El ingeniero Mario Capello, del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CADIM) describió en el Canal 26 cómo actúa el cianuro en el medio ambiente en un accidente como el de la mina Veladero.
Federico Delgado es un fiscal federal con sede en Comodoro Py que reaccionó de manera "urgente” ante el derrame de cianuro producido a 1.500 kilómetros de su despacho, cuando dispone de un escándalo ambiental a pocos metros suyo que incluso puede contemplar a simple vista desde su oficina pero parece no haberle llamado la atención.
Delgado le pidió al juez Martínez de Giorgi que libere una orden urgente de presentación de los más altos directivos de Barrick en el país para que explique los alcances del derrame teniendo en cuenta que "han pasado 10 días y el pueblo de Jáchal aún no sabe si puede beber agua”.
Quedará a evaluación de cada uno si lo del fiscal se trató de una payaneada para la tribuna, una sencilla consecuencia de la desinformación o un eslabón más en la cadena de politiquería que rodeó el acto de negligencia de la compañía minera radicada en San Juan. Al menos queda claro que sí se trata de un abordaje cuestionable y asombroso desde lo legal: repara en lo ocurrido fuera de su jurisdicción y pasa por alto lo que ocurre a pocos metros suyo, con el agravante de que lo que tiene enfrente es un escándalo sin parangón en ningún rincón del país.
El delito de contaminación ambiental previsto en la ley 24051 establece que sólo será de jurisdicción federal en el caso en que sea interjurisdiccional. Es decir que únicamente en el caso en que se encuentren afectadas dos jurisdicciones tendrá competencia la justicia federal de la cual Delgado es fiscal y De Giorgi juez. Y en el caso que corresponda la jurisdicción federal, corresponde la intervención del juzgado federal de cada distrito, es decir en este caso el sanjuanino.
Un claro ejemplo de eso es la investigación penal por la escombrera arrojada desde la mina chilena Pelambres a la zona de la mina sanjuanina Pachón. Ambos litigios, el penal y el civil, se tramitan ante los tribunales federales sanjuaninos porque está en juego el mismo delito de contaminación. Allí hay un conflicto entre dos jurisdicciones, aunque en lugar de tratarse de dos provincias distintas se trata de dos países distintos, lo que también habilita a la justicia federal.
El atajo que pudo haber obtenido el fiscal Delgado para tomar intervención es que la sede central de Barrick en Argentina está en la Capital Federal, pero eso no tiene nada que ver con el lugar de la comisión del delito que dispara las actuaciones. Delgado se tomó de una presentación que hizo su colega fiscal Carlos Stornelli como consecuencia de una denuncia de una ciudadana llamada Celeste Trouchot. Agregó Delgado la posible comisión de otros delitos como envenenamiento de aguas incumplimiento de deberes de funcionario, para lo que tampoco tiene jurisdicción.
Es como si el fiscal federal sanjuanino Francisco Maldonado elevara una denuncia penal ante su juez jurisdiccional, Leopoldo Rago Gallo, por el delito de contaminación de la cuenca Riachuelo-Matanza contra el jefe porteño Mauricio Macri y los empresarios de todas las empresas que derraman metales pesados y químicos contaminantes en esa cuenca, incluido el cianuro. Sí, cianuro en pleno Riachuelo.
O si, para seguir una línea de reciprocidad, la justicia federal de San Juan ordenara un allanamiento en la 12, la barra brava de Boca con sede en ese clásico barrio porteño. Además de ministro de Seguridad de Scioli, el fiscal Stornelli fue jefe de seguridad de la Bombonera y tiene relación al menos telefónica con el condenado jefe de la barra xeneize, Rafa Di Zeo, a quien debe controlar de que no entre a la cancha.
En su denuncia, Delgado agrega afirmaciones temerarias para fundamentar su acción judicial. Sostiene que la gente de Jáchal no sabe si puede tomar agua, algo que nunca estuvo en juego más allá del temor generado por la mala comunicación del incidente y sus alcances por parte de la empresa Barrick. Todas las muestras tomadas con posterioridad en el río indican la ausencia de minerales derivados del cianuro, mientras la provisión de agua de modo preventivo se hizo en las localidades iglesianas de Angualasto, Malimán y Chinguillo solamente por disposición del protocolo, distantes todas a varios kilómetros de Jáchal, dique de por medio.
Donde sí las aguas del río representan una grave amenaza para la salud es a pocos metros del despacho de Delgado, que está en Puerto Madero sobre el Río de la Plata a pocos metros de la desembocadura del Riachuelo. Lo asegura el estudio ambiental de 1995 realizado por Alejandro Malpartida para la Universidad Tecnológica Nacional, que fue la base de un fallo de la Corte para ordenar la inmediata reparación ambiental, aún no iniciada dos décadas después.
El estudio indica la alta presencia de metales y químicos contaminantes provenientes de las industrias de la zona y el sistema cloacal de Berazategui que desemboca allí. Entre ellos, el cianuro, que está en valores del doble de lo tolerado por la salud humana: marca niveles de 10 micro g/l cuando el nivel guía es de 5. Pero no sólo cianuro en cantidades peligrosas hay en el Riachuelo sino también hay 10 veces más arsénico de lo tolerable (50 a 5 micro g/l), cromo (38 a 2), mercurio ( 5 a 10,1 micro g/l) o plomo (16 a 1). Estos últimos metales, mucho más dañinos para la salud de las personas.
Tan grave es la situación que el informe de 1995 señala que los peces de la zona del Riachuelo son "eficientes acumuladores de sustancias tóxicas” y constituyen una "vía crítica de contaminación para la población humana”.
Este proceso "ocurre cada vez que las aguas del Riachuelo alcanzan las del Río de la Plata, los pobladores pescan y consumen el pescado. Cabe señalar que según un reciente trabajo, los análisis de los sábalos que se venden en pescaderías e hipermercados superaron en 2 a 4 veces los límites aconsejados para el consumo respecto de los valores de referencia tomados con capacidad matugénica”.
Y remata: "muchos peces del Río de la Plata tienen un régimen alimentario tipo iliófago, incoporando los contaminantes que se depositan en los sedimentos, los cuales se terminan acumulando en los humanos que los consumen”. Los jueces federales que están a pocos metros de allí parecen no haber leído el informe.
Y un dato adicional. En la zona de influencia de la cuenca Riachuelo-Matanza viven 10 millones de personas que se ponen en contacto diariamente de una u otra manera. En Veladero, la primera localidad más cercana es Angualasto, a 120 kilómetros de distancia.
A casi dos semanas del derrame en Veladero, las contradicciones, la desinformación, las incertidumbres y la sensación de desamparo continúan, y por las calles las broncas caminan en reclamo de Justicia y Verdad.
Ayer, desde el norte sanjuanino llegaron a la ciudad casi cuatrocientos jachalleros e iglesianos. Tal como estaba previsto, la caminata comenzó en Rawson y Libertador. La columna de tres cuadras de personas, con carteles y pancartas que decían “Agua sí, Cianuro no”, “Fuera Barrick”, o “Jáchal unido jamás será vencido”, avanzaron por el carril norte de Libertador, con el acompañamiento y solidaridad de las diferentes organizaciones y asambleas que se sumaron a la marcha. Al llegar a calle Mendoza doblaron al sur, buscando la Plaza 25 de Mayo donde otro nutrido grupo de sanjuaninos los esperaba con más carteles y muchos aplausos. Los colectiveros, los motociclistas, los automovilistas y muchos transeúntes que seguían con sus tareas obligadas se sumaron también con aplausos y bocinazos. Los jachalleros y los iglesianos habían llegado a la ciudad.
A la hora de los discursos, tomaron el micrófono Domingo Jofré, Guido Altamira, Saúl Ceballos y Gisela Carrizo. En la oratoria, con una carga de emotividad muy grande, todos pidieron verdad, justicia y respeto al sentir de los pueblos del norte.
“La licencia social queremos que sea legitimada”, gritaban a viva voz. “Queremos que nos escuchen, queremos que nos tomen en serio” y la frase que se dijo hasta el hartazgo: “Basta de minería a cielo abierto”.
Entre otros reclamos, los oradores pidieron la renuncia de los responsables del gobierno provincial y también que el caso se lleve a la Justicia Federal.
EL PLANTÓN DE LA EMPRESA CLASUR
En diálogo con DIARIO HUARPE, Jorge Morales contó que la idea era llegar con más gente a la ciudad de San Juan, pero a última hora los cuatro colectivos de la empresa Clasur que habían reservado se cayeron ya que la empresa le informó que no podía mandar los vehículos.
“Van a hacer todo para callarnos pero no lo van a lograr porque el pueblo de Jáchal e Iglesia están unidos y no nos van a callar”, y luego remató: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.
ADHESIONES DE VARIOS SECTORES
Acompañaron la manifestación asambleas por el agua de Esquel, de Famatina y Mendoza. También se sumaron gremios, federaciones y asociaciones de varios sectores. Estuvieron Benjamín Kuchen, Margarita Stolbizer y Victoria Donda, entre otros políticos que se mantuvieron al margen, según pudo saber este medio, por el pedido de la misma gente, que no quiere que se tilde este reclamo como político. A la hora de las adhesiones se leyeron comunicados de organizaciones no gubernamentales, comunidades de pueblos originarios, asambleas comunitarias de todo el país, Greenpeace y hasta desde Chile, de la Asamblea del Agua de Atacama.
UNA JORNADA LARGA PARA TODOS
Como es costumbre en los asambleístas jachalleros, el acto en la ciudad terminó con el canto a capella del Himno Nacional y una vuelta a la Plaza 25 de Mayo. No obstante, los que se quedaron en el norte de la provincia tomaron la plaza departamental y montaron otra asamblea y con mates y tortitas jachalleras volvieron a deliberar, a la espera de los que habían viajado a la ciudad.
La llegada se produjo pasada la medianoche; contaron la experiencia y se volvió a circundar la Plaza San Martín y se cantó el Himno, pero esta vez con más fuerzas que nunca.
