Con 86 votos a favor, 21 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso otorgó las facultades legislativas al Ejecutivo por un plazo de 90 días. El gobierno había solicitado 120 días.
Las facultades solicitadas son para legislar en materia económica, financiera y administrativa.
El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, reafirmó que el pedido de delegación de facultades legislativas en materia económica “busca dar un impulso a la economía y destrabar una serie de proyectos e inversiones importantes”.
“No es un cheque en blanco. En una situación como la actual es necesario darle un impulso a nuestra economía, destrabar las inversiones que generen una inyección dinámica en el área de la Construcción”, señaló el Premier.
Cateriano aseguró al Pleno que con estas medidas se podrán beneficiar proyectos como la construcción de la línea del Metro o, por ejemplo, destrabar el proceso de concesión de parte del terreno de la Base Naval. Para ello se requiere modificar la Ley de Expropiaciones que agilice esta clase de proyectos.
“Esta delegación de facultades legislativas tiene como objeto darle un impulso a la economía, a través de la Construcción, que es un elemento para el desarrollo de la economía de un país”, señaló.
La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, se presentó frente al Pleno con una serie de propuestas que buscan incentivar los sectores minero, energético y de hidrocarburos.
“En primer lugar, proponemos la modificación de la Ley de Concesiones Eléctricas con la finalidad de dar incentivo a los distribuidores de poder contratar a largo plazo. A la fecha existe una prima del 3% que ha demostrado ser insuficiente”, dijo la ministra.
Lo que busca el MEM es que las subastas a largo plazo cubran la demanda de energía de las empresas distribuidoras. Con este proyecto, prevé en el mediano plazo inversiones por S/ 9.000 durante los próximos 8 años.
Siguiendo con el sector de electricidad, Ortiz propuso modificar la Ley Marco general para la interconexión de sistemas eléctricos e intercambios de electricidad, con el fin de regular el aprovechamiento de los recursos hídricos favoreciendo la exportación de los excedentes a los países vecinos. La ministra aclaró que la prioridad la tendrá el mercado interno.
“Los beneficios que traerá esta norma es que facilitará la integración ordenada con los países vecinos, permitirá el desarrollo del parque generador hidroeléctrico y una eficiente utilización de los recursos hídricos”, señaló Ortiz. Además, se generará un canon hidroeléctrico de exportación e inversiones que rondarían los S/18.000 millones para los próximos 10 años.
El otro proyecto presentado, es un proyecto de Ley que autoriza al MEM a efectuar proyectos de electrificación rural viables y que se encuentran hoy en los gobiernos regionales y locales. Este proyecto permitiría la ampliación de la frontera eléctrica en el ámbito nacional, permitiendo la ejecución de aquellas inversiones que ya están en condiciones a fin de abastecer el mercado eléctrico rural.
Además pretende mejorar el marco normativo de la distribución eléctrica con el objetivo de crear una tarifa única residencial.
Respecto al sector minero, la ministra presentó dos proyectos. Uno, sobre el derecho de presentar petitorios por parte de los mineros informales que estén en proceso de saneamiento. “Esto ayudará a avanzar en el proceso de formalización permitiendo que sujetos formalizables puedan tener un título de concesionarios mineros”, dijo Ortiz, que espera que con esta norma se logre formalizar a los más de 55.000 informales que aún no logran alcanzar el proceso de formalización.
El otro proyecto que planteó Ortiz es la actualización del texto único ordenado de la Ley General de Minería. Con ello se busca perfeccionar el régimen de concesiones mineras incluyendo la forma en que se otorgan los títulos mineros, el derecho de vigencia y las causales de caducidad. También definirá los alcances de la pequeña minería y minería artesanal.
“Con este proyecto buscamos brindar un marco legal claro a los concesionarios mineros, actualizar el régimen de concesiones privilegiando a aquellos que efectivamente realicen inversiones evitando especulaciones, definir los ámbitos de competencia de los distintos organismo de gobierno, mejoras administrativas en los trámites, y reducir los conflictos con los dueños de tierras y zonas protegidas”.
Por último planea modificar la Ley orgánica de Hidrocarburos que consiste en la revisión y perfeccionamiento del marco general para el otorgamiento de derecho a las contratistas de hidrocarburos, incluyendo plazos para las actividades de exploración y explotación. “Buscamos prorrogar los contratos de explotación de petróleo y gas natural por un período de 30 y 40 años respectivamente; ampliar de 1 a 2 años el plazo de prórroga para importación temporal de bienes que sean utilizados por los contratistas en las actividades de exploración”, finalizó Ortiz.
