguiendo este análisis, la gran apuesta de Peñailillo y su principal desafío es mostrar suficiente liderazgo como para convertir el problema del incipiente terrorismo en materia de Estado, algo en lo que también coinciden representantes de todos los sectores. Uno de ellos el timonel de la UDI, Ernesto Silva, quien visitó al ministro el lunes en la tarde, justamente para ponerse a disposición de apoyar su labor, siempre y cuando se tomen medidas en la línea de lo que el sector propone, explica con franqueza: “el país necesita unidad en torno a una acción fuerte que contenga el terrorismo”, advierte. En la misma línea, el senador gremialista Hernán Larraín señala que “no es el momento para juicios políticos, sino para actuar con criterio de unidad institucional. Hay que avanzar en ese espíritu”. Por otra parte, el parlamentario recordó que cuando la Comisión de Seguridad realizó una cumbre sobre el tema, hace unos meses, el ministro usó esa plataforma para anunciar “perfeccionamientos a la Ley Antiterrorista y a los servicios de inteligencia”, lo que da cuenta de la preocupación que el secretario de Estado tenía en relación al tema.


Cambio de rol


Con este nuevo rol pasarían a segundo plano las reformas cuya responsabilidad se había atribuido Peñailillo cuando se hizo cargo, por ejemplo, de las negociaciones por el binominal o el tender puentes con el empresariado para tranquilizar al sector por el complejo momento económico. Sin embargo, como lo percibe un representante de la DC en el plano de la seguridad pública al ministro se le abre “una tremenda oportunidad para catapultarse políticamente, si logra sacar adelante la investigación y las modificaciones necesarias a la Ley Antiterrorista y de inteligencia. Por eso que es un tremendo desafío. O, de lo contrario, pierde lo que ha logrado hasta hoy”.

El desafío de aglutinar al oficialismo y la oposición detrás del objetivo de intentan contener el terrorismo en Chile es percibido como el más importante para lo que resta de la gestión del ministro. En este contexto, el senador de RN Francisco Chahuán, destaca la necesidad del cambio de rol en el quehacer del ministro de articulador político a responsable de la seguridad. A su juicio, el atentado “marca un antes y un después para Peñailillo y se va a poner a prueba su liderazgo y en esto se juega el futuro de su gestión si no logra que este problema se asuma como una tarea de Estado”.

Por su parte, el también RN Alberto Espina –integrante de la Comisión Especial de Seguridad- admitió que si bien hace un tiempo discrepó con el diagnóstico del gobierno en materia de terrorismo, ahora “es el momento de apoyarlo y cerrar filas, porque se trata de una materia de Estado muy seria”. Pero acto seguido agrega que “la prueba de fuego de Peñailillo va a ser la prontitud con que presente los proyectos de ley y sus contenidos y la capacidad que muestre para conducir a las policías y los servicios de inteligencia de manera que las investigaciones den resultado, porque de lo contrario no sólo se debilita políticamente, sino que comienzan las responsabilidades políticas”. Mientras que la lectura que hace un representante de la Nueva Mayoría es que desde hace unos meses, el ministro perdió su “gran capital que era justamente el de no tener agenda propia al interior del gabinete, por lo que si no le va bien en este desafío va a salir trasquilado y va a perjudicar al gobierno”.

EEUU alerta de "potencial riesgo" a ciudadanos

La Embajada de Estados Unidos en Chile, envió ayer un mensaje a sus ciudadanos informando respecto al atentado, ocurrido el lunes en el exterior de la estación Escuela Militar del Metro de Santiago.

La delegación estadounidense indica en su comunicado que "la explosión, que hirió a 14 personas, es la última de una serie de detonaciones en lugares públicos ocurridas durante las últimas semanas".

Además, advierte que este incidente "sugiere un riesgo persistente para la población, proveniente de artefactos explosivos dejados en espacio públicos en Santiago. El número creciente de incidentes y sus ocurrencias aleatorias en el transporte público y espacio públicos presentan un potencial riesgo a los ciudadanos en Santiago".

En la misma línea, el mensaje de la embajada llama a todos los ciudadanos de Estados Unidos a "aumentar su vigilancia y evitar paquetes sospechosos o mochilas abandonadas en zonas públicas, así también como en el transporte en Santiago". De hecho, insiste en que si se encuentran con alguno de estos elementos se alejen del área cercana y "alerten a las autoridades inmediatamente".

Esta misiva se suma al documento preparado en agosto por el Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero de EE.UU. (OSAC, por sus siglas en inglés). Esta organización público-privada, alertó en esa ocasión a las empresas que están instaladas (o desean instalarse) en Chile sobre un "repunte de las actividades anarquistas con artefactos explosivos improvisados".

Otros países como Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido (entre otros), también han venido advirtiendo a sus ciudadanos sobre posibles riesgos asociados a los últimos atentados en el país.