El grupo Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) busca acelerar los plazos de su proceso de renegociación de su pasivo para intentar acordar un plan de pago con sus acreedores a más tardar en marzo próximo. La decisión del holding que conduce el empresario Enrique Pescarmona se vincula con el cambio de clima político en el país. Es decir, con la asunción de Mauricio Macri a la presidencia en reemplazo de Cristina Fernández. Y este cambio de aires podría permitirle al conglomerado mendocino incluso un mejor escenario de negocios si se tiene en cuenta que con la administración kirchnerista no logró que se adjudicara ninguna de las obras que ganó en varias licitaciones convocadas durante los pasados 12 años.
De hecho, esta especie de congelamiento de negocios ayudó a complicar las cuentas de Impsa, junto con la falta de pago de emprendimientos energéticos que había iniciado para los gobiernos de Venezuela y Brasil, todo lo cual le provocó demoras en los pagos a sus proveedores, falta de recursos para cancelar sus deudas financieras y un pasivo de u$s 1000 millones.
La semana pasada, el grupo informó a la justicia de Mendoza, donde se tramita su concurso preventivo, sobre las negociaciones que viene llevando a cabo con entidades bancarias y otros acreedores para poder alcanzar un acuerdo que le permita reestructurar su deuda con la apertura de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), como marco jurídico.
Para poder abrir esta puerta, Impsa debe tener el aval de por lo menos el 66% de sus acreedores. Según Juan Carlos Fernández, CEO de Impsa, el holding está cerca de llegar a ese porcentaje. "El viernes pasado le entregamos al Segundo Juzgado de Procesos Concursales de la Primera Circunscripción de Mendoza una copia del Resumen de Términos y Condiciones suscripto con un grupo de acreedores financieros". En diálogo con El Cronista, adelantó que "en dos o tres meses seguramente estamos abriendo el APE". En los considerandos del plan de reestructuración, Impsa ofrece ceder el 40% de su capital a los acreedores, además de vender sus activos en Brasil, donde opera a través de su subsidiaria Wind Power Energy (WPE), que reporta a Venti, sociedad controlada por Impsa y que se presentó en convocatoria de acreedores con una deuda de u$s 770 millones.
"En Argentina, estamos operativos, y creemos que el cambio de gobierno será fundamental para que iniciar una nueva etapa, ya que con la anterior no logramos avanzar en los emprendimientos que nos fueron adjudicados", dijo. Como ejemplo, recordó que el freno a la exportación de 3300 toneladas de turbinas y generadores con destino a Venezuela por las trabas al comercio exterior del gobierno K. "Son dos barcos que no pudimos enviar por los problemas para exportar", señaló y consideró que con el cambio de políticas, "podremos retomar eso".
También aseguró que las negociaciones locales "están encaminadas", y anticipó que en Brasil "conversan con varios grupos interesados en nuestros activos, donde nuestras plantas están cerradas". El próximo 14 de enero habrá una asamblea de accionistas clave para el futuro de Impsa en Brasil, de donde debe salir para poder sobrevivir en la Argentina. En lo que respecta a Venezuela, el holding argentino logró regularizar la situación y retomar los negocios en dicho país. Para vender sus activos brasileños, Pescarmona contrató a la consultora G5 Evercore, que lidera el proceso de búsqueda de interesados entre los que se encuentran varios grupos chinos. WPE posee dos plantas en Brasil que se encuentran paralizadas y que están vinculadas con energía eólica e hidroeléctrica que se venderían por separado.
