El presidente Mauricio Macri solicitó a la justicia civil una "declaración de certeza", luego de que el fiscal federal Federico Delgado lo imputara por "omisión maliciosa" por no haber incluido en su declaración jurada su participación en dos sociedades offshore, reveladas por la investigación periodística internacional conocida como Panamá Papers.
Después del mediodía, el abogado Felipe Llerena (del estudio Llerena y Asociados), por instrucción del mandatario, presentó un escrito en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que luego fue delegado por sorteo al Juzgado Civil 104 de la Capital Federal, a cargo del juez Andrés Guillermo Fraga.
"Sé que hay alguna gente preocupada por estas denuncias de los Panamá Papers. Estoy muy tranquilo, he cumplido con la ley he informado la verdad y no tengo nada que ocultar", había dicho ayer Macri, durante una conferencia en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Cronista
El fiscal federal Federico Delgado imputó ayer al presidente Mauricio Macri al requerir que se investigue si "omitió maliciosamente" declarar su participación en una sociedad offshore, destapada el fin de semana último cuando se difundieron documentos que lo implicaron en el escándalo mundial conocido como Papeles de Panamá. "Le pedimos al juez federal Sebastián Casanello la apertura de una investigación para determinar si hubo una figura delictiva de omisión maliciosa", explicó Delgado.
La decisión se originó en la denuncia del diputado del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) Darío Martínez ante Casanello, para que se investigue si Macri incurrió en los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. En diálogo con radio Continental, el fiscal Delgado señaló que con su pedido busca "determinar si efectivamente se omitió la participación (del Presidente) en la sociedad" al no declarar su situación en la AFIP. "Lo primero que hay que hacer es chequear que la denuncia sea verídica", agregó el funcionario judicial.
En su requerimiento ante el magistrado, Delgado afirmó: "En este caso, habrá que determinar, como primer paso, si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada" y, a los efectos de iniciar la investigación, sugirió "que se obtengan los textos pertinentes de la agrupación de periodistas que dio a conocer los hechos", planteó Delgado respecto de la mayor filtración de información de la historia, que alcanzó a once millones de documentos correspondientes a las gestiones realizadas por el bufete de abogados Mossack Fonseca para sus clientes.
Delgado remarcó que la Justicia deberá requerir "a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) las declaraciones juradas de Macri" y solicitar al titular del organismo, Alberto Abad, "un amplio informe que detalle la dinámica tributaria y que especifique qué sujetos están obligados a declarar su participación en sociedades offshore". "Como primer paso hay que chequear si Macri, con intención y voluntad, omitió no declarar esa participación societaria que le atribuye el denunciante", indicó.
El diputado Martínez había hecho la denuncia este miércoles, tres días después de que se conociera que Macri fue director y vicepresidente de la firma Fleg Tradin LTD, radicada en las Islas Bahamas, y de otra sociedad denominada Kagemusha SA, registrada en Panamá.
El Presidente se defendió ayer asegurando que no tiene "nada que ocultar" (de lo que se informa aparte) y sumó a su defensa las palabras del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien relativizó las implicancias del jefe de Estado en el escándalo, al sostener que "lo imputado por ahora está lejos de la comisión de un acto ilícito". Fue en breves declaraciones a periodistas en el Palacio de Tribunales, adonde concurrió para un acto de homenaje a un año de la muerte del ex fiscal del juicio a los comandantes de la última dictadura militar, Julio César Strassera.
El escándalo, que estalló con la la filtración de documentos de abogados especializados en la gestión de capitales en paraísos fiscales, afecta a más de 140 políticos y funcionarios de todo el mundo, entre ellos jefes o ex jefes de Estado, o sus familiares. Por ello, Macri fue mencionado en las últimas horas en varios medios alrededor del mundo.
Norberto Oyarbide, el más cuestionado de los jueces federales, anticipó su decisión de renunciar. Lo hizo el mismo día en que el Consejo de la Magistratura analizaba la posibilidad de iniciarle un juicio político para removerlo. Lo habían citado para indagarlo por su desempeño en 2013, cuando suspendió el allanamiento a una financiera, luego de recibir un llamado telefónico de Carlos Liuzzi, el ex segundo de Carlos Zannini en el gobierno K.
Pero la salida de Oyarbide se da en medio de la polémica por la causa que Elisa Carrió le inició a Daniel Angelici, a quien acusa de ser “operador” del Gobierno en la Justicia.
Enojo Y ayer, apenas se difundió la decisión de Oyarbide -y que su renuncia sería aceptada por el Poder Ejecutivo- la diputada y líder de la Coalición Cívica reaccionó con dureza: “La renuncia de Oyarbide, el juez más corrupto de la Argentina, prueba su acuerdo con Angelici. Veremos que hace el Presidente (Mauricio Macri). Esto se llama impunidad”.
Oyarbide ya le entregó su renuncia al ministro de Justicia, Germán Garavano, y la intención sería aceptarla.
Y Carrió, por otro lado, seguía en la ofensiva contra Angelici. Días antes, la diputada había declarado ante el juez Sebastián Casanello, señalando que Angelici -también presidente de Boca- “operaba en los Tribunales de Comodoro Py”. No obstante, luego de ser recibida en Olivos por el presidente Macri, Carrió moderó sus críticas.
