La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) levantó la voz. El presidente del gremio, Jorge Mas, envió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una solicitud para que este organismo proponga a la Presidenta de la República la dictación de preceptos legales y/o reglamentarios “necesarios para fomentar la competencia” en la oferta de servicios asociados al suministro de energía eléctrica.

“Lo anterior, a fin de corregir los vacíos de la regulación actual que crean incentivos para permitir que las empresas de distribución eléctrica incurran en conductas contrarias a los principios de la libre competencia en dicho mercado”, afirma Jorge Mas.

Según el escrito, el objetivo de esta solicitud es “corregir los vacíos de la regulación actual que crean incentivos para permitir que las empresas de distribución eléctrica incurran en conductas contrarias a los principios de la libre competencia”.

La CChC sostiene que existen una serie de vacíos que deben ser regulados, y añade que se configura un fenómeno de posición dominante en las empresas de distribución y sus servicio asociados.

Según consigna la Cámara, el mercado de la construcción debe lidiar con serias asimetrías en la información, generando falta de transparencia en el negocio: “la existencia de ventajas en costos y de ventajas de control por parte de las empresas de distribución sobre instancias críticas de los proyectos de construcción, entre otros factores, permiten a estas empresas desplegar conductas estratégicas que obstaculizan la competencia en el mercado”.

De acuerdo al recurso no contencioso enviado por Jorge Mas, los problemas en cuestión se observan particularmente en los servicios de instalación de empalmes eléctricos, de alumbrado público y traslado de postes de luz al interior de los proyectos inmobiliarios que se encuentran en el área de concesión eléctrica.

En el caso de los proyectos de empalme y alumbrado público se configuran una serie de prácticas que, a juicio del gremio, “causan graves y directos daños a las empresas constructoras e inmobiliarias, los instaladores externos que compiten (actual o potencialmente) con las empresas de distribución en la prestación de servicios asociados y, muy especialmente, los adquirentes de nuevas viviendas”.

Según acusa la CChC, las empresas de distribución retrasarían injustificadamente la entrega de los presupuestos, proyectos y certificaciones que los desarrolladores inmobiliarios les solicitan, y este retraso aumentaría los costos de la obra, generando incertidumbre que desincentiva contratar con terceros. Asimismo, manifiesta que dichas empresas proveedoras entregan presupuestos insuficientemente desagregados que impiden comparar con otros actores del mercado. 

Entre otras medidas, el petitorio del gremio solicita que se dicten normas que fomenten la transparencia y publicidad en la oferta de servicios asociados y sus tarifas, y que se propicien organismos certificadores de instalaciones eléctricas independientes de las empresas de distribución, autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC.

El mercado eléctrico sigue en la esfera de las autoridades de libre competencia.

Ayer el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aprobó el inicio de un proceso de recomendación normativa para proponerle al Ejecutivo que regule la competencia en la oferta de algunos servicios asociados al suministro de energía eléctrica.

Fue la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) la que solicitó este pronunciamiento, que está enfocado particularmente en las prestaciones relacionadas con la construcción de viviendas.

El gremio, que es representado por los abogados Julio Pellegrini y Pedro Rencoret, de la oficina Pellegrini & Cía, acusó en su presentación la existencia de vacíos legislativos que permiten que las distribuidoras eléctricas aprovechen su monopolio natural para impedir la competencia en algunos de estos servicios, que en total suman 24.

Entre ellos destacan las instalaciones de empalmes eléctricos y de alumbrado público, así como el traslado de postes.

Adicionalmente, argumentan que estos servicios, a diferencia de la distribución eléctrica que es un monopolio natural y regulado, están expuestos a la acción de las empresas para entorpecer la libre competencia.

Esta conducta, explica el gremio, provoca que los principales afectados sean las viviendas sociales, que verían encarecido su costo por estas malas prácticas.

Para mitigar estas consecuencias la asociación gremial solicitó la dictación de normas que fomenten la transparencia y publicidad en la oferta de servicios asociados y sus tarifas.

Entre ellas que se exija la adecuada desagregación y especificación de los presupuestos, para, entre otras cosas, facilitar la comparación.

Además, piden que se establezca, mediante norma, una uniformidad de requerimientos y plazos a la prestación de servicios asociados.

También solicitan que se promueva la creación de organismos certificadores de instalaciones eléctricas independientes de las empresas de distribución y autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), de manera similar a la existente en relación a organismos certificadores de instalaciones de gas domiciliario.

El acceso abierto a insumos relevantes en la prestación de servicios asociados es otro de los requerimientos de la Cámara, en la medida que se cumpla con condiciones razonables de seguridad y precio.

Finalmente piden que el TDLC dicte todos los preceptos legales y reglamentarios que estime pertinentes y necesarios para fomentar la competencia en la oferta de servicios asociados