Con la publicación en el boletín oficial entró en vigencia ayer la ley que suspende por 120 días la actividad minera metalífera en la provincia. Obliga además al Ejecutivo a promover y organizar el debate, además de establecer el llamado a consulta popular por regiones para lograr la licencia social donde se pretenda avanzar con la actividad.

Además, el ministro de Gobierno, Javier Touriñán, consideró que el Congreso del PJ que se reunirá en diez días, debería expresarse al respecto. La Ley XVll Nº 127 fue aprobada por la Legislatura en una polémica sesión la semana pasada, y promulgada el viernes último por el gobernador Martín Buzzi, pese a los diversos reclamos de veto surgidos. Ayer fue publicada en el Boletín Oficial, lo que implica que ya entró en vigencia y comenzaron a correr los 120 días de suspensión de «cualquier actividad minera metalífera de primera categoría» en todo el territorio de Chubut.

Había surgido como una Iniciativa Popular con más de 13 mil firmas de ciudadanos que promovían la prohibición de la minería metalífera en la provincia. Pero diputados del FPV y del PJ hicieron tantas modificaciones al proyecto que prácticamente no quedó nada del inicial. En una sesión caliente, polémica y con ribetes escandalosos, se aprobó el dictámen de mayoría que establece que obligatoriamente toda actividad minera deberá contar con licencia social y «para ello se deberá utilizar el mecanismo de Consulta Popular Vinculante... abarcando la región o localidades afectadas por el proyecto exploración». 

POSTURA DEL PJ El 14 de diciembre se realizará el Congreso del PJ chubutense, donde el ministro Touriñán consideró que «se debería tratar el tema; debería hablarse por lo menos». Recordó el ministro de Gobierno que la decisión fue promover en los Consejos de Localidad del partido el debate interno en el peronismo, y estimó que la cuestión debería exponerse en el Congreso provincial del PJ. 

Hizo hincapié en que «se está cambiando bastante el eje de lo que se votó. La situación sigue siendo exactamente la misma que el día de la votación con un agregado: sigue vigente la 5001 pero con consulta popular. No sé en qué afecta a los ambientalistas».

Para el abogado constitucionalista José Raúl Heredia la consulta vinculante sobre cualquier tema en Chubut tiene que incluir a todo el electorado de la provincia, por lo que el texto de la ley que llama a debate por la minería sería contradictorio con la Constitución de Chubut.

“La Legislatura está haciendo una delegación inconstitucional prohibida por el artículo 12 de una potestad que le es propia, que es llamar a consulta popular vinculante”, manifestó Heredia en contacto con FM Bahía Engaño de Rawson. Tampoco se puede hacer sobre cada proyecto, sino sobre toda la actividad, argumentó.

“La consulta popular vinculante está prevista para la Legislatura y está relacionada con proyectos de ley en tratamiento parlamentario que tiene por objeto depositar en el electorado, en todo el pueblo de la provincia del Chubut, la decisión última sobre la sanción de un proyecto de ley”, describió.

“La ley se refiere a una consulta vinculante, como está redactada, y remite a la ley de consulta popular que regula este mecanismo de democracia semidirecta. A primera vista hay una incompatibilidad de la Constitución y esa ley porque deberá ser por región o localidad afectada por un proyecto de explotación; esto no lo pueden hacer la Legislatura o el Ejecutivo”, indicó.

POR 120 DIAS

La suspensión de la actividad minera metalífera en Chubut se traduce en la Ley XVII 127, que se publicó ayer en el Boletín Oficial. Allí se establece suspender en todo el territorio provincial el inicio de cualquier actividad minera metalífera de primera categoría por el término de 120 días.

“Establecer que previo al inicio de la actividad del aprovechamiento minero metalífero deberá contarse, obligatoriamente, con licencia social. Para ello se deberá utilizar el mecanismo de Consulta Popular vinculante, previsto en la Ley XII 6 (antes Ley 4564), abarcando la región o localidades afectadas por el proyecto de exploración”, se lee en el artículo 4. Esa ley que se menciona establece que la consulta popular vinculante o no vinculante es un voto obligatorio, organizado por el Tribunal Electoral Provincial y dentro de los 180 días de sancionada la ley de convocatoria. Se entiende que habla de una consulta para todo el electorado y no una parcialidad. “El Poder Ejecutivo deberá promover, organizar, pautar y garantizar el debate sobre la minería en todo el territorio provincial”, señala antes en el artículo tercero la legislación surgida de la sesión del 25 de noviembre.

En aquella sesión hubo presencia de grupos promineros y antimineros que venían planteando sus argumentos.

El abogado constitucionalista Raúl Heredia dijo ayer que hay «una incompatibilidad entre el artículo 4 de la ley sancionada» por la Legislatura la semana pasada «y el texto de la Constitución y de la propia ley a la que remite el artículo 4.

Dicho artículo -subrayó- dice que deberá contarse con licencia social y se deberá utilizar el mecanismo de consulta popular vinculante, abarcando la región o localidades afectadas por el proceso de exploración. Esto no lo puede hacer la Legislatura ni el Ejecutivo». «La consulta popular vinculante está prevista para la Legislatura y está relacionada con proyectos de ley, en tratamiento parlamentario que tiene por objeto depositar en el electorado, en todo el pueblo de la provincia del Chubut, la decisión última sobre la sanción de un proyecto de ley», manifestó Heredia en declaraciones a FM Bahía Engaño de Rawson.

«Esto no se compadece con el objeto de este mecanismo de democracia semi directa para conocer la opinión del pueblo sobre un proyecto de ley en tratamiento parlamentario. La provincia tiene que votar. Después se puede llamar a consulta no vinculante, pero siempre se refiere a una consulta popular donde interviene todo el pueblo de Chubut», resumió el ex diputado provincial y ex miembro del Superior Tribunal de Justicia.

El Concejo Deliberante de Esquel aprobó ayer por unanimidad un proyecto de declaración mediante el cual solicitan a la Legislatura Provincial, «la inmediata derogación» de la «Ley Minera» XVII Nº 127 por considerarla contraria a los intereses del pueblo.

Asimismo, piden el «urgente» tratamiento del Proyecto de Ley 075/14 presentado por la Unión de Asambleas de Ciudadanos del Chubut (UAC) mediante el mecanismo de Iniciativa Popular y que busca establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras. 

Los bloques del Frente para la Victoria, Chubut Somos Todos y Frente Vecinal Esquel coinciden en que el martes 25 de noviembre los legisladores provinciales en sesión ordinaria aprobaron en votación nominal y por mayoría de 15 votos a favor y 12 en contra, «un proyecto distinto» al presentado por la UAC de Chubut. Al tomar la palabra, la concejal Zulema Andén (Chubut Somos Todos), destacó que la voluntad de las comunidades «deben ser un mandato en nuestra función pública. Me ha sorprendido la cartelería que se lució en algunas calles de la ciudad –en contra de los diputados del FpV Elva Willhuber, Héctor Trotta, y Javier Cisneros, que votaron en contra del proyecto de iniciativa popular-.

Y poniéndome en situación diría: cuánto nos condena el pueblo cuando no actuamos en consecuencia con lo que demanda. Porque el pueblo es soberano y nos olvidamos que tenemos que estar a su servicio». Ocupar una banca y representar a una comunidad «es un ejercicio comprometido, responsable. Me pregunto qué faltó en nuestros diputados cordilleranos para que esto no llegue a feliz término. Si estos diputados hubiesen tenido la grandeza, la honorabilidad y el respeto por la comunidad de Esquel la ley XVII Nº 127 no estaría en vigencia hoy», indicó. 

«LA VOLUNTAD POPULAR NO SE TRAICIONA» 

Hoy «los vecinos de Esquel piden que estos diputados sean declaradas personas no gratas. Y no hay peor cosa para un funcionario que recibir el repudio de su comunidad y que se luzca en cartelerías. Parece ser que cruzan la Portada y se olvidan de que existimos y que hay un mandato de esta comunidad, y que la voluntad popular no se traiciona, no se vende y esto es ley», manifestó Andén. Asimismo, «creo que estos tres diputados –Willhuber, Trotta y Cisneros- no representan la voluntad ni el pensamiento, ni la expresión de lo que es el Partido Peronista.

 Y vería con buen agrado que sea el Partido Peronista quien los condene y los expulse por haber actuado de espaldas al pueblo». Por su parte el concejal Juan Devetak (PJ), planteó que Esquel «tiene una posición en la inmensa mayoría de sus habitantes y por eso duele cuando aquellos que tiene que representar al pueblo no lo escuchan. Somos elegidos para escuchar la voz del pueblo y en este caso nuestros legisladores provinciales no lo hicieron y por eso está bien que el pueblo se los haga saber».-