Tal como adelantó La Opinión Austral, ayer por la tarde en Casa de Gobierno y en acto presidido por la gobernadora Alicia Kirchner, se llevó a cabo la firma de dos convenios en el marco del Programa Provincial UNIRSE (Unidos en la Responsabilidad Social Empresaria) con la Industria Minera, a partir del cual las operadoras efectuarán un aporte mensual, retroactivo al 1 de enero de este año, en función de la venta de la totalidad de los metales producidos.
Junto a Kirchner estuvieron el vicegobernador Pablo González y el gabinete de ministros de la provincia, además de titulares de distintos organismos del Estado como Fomicruz, IDUV, Consejo de Educación e intendentes de localidades mineras, entre otros.
El acuerdo fue rubricado por las operadoras Minera Santa Cruz y Goldcorp, señalándose por parte del Gobierno que se espera que el resto de las empresas que ya están en explotación se sume “en los próximos días” y el resto cuando ingrese en esa etapa.
Según se indicó, la rúbrica de estos convenios permitirá un ingreso superior a los 400 millones de pesos anuales que serán destinados a programas y proyectos de inversión social, de salud, obras y proyectos productivos, además de inversión tecnológica, que contribuya al desarrollo sostenible, indicaron.
Aclararon que se espera que en la actividad minera se refleje “en la recaudación anual para este 2016, un incremento de más de mil millones de pesos respecto del año inmediato anterior y contemplando además lo que se recaudará en regalías y cateos, tasas y emisión de certificados de origen”.
La negociación con las mineras fue llevada adelante por el ministro de la Producción, Leonardo Alvarez, quien calificó al acuerdo como “la confirmación de un nuevo modelo de relacionamiento entre la actividad privada y el Estado de Santa Cruz, para crear sinergia en beneficio de todos los santacruceños, y se enmarca en una agenda de trabajo conjunta que contempla además la toma de empleo provincial en cumplimiento de la Ley 3.141, la preeminencia de contratación para proveedores regionales y el agregado de valor de los recursos naturales extractivos”, señaló.
Y advirtió que mientras esperan replicar estos acuerdos con otras actividades, “intentamos sembrar conciencia para que todos entiendan que en la provincia de Santa Cruz, en el siglo XXI, no hay espacio para empresas ricas insertas en comunidades pobres y que la actividad económica debe tener como principal objetivo la sustentabilidad social”.
Fuerte ayuda
Al hablar en una colmada Sala de Situación, la gobernadora Alicia Kirchner sostuvo que ese acto fue el corolario de un trabajo que se concreta “en beneficio de nuestra comunidad y es para todos los santacruceños, porque toda esta recaudación tendrá una finalidad específica orientada hacia la inversión social, la promoción social y la salud”.
Allí señaló que “ustedes saben que la provincia está pasando por serios problemas económicos y el hecho de tener este apoyo, este ejercicio desde la responsabilidad social empresaria nos va a ayudar muchísimo, y lo vamos a afectar, por decisión política, a una cuenta especial, a distintos proyectos que tienen una mirada de abordaje territorial integral, no proyectos aislados, que tienen que ver con la atención primaria de la salud, con la salud comunitaria, con los distintos hospitales”, al igual que se financiarán “proyectos que tienen que ver con la capacitación, la terminalidad educativa, tecnicaturas y diplomaturas en los distintos oficios de acuerdo con las regiones y su sustentabilidad de cada una: En minería, en petróleo, en pesca, es decir, tendrá toda una orientación integral, no se tratará de proyectos aislados”.
MINING PRESS/La Opinión Austral
Días previos a la asunción de Alicia Kirchner, una de las últimas acciones que realizaron, por mayoría, los diputados del Frente para la Victoria fue derogar el Impuesto Inmobiliario Minero, sancionado durante la gestión de Daniel Peralta y el cual las operadoras mineras se resistieron, sistemáticamente, a pagar.
En aquel momento, la recaudación frustrada del impuesto, que había sido estimada en aquel año (2013) en 350 millones de pesos, estaba destinada al sostenimiento de la Caja de Previsión Social, explicó La Opinión Austral.
Apenas asumidas las nuevas autoridades, de inmediato se habló de abordar con las mineras un acuerdo voluntario de Responsabilidad Social Empresaria. “La derogación del impuesto fue esencial para eso”, indicó una alta fuente del Gobierno Provincial a La Opinión Austral, al confirmar que finalmente ese acuerdo será rubricado esta tarde en la Casa de Gobierno por parte de la gobernadora Alicia Kirchner y los representantes legales de las seis mineras que están en operación en Santa Cruz.
Ya desde el inicio, quienes se refirieron a la posibilidad de este acuerdo voluntario fueron tanto el ministro de la Producción, Leonardo Alvarez, como el vicegobernador Pablo González.
En su momento, Alvarez había señalado que “estamos trabajando hace un tiempo con la industria minera local en un acuerdo que toca una serie de puntos que tienen que ver con la responsabilidad social empresaria”.
En ese momento se pensó que el aporte empresarial sería “para la creación de un fondo de desarrollo productivo con una cifra muy importante para la provincia”.
Pero si bien es real que la cifra que podrá manejar este fideicomiso de manera anual es realmente muy importante, no será finalmente el desarrollo productivo el fin de la misma, sino que, ante la realidad provincial, se decidió volcarla a atender cuestiones esenciales.
En Gobernador Gregores el vicegobernador Pablo González ya había anticipado este cambio de destino: “Se está trabajando en un acuerdo con estas empresas para incentivar el desarrollo de las escuelas y hospitales de toda la provincia”.
Y agregaba que “estamos cerca de poder llegar a un acuerdo, por eso le pedimos a ellos (las mineras) que hagan lo que les hemos pedido siempre, fundamentalmente ahora que la actividad se ha visto beneficiada por medidas económicas del Gobierno Nacional”, dijo en referencia a la devaluación y a la quita de las retenciones.
Al tiempo que recordó que las empresas tienen otro factor de beneficio que no utilizan: “Los rembolsos de los puertos patagónicos”, medida que se impulsó durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que el Gobierno actual mantuvo.
De acuerdo a lo que pudo saber La Opinión Austral, finalmente este fideicomiso que se constituirá con los aportes voluntarios de las operadoras mineras, que se estimará de acuerdo a su producción y se calcula será de magnitud, será destinado al sostenimiento del sistema de la salud pública, algo muy sensible para el Gobierno de Alicia Kirchner, quien ya en campaña anticipaba que trabajaría en su recuperación.
