La procuradora general, Alejandra Gils Carbó , se entrevistará esta semana con seis candidatos que tiene en carpeta para decidir cómo cubrirá la Unidad Fiscal AMIA, vacante por la muerte de Alberto Nisman.
Fuentes de la Procuración informaron a LA NACION que la idea es que no sea un solo fiscal el que ocupe el cargo, sino un equipo de posiblemente tres o cuarto, "experimentados" y no asociados a la gestión de Gils Carbó. Saben que no será una tarea simple. Tienen que encontrar quién quiera hacerse cargo tras la inquietante muerte de Nisman y frente a la complejidad de un caso donde no parece que vaya a ser fácil obtener resultados.
Además cuenta con la resistencia de antemano de dirigentes de la oposición que sostienen que la procuradora no tiene legitimidad suficiente para tomar semejante decisión y elegir ella sola al reemplazante de quien, tres días antes de morir, había denunciado a la Presidenta por pretender encubrir el atentado. Acusan a Gils Carbó de responder al kirchnerismo y reclaman un mecanismo de designación que ofrezca más garantías de imparcialidad.
"La procuradora debería autolimitarse y establecer un sistema de consulta pública como el que rige para designar jueces de la Corte y tomar una decisión fundamentada", dijo la diputada Laura Alonso (Pro). "No tiene legitimidad para aplicar el procedimiento ordinario."
En igual sentido, el radical Oscar Aguad afirmó que Gils Carbó, a la que acusó de ser "un apéndice del Gobierno", no tiene la independencia ni la "idoneidad moral" necesarias para tomar semejante decisión. Elisa Carrió (Coalición Cívica) dijo a LA NACION: "La procuradora carga sobre sus espaldas la muerte del fiscal Nisman y el miedo de cientos de fiscales".
Carrió anunció que está terminando una denuncia penal contra Gils Carbó, la Presidenta y el jefe del Ejército, César Milani, por interferir en causas judiciales.
Consciente de la delicada situación que atraviesa, la procuradora apuesta a dar una respuesta conciliadora. Hizo saber que no promoverá como reemplazantes de Nisman a ninguno de los funcionarios que trabajan con ella en la Procuración -"tampoco a ninguno vinculado a los servicios de inteligencia", advirtieron en su entorno- y que buscará a gente reconocida como independiente.
Para trabajar en el reemplazo, la semana pasada se reunió con los representantes de la AMIA y la DAIA; de Memoria Activa, de 18J (la agrupación encabezada por Sergio Burstein), y de Apemia (cuya referente es Laura Guinsberg).
Sólo una de estas organizaciones, que no fue la AMIA ni la DAIA, propuso el nombre de un fiscal, que la procuradora incorporó en su lista de posibles reemplazantes de Nisman. Su identidad no fue dada a conocer, pero es un fiscal federal de la provincia de Buenos Aires, según dijo a LA NACION una fuente cercana a Gils Carbó.
Esta fuente informó que quienes tienen hoy en carpeta son todos fiscales experimentados de la Capital y la provincia de Buenos Aires, y que podrían sumarse otros.
La idea original era formar un grupo con magistrados que se hicieran cargo de la UFI-AMIA en paralelo con el trabajo de sus respectivas fiscalías, pero algunas organizaciones pidieron que hubiera funcionarios con dedicación full time. Eso aún no está definido.
Como la Unidad AMIA tiene a su cargo tanto la investigación del atentado, que está instruyéndose en primera instancia, como el juicio oral por el encubrimiento (donde entre otros acusados está el ex presidente Carlos Menem), una posibilidad que estudian es designar a un grupo de tres o cuatro fiscales y que algunos se dediquen a un caso y otros, al otro.
Quienes sean nombrados podrían trabajar incluso en la denuncia que presentó Nisman contra la Presidenta, el canciller Héctor Timerman y sus presuntos cómplices del supuesto desvío de la investigación. Esto se debe a que las facultades de la unidad que dirigía Nisman, que tiene una planta de más de 40 personas, incluían la participación en casos vinculados a la causa AMIA. Fue así que intervino, por ejemplo, en la causa por presuntas escuchas ilegales donde está procesado Mauricio Macri porque el vínculo era Jorge Palacios, ex jefe de la Policía Metropolitana acusado de irregularidades en la investigación del atentado.
En la Procuración explicaron que la decisión de que sean varios fiscales y no uno los que reemplacen a Nisman se debe a dos motivos. A las recomendaciones internacionales que sostienen que para este tipo de causas es mejor por razones de seguridad, división de tareas y apoyo institucional, y a que, ante la gravedad de lo sucedido, es conveniente que no tenga uno solo todo el peso de la investigación.
"¿Qué garantía de vida va a tener el fiscal que reciba este caso?", dijo el juez Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados, que agrupa también a los fiscales. "Nisman está muerto por esta causa. Habría que estudiarlo, pero creo que debería involucrarse a una comisión investigadora o a un organismo internacional", agregó.
En Tribunales dijeron a LA NACION que Gils Carbó ya sondeó, sin éxito, a algunos fiscales. En la Procuración lo niegan.
Por el momento, Gils Carbó nombró al frente de la Unidad, como subrogante, al fiscal Alberto Gentili, a quien Nisman solía pedirle que lo cubriera durante las vacaciones. La designación de Gentili, un funcionario de bajo perfil y sin filiación política conocida, era originalmente hasta anteayer, pero la procuradora le pidió que siguiera ocupando el cargo durante dos semanas más. En ese tiempo, intentará definir el reemplazo definitivo de Nisman.
Alberto Nisman escribió al menos dos versiones de su denuncia contra Cristina Kirchner. Una es la que se dio a conocer de forma masiva, la misma que se presentó en los tribunales. Una copia parcial de la otra fue descubierta por la policía en el tacho de basura del departamento del fiscal muerto. Ese escrito, descartado por Nisman cuando estaba vivo, completaba la acusación que trascendió con el pedido de medidas resolutivas de alto impacto: solicitaba el desafuero y la detención de la Presidenta; del canciller Héctor Timerman; y también del piquetero Luis D’Elía.
Fuentes judiciales le confirmaron a Clarín que esa parte desconocida hasta ahora de la denuncia del fiscal del caso AMIA fue incorporado como prueba en el expediente que investiga su muerte.
En el escrito que presentó en el juzgado de Ariel Lijo, Nisman le pidió al juez que cite a declaración indagatoria a la Presidenta y al canciller, a D’Elía y lo mismo solicitó para el resto de los investigados en esta trama, como Jorge “Yussuf” Khalil, o el jefe de La Cámpora, Andrés Larroque.
La denuncia del fiscal fue difundida el jueves pasado a través de la agencia de noticias del Poder Judicial. En ese texto no están incluidos los párrafos de lo escrito por Nisman en los papeles descubiertos mezclados entre los deshechos de su casa. Pero hay partes de ese documentos que llaman la atención. La página 287 se destaca de las otras fojas no solo porque hacia el final está el pedido de indagatoria contra Cristina y Timerman.
Ocurre que la mayor parte de las oraciones redactadas por Nisman en esa carilla están tachadas con trazo negro: son 24 renglones ilegibles.Son párrafos que corresponden a la primera parte del “Petitorio”, o sea, al apartado en el que el fiscal le enumera al juez qué medidas le pide para avanzar con la pesquisa.
Los primeros dos puntos del “Petitorio” se pueden leer completos. Pero el “III” ya no. Empieza con la frase “Se decrete” y el resto fue tapado con tinta oscura. El punto “IV” se inicia con un “Se proceda”, pero es inútil intentar saber cuáles son las palabras que siguen: todo negro. El item “V” es el más extenso y también el más tachado. Arranca con el pedido de “Se practiquen” pero le siguen 12 líneas anuladas con el mismo método que las anteriores.
La medida que corresponde al número “VI” también es de lectura imposible. Apenas dice “Se proceda”. Otra vez las frases siguientes están suprimidas. En el apartado “VIII” vuelve la normalidad: es la parte en la que Nisman le pide al juez las declaraciones indagatorias de los imputados en su denuncia.
¿La otra versión de la acusación que se encontró en el tacho de basura del fiscal era una copia de esos párrafos tachados en el documento final?
Nisman presentó su denuncia contra la Presidenta en el juzgado de Lijo, según dice el sellado oficial, a las 8:45 del 14 de enero.
¿Por qué habría entregado su escrito con casi una página tachada a mano?
¿A último momento cambió esa parte de la denuncia? ¿Por qué? Son interrogantes que aun no tienen respuesta.
En las declaraciones que hizo a los medios para explicar el contenido y el alcance de su acusación contra el Poder Ejecutivo, Nisman no hizo alusión a un pedido de desafuero y de detención contra la Presidenta y el canciller. Pero en su casa se encontraron pruebas que indican que pensó hacerlo, tanto que lo escribió.
Esos papeles están ahora bajo custodia judicial: se incluyeron en el expediente que investiga la muerte de su autor.
Luego de que la noticia diera la vuelta al mundo, el caso Nisman ahora rebota en Venezuela. Esto se debe a que el fiscal argentino que apareció muerto en su apartamento de Buenos Aires había incluido a un funcionario chavista dentro de una maniobra con el objetivo de encubrir a los responsables de uno de los peores atentados terroristas que haya sufrido Argentina.
En las casi 300 páginas que componen la acusación que iba a presentar ante el Congreso argentino al día siguiente de su muerte, Nisman mencionó en ocho ocasiones a Venezuela y remarcó el nombre de su embajador Roger Capella, a quien incluyó dentro de una serie de hechos y personas que participaron en una cruzada por librar de culpa y cargo a los iraníes señalados por la explosión de una camioneta que en 1994 sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en la que fallecieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas.
Entre varios de los alegatos de su denuncia, Nisman incluyó al mencionado diplomático venezolano como uno de los organizadores de una manifestación que nueve años atrás se pronunció en contra de una sentencia que en ese momento ordenaba la captura de siete ex funcionarios iraníes.
"Capella fue quien en noviembre de 2006 incitó a Luis D\'Elía -piquetero oficialista argentino- a realizar una movilización contra la Justicia argentina por el atentado a la AMIA", afirmó Nisman en su denuncia que finalmente no pudo presentar en persona.
"La protesta en repudio a la decisión de la Justicia argentina, realizada en la sede diplomática de Irán y liderada por D\'Elía -con participación del referente iraní en Argentina, Jorge \'Yussuf\' Khalil- había sido incitada por el entonces embajador de Venezuela en Buenos Aires, Roger Capella", reiteró Nisman.
Silencio venezolano
Si bien la actual administración de Nicolás Maduro no ha dicho algo al respecto, en diciembre de 2006 Capella encendió la alarma de la dirigencia política argentina, y fue el propio Hugo Chávez quien lo admitió, según publica el periódico venezolano El Universal.
En su primera conferencia de prensa tras ser reelegido en 2007, Chávez dijo entre sus primeros anuncios que cambiaría a su embajador en Argentina luego de que sus actividades causaran "malestar" en el gobierno de Néstor Kirchner.
Pero como si esto fuera poco, el por entonces titular del Palacio de Miraflores confirmó que su colega argentino lo había llamado "preocupado" por las actitudes de su representante en el Cono Sur. "El embajador Capella no regresa a Buenos Aires", afirmó aquella vez el fallecido mandatario venezolano. Y su sentencia se transformó en realidad.
A raíz del resurgimiento de la vinculación del embajador chavista con la causa AMIA, el diputado venezolano Williams Dávila, del opositor partido Acción Democrática, ya anunció que pedirá una investigación sobre el caso.
Durante la próxima sesión que se llevará a cabo en la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, les planteará a los demás diputados que se ocupen de la gravedad que implica el hecho de que en Argentina empiecen a relacionar a Venezuela y su embajador en 2006 con el caso Nisman.
"Eso no es ingenuidad política, forma parte de una estrategia que se repite en el resto de los embajadas", aseguró Dávila. Y concluyó afirmando: "En la medida que un gobierno se relaciona con movimientos antisistema, a la larga puede terminar apoyando causas terroristas".
