Criterios divergentes sobre la energía geotérmica tiene divididos a los ambientalistas. ¿Debería avalarse su explotación en parques nacionales? ¿Lo haría solo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o también la empresa privada?
Estas son algunas de las dudas de varios actores del sector, justo cuando esta técnica, que aprovecha el calor de la tierra, es de las principales apuestas del Gobierno para generar energía alternativa.
La geotermia no es nueva en el país; se usa desde 1994 y hoy es la segunda en generación con un 15% del total.
Aunque su explotación aún no es posible dentro de los parques nacionales, esa posibilidad es perseguida por tres proyectos de ley que esperan en el Congreso: dos del Movimiento Libertario (18.182 y 19.339) y otro del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), bajo el expediente 19.233.
El diputado libertario Otto Guevara favorece su autorización a concesionarios públicos, privados y mixtos en todo el país.
Por otro lado, Ottón Solís, del PAC, considera que solo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) debería sacar provecho, incluso en todas las áreas protegidas siempre que la entidad contribuya con cánones y compensaciones, como compra de tierras.
El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) pidió congelar los tres proyectos, al menos hasta marzo, cuando se espera, concluya la mesa de diálogo nacional y esté lista la política energética.
¿Y el ambiente? Mario Boza, uno de los fundadores de los parques nacionales, negó que el país atraviese una crisis energética, como dice el ICE y cree innecesario e inconstitucional explotar la tierra dentro de esas áreas protegidas.
En lugar de eso, demandó que se aumente el “discriminatorio” tope de potencia del 15% para generadores energéticos privados.
Tanto Boza, como Osvaldo Durán, de la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon), opinan que la segregación en los parques abriría las puertas al desarrollo de cualquier tipo de explotación comercial en ellos.
Según Durán, “mucho más grave (que autorizar al ICE) sería tomar un parque nacional y dárselo a un explotador privado”.
Agregó que es inútil pretender compensar daños a los parques, ya que se trata de zonas únicas, y opinó que sería difícil que un impuesto por este tipo de explotación resulte útil, pues duda que los fondos obtenidos terminen favoreciendo el sitio afectado.
Sobre las complicaciones con el canon y la compensación de tierras, coincidió Bernardo Aguilar, director de la Fundación Neotrópica, quien rechaza cambiar el uso del suelo en los parques, sea por el ICE o por manos privadas.
Aguilar expuso que la opción de explotar la geotermia en parques nacionales debe estar sujeta a parámetros rigurosos, como el segregar áreas pequeñas. No obstante, dejó claro que no avala ninguno de los proyectos en corriente legislativa.
Alejandro Masís, director del Área de Conservación Guanacaste (ACG), sostiene que “sería nefasto” segregar el parque. Empero, la administración debería poder dar permisos especiales al ICE; nunca a privados.
“Se deben hacer estudios ecológicos de línea base y de monitoreo sistemático y, luego, ecodiseñar cada proyecto en conjunto con el ICE. No basta con la viabilidad ambiental”, manifestó.
Según él, todos los costarricenses deberían entonces pagar el impuesto, por tratarse de un servicio ambiental.
Para Randall García, director del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), la geotermia, el canon y la compensación con tierras son aceptables, siempre que antes sea creado un instrumento para evaluar el impacto biológico. “El país no puede darse el lujo de desperdiciar la geotermia (...) Así como se invierten millones en verificar áreas con potencial, debe hacerse una inversión razonable en conocer qué biodiversidad resultará impactada”, dijo.
Mario Alvarado, director de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), aseguró que los privados tienen capacidad y experiencia de sobra en desarrollar geotermia y reclamó que el país lo impida.
