Hace casi un mes se conoció la noticia de que el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) había iniciado un juicio ejecutorio contra Impsa para cobrar más de U$S 168 millones de un préstamo contraído en junio de 2014 que debía empezar a devolver un año después y no lo hizo. Ahora se escribe otro capítulo de la historia: el organismo financiero internacional sale a “rastrear” los activos de Impsa, y su subsidiaria Venti, para cobrarse con su liquidación desde el llamado “discovery”.
“El BID ha encarado el proceso de realización de descubrimiento (discovery en inglés) tanto de los acusados como de sus partes en relación a sus esfuerzos para hacer cumplir las cuestiones del juicio en su favor”, señala un escrito con fecha 8 de octubre, presentado por el estudio jurídico Eckert Seamans, Cherin & Mellott, representante legal del BID, ante el juez de Nueva York, Paul Engelmeyer.
Implica, en otras palabras, el primer paso para avanzar sobre activos de Impsa y hacer efectivo lo adeudado tras el fallo de septiembre. Así, si se detectaran bienes o proyectos asociados al holding de Enrique Pescarmona, incluso de su subsidiaria Venti en Estados Unidos, bastaría el OK de la Corte de ese país para proceder al embargo.
Además, de resultar fructífero el sondeo en otro país, la Justicia tendrá que aprobar el proceso de “discovery” internacional. Algo comparable a lo ocurrido en el conflicto entre los fondos buitre y el Estado argentino.
Pero no es todo. El 3 de noviembre, de acuerdo a lo expuesto ante el juez Engelmeyer, es el plazo solicitado por los abogados del organismo demandante para interponer “mociones adicionales respecto del descubrimiento” de activos y apurar así la ejecución de la sentencia. Asimismo, en la presentación acusa a Impsa y a Venti de intentar evadir la jurisdicción de Estados Unidos.
“Son un conglomerado empresarial con recursos más que suficientes para contratar abogados aquí”, argumentaron los abogados de Eckert Seamans.
La semana pasada, en medio de la tensión para lograr un acuerdo global en torno de su abultado pasivo que desactive la movida del BID, las principales espadas de Impsa se encerraron en un hermético silencio para no alterar el curso de las negociaciones.
Sin embargo, quienes conocen los intríngulis de la delicada relación con los tenedores de bonos asumen que si el BID avanza en su propósito podría condicionar el anhelado acuerdo por la deuda de casi U$S 400 millones que en 2014 la llevó al default. No sólo debido a lo que implicaría echar mano a una caja ya de por sí estrecha para cancelar el compromiso, sino por el hecho de que otros acreedores podrían seguir el ejemplo del banco y pedir lo mismo.
Por lo pronto, por estos días se podría definir si la Justicia de Brasil acepta la propuesta que le permita salir del concurso de acreedores por U$S 770 millones a WPE (Wind Power Energy), subsidiaria de Impsa en ese país, en un proceso que, aseguran, “sigue buen cauce”.
Pasado reciente y expectativa
Venti es una sociedad creada por Impsa bajo la jurisdicción y leyes de Luxemburgo, que hace poco más de un año se transfirió y radicó a la Argentina, más precisamente al mismo domicilio legal de la zona Industrial, en Godoy Cruz.
Fue la firma a través de la cual el holding gestionó y obtuvo, en junio de 2014, un préstamo de U$S 150 millones, con un período de gracia de 12 meses. Pero, al vencer dicho plazo sin efectivizarse pago alguno (Impsa ya estaba en default), el 16 de setiembre el BID recurrió a la Corte de Nueva York para pedir la ejecución de la deuda, que suma U$S 17 millones actualizada con intereses y multas.
No es la primera vez que Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. apela a un organismo financiero internacional para solventar sus proyectos. Hace un par de años, CAF (Corporación Andina de Fomento) y Bice (Banco Interamericano de Comercio Exterior) le aprobaron un crédito de U$S 52 millones a 10 años de plazo y 30 meses de gracia, para construir y poner en marcha el parque eólico de 25 megavatios de Koluel Kayke, en Santa Cruz.
Por lo pronto, la compañía intenta dar señales positivas respecto de su productividad con algunos proyectos eólicos en Argentina. No obstante, lo del BID no deja de preocupar.
“En un momento en que la empresa está en default, en busca de reencauzar su situación con sus acreedores y valiéndose de proyectos menores en el país para paliar la crisis, esta acción podría hacerle mucho daño si prospera”, analizó el presidente de Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos).
Respecto del impacto para las pymes subcontratistas, algunas de las cuales desde la crisis financiera lograron cobrar a cuentagotas sus contratos, en tanto otras aún esperan, para Totero “el panorama general no es alentador: con la cotización del petróleo en caída y los problemas del sector de ferroaleaciones que derivó en el cierre de algunas empresas como Manferro, la expectativa de generación de trabajo es baja”.
Inauguró el primer parque eólico Santiago del Estero
El mismo día en que ingresaba el pedido del BID a la Justicia neoyorquina, a miles de kilómetros, en la provincia argentina de Santiago del Estero Pescarmona inauguró el Parque Eólico El Jume, un proyecto de U$S 20 millones de dólares ubicado en la localidad homónima.
El corte de cintas se hizo con la presencia de ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y la gobernadora de la provincia, Claudia Ledesma.
Con una potencia instalada de 8 megavatios, el complejo promete generar energía para más de 50 mil santiagueños, en línea con el Sistema Interconectado Nacional.
El Jume abarca 4 aerogeneradores IWP-100 de 2.0 MW cada uno, los primeros en su tipo en Argentina, desarrollados por Impsa. Con una generación de 28.500 MW por hora al año, se estima que El Jume puede satisfacer el equivalente al consumo de energía anual de más de 17.000 familias.
