Aunque ahora con otro nombre, el grupo indio Zamin Ferrous (Aratirí) sigue negociando con el gobierno la posibilidad de firmar un contrato para explotar cinco minas de hierro en la zona de Valentines y Cerro Chato. La confirmación de lo que se rumoreaba irrita a los ambientalistas que quieren prohibir la minería a cielo abierto, y al sindicato que impulsa una demanda contra Zamin Ferrous por incumplir el pago de despidos.

Aratirí compró una sociedad anónima denominada Invertexi que se constituyó en octubre pasado para realizar una gran diversidad de actividades, y a través de esa firma negocia ahora con el gobierno. Las autoridades de Invertexi S.A. cambiarán próximamente. El portal "180" informó ayer que el presidente de Invertexi era un chofer de la Junta Departamental de Montevideo.

Fuentes cercanas a Invertexi dijeron a El País que "en lo que tiene que ver con la composición del directorio de Invertexi S.A., está en marcha el proceso para designar a sus nuevas autoridades ya que como es usual en el caso de las sociedades nacionales que se adquieren ya constituidas, como fue el caso de Invertexi S.A., los directores son inicialmente aquellos designados por la firma que constituyó la sociedad".

"Invertexi está cumpliendo todos los pasos legales y se aguarda la llegada de representantes del exterior para completar la designación de los nuevos directores y para mantener todas las reuniones necesarias con las autoridades para poder avanzar con el proyecto", agregaron las fuentes. Invertexi se presentó el 15 de marzo ante el Ministerio de Industria y tiene 120 días corridos para negociar con el gobierno.

La empresa cambiará próximamente su nombre por el de Ferrovalentines S.A. Las fuentes dijeron que la denominada "ley de minería de gran porte" solamente establecía que Aratirí tenía la posibilidad de presentar un interesado y solamente exigía que fuera una sociedad anónima uruguaya. Nada establece respecto a que no pueda tener vinculación con al anterior interesado, que disponía de unos plazos para negociar que ya vencieron. Las fuentes confirmaron que el ex gerente general de la fábrica de celulosa UPM, Ronald Beare, actúa ahora como consultor externo de la minera.

Posible trasfondo

Raúl Viñas, referente del movimiento "Uruguay Libre" que se opone a la minería metalífera a cielo abierto, dijo a El País que la posible explicación de la presencia de Invertexi es que el grupo Zamin Ferrous quiera venderle al Estado los datos geológicos de la zona para recuperar parte de la inversión en exploración que realizó que rondó los US$ 170 millones.

"Los datos no le sirven a nadie. El hierro que hay tiene una concentración de solamente 28% por tonelada (los yacimientos más rentables tienen 60%) y no es competitivo", sostuvo Viñas. "Lo que hay que hacer es prohibir la minería a cielo abierto porque si no va a venir otro grupo y después otro. Lo que quiere hacer Zamin Ferrous es mostrar como que hay otro interesado en la información para poder venderla mejor", señaló.

Invertexi tiene como directiva a una geóloga que se desempeñó como gerente de Relaciones con la Comunidad del proyecto Aratirí.

La semana pasada el Parlamento votó prorrogar por tres meses el seguro de desempleo de los 90 trabajadores de Aratirí.Francisco da Silva, dirigente del sindicato de Aratirí, dijo a El País que los trabajadores están demandando a Zamin Ferrous por no cumplir en plazo el pago de despidos tal como se había comprometido en un convenio y que la prórroga del seguro de desempleo "es solo un paliativo". Con respecto a Invertexi, Da Silva fue claro al decir que "para nosotros es lo mismo, para nosotros es un testaferro", de Zamin Ferrous. El sindicato no ha mantenido ningún contacto con Invertexi hasta ahora, dijo da Silva.

Precio del hierro hace inviable la inversión.

La saga de Aratirí parece no tener fin. Cuando llegó a Uruguay, Zamin Ferrous sostenía que podía llegar a extraer 2.500 millones de toneladas de hierro de cinco yacimientos de las cercanías de las localidades de Valentines y Cerro Chato. En total estaba previsto que 500 hectáreas se destinarían a la extracción de hierro y otras 4.000 a la logística. Otras 7.000 hectáreas se destinarían a áreas de "mitigación".

Los ambientalistas que se oponen a la minería a cielo abierto entienden que Uruguay no debe destinar zonas de pradera a la minería. Además de la fuerte oposición de sectores ambientalistas y de algunos productores rurales de la zona la caída del precio del hierro en los mercados internacionales también conspiró contra la viabilidad del proyecto. Aunque ha subido 24% en lo que va del año, la tonelada de hierro ronda los US$ 53 y se estimaba que los yacimientos uruguayos requerían que la tonelada tuviese un precio mínimo de US$ 100 para ser rentables.

La baja concentración de hierro de los yacimientos de Valentines hace que el costo de extraerlo sea muy elevado y solamente se justifique hacerlo en momentos de precios muy altos, cuando las grandes mineras se interesan en todos los yacimientos, incluso aquellos más caros.

El proyecto Aratirí fue impulsado fuertemente por el anterior gobierno que creía que la minería le podría dar dinamismo a una zona del país deprimida económicamente.