Preocupado por los efectos sociales del ajuste tarifario y la caída de la popularidad del Gobierno en el conurbano, el presidente Mauricio Macri apura un desembarco con anuncios de obras, mejoras jubilatorias, asistencia social y reparto de DNI en el primero y en el segundo cordón de la provincia de Buenos Aires y en todo el norte del país, regiones más castigadas por la pobreza.
"Se pondrán todos los cañones en el conurbano", confiaron a LA NACION fuentes cercanas al ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Luego de reforzar las políticas sociales y la rebaja del IVA la semana pasada, Macri presentará hoy el plan de empleo joven o primer empleo. El viernes próximo hará en Tucumán otro anuncio, esta vez de un plan nacional de agua potable, cloacas y prevención de inundaciones.
La prioridad para el conurbano serán también las redes de agua y las cloacas, además de autopistas, rutas, redes de Metrobus y pasos bajo nivel. En Formosa, el viernes pasado presentó una planta potabilizadora.
Según adelantaron a LA NACION en la Casa Rosada, habrá un llamado a licitación por día y uno o dos anuncios por semana de obras e inversiones. Macri sintió el impacto de las críticas por el ajuste y quiere aprovechar la salida del default para revertir el mal humor y recrear las expectativas de desarrollo.
Pero la lentitud de los expedientes de las obras impacienta. Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, apuraron el miércoles último a los funcionarios nacionales por algunas áreas de gestión cansina. Se notaron las primeras tensiones entre la Nación y la provincia.
Además, existen viejas rivalidades en el gabinete que demoran la gestión. Frigerio suele enviar propuestas a los organismos que deben ejecutar obras en el conurbano, que luego no registran avances.
Aquella exhortación de Vidal a "empujar los expedientes" para "ayudar a quienes más lo necesitan" fue impersonal y sin un destinatario aparente. Sin embargo, con los días se fue dilucidando que su obsesión eran las obras, que podrían tardar hasta un año en ejecutarse. ¿Cómo mitigar esa espera?
El propio Macri considera, según sus allegados, que la gestión en los planes sociales es veloz. "La Anses, al igual que la AFIP, tiene los mejores sistemas de gestión e información, son dos islas", señalan a su lado. Las obras son el problema.
Desde esta semana se conformarán equipos de distintos ministerios para desembarcar con jornadas de siete o diez días en los municipios del conurbano más castigados por la pobreza. En Interior preparan una avanzada con la Anses, el PAMI, Desarrollo Social y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
La Anses tramitaría nuevos beneficiarios para la Asignación Universal por Hijo (apuntan a 400.000 niños que deberían tenerla y no la tienen), el PAMI buscaría soluciones para los jubilados; Desarrollo Social haría relevamientos de planes, y el Renaper distribuiría DNI en los barrios de emergencia. Los funcionarios de esas áreas estarán en las calles, plazas o estaciones de Merlo, Morón, Tres de Febrero y otros distritos con carencias sociales.
El plan conjunto con la empresa estatal AySA en el conurbano para extender la red de agua potable buscaría alcanzar en cuatro años el 100% de cobertura y el 75% de las cloacas. En ocho años se buscaría completar el 100% de cloacas.
El plan de AySA prevé 200.000 millones de pesos con contratistas privados, pero bajo el doble comando de Chaín y Frigerio. Macri anunciará el viernes que AySA se expandirá hacia ocho nuevos municipios del conurbano donde operaba Aguas Bonaerenses. En Presidencia aseguraron a LA NACION que la prioridad de Macri también es cubrir con agua potable al 100% a nivel nacional.
Por otra parte, quiere avanzar en un plan hídrico para proteger a los pueblos del interior y el conurbano de las sequías e inundaciones.
En 2016 prevén comenzar la planta potabilizadora de Clorinda, Formosa y otras obras hídricas por 438 millones de pesos; además se iniciarán las de tratamientos de efluentes del conurbano; la red de agua potable de Charata, Chaco; desagües cloacales en Santiago del Estero; defensas en Paso de la Patria (Corrientes) y en Entre Ríos, y la canalización del río Carcarañá (Córdoba y Santa Fe).
En la provincia de Buenos Aires se canalizará el río Salado, por 1200 millones de pesos, y se ampliará el cauce del río Luján para 15 municipios y 2,5 millones de personas.
Además, en el primer trimestre de 2017 arrancarán obras viales en la ruta 3, por licitarse: tramos San Miguel del Monte-Azul; Coronel Dorrego-Bahía Blanca. En 2018 se hará Azul-Dorrego. En la ruta 5 se hará la autopista en 2017, y a fin de año se finalizará la ruta segura a La Pampa. La ruta 7, ya iniciada, se terminará en 2018, y las rutas 33 y 205 se iniciarán a principios de 2017. Con ello, Macri pretende comenzar la etapa de reactivación y recuperar las expectativas para evitar la inestabilidad social.
Ya terminado el conflicto con los fondos buitre y con el regreso del Gobierno al mercado de capitales, ahora las provincias quieren probar suerte en el exterior. Por lo menos once distritos evalúan hacer colocaciones este año que, en total, podrían superar los 4500 millones de dólares.
La búsqueda de financiamiento externo va a tono con los nuevos tiempos: la Casa Rosada avisó a los gobernadores que en adelante deberán hacerse cargo de una porción de las obras públicas que antes solventaba por completo la Nación.
Los mandatarios miden las opciones después de los US$ 16.500 millones que consiguió Mauricio Macri a una tasa promedio de 7,2% para pagar a los holdoutsy cerrar el litigio luego de catorce años. Algunos están avanzados en el proceso, otros aguardan que el interés se planche más.
El primero en salir a la caza de billetes verdes post default es Juan Manuel Urtubey. El salteño está en Nueva York, con una agenda cargada que incluye el Consejo de las Américas y reuniones con fondos de inversión durante tres días. Su intención es mostrar los resultados de las gestiones antes de su vuelta al país, el jueves, con el objetivo de colocar un bono por US$ 250 millones que destinará especialmente a proyectos de infraestructura en municipios.
Con la esperanza de revertir la curva, los gobernadores parten de un diagnóstico crudo. A la caída general del consumo y los conflictos locales, le suman que las arcas provinciales sufren por reformas que impactan en la masa de coparticipación, es decir, la torta de impuestos que se reparte automáticamente a las provincias.
La modificación del mínimo no imponible de ganancias y el efecto en el fondo sojero por la baja de retenciones a los granos implicaron una merma. También repercutirá, cuando se apruebe en el Congreso, la reducción del IVA para sectores vulnerables.
En esa ecuación negativa, la tregua que sellaron los caciques peronistas y la Casa Rosada está atada a que pronto se haga realidad la devolución del 15% de fondos coparticipables, que durante más de dos décadas se descontaron para financiar la seguridad social. La negociación está abierta y significará para este año la restitución de 3% en efectivo, más otro 3% en un título. Esa compensación sirve, como mucho, para contrarrestar lo que se quitó por otro lado. El dilema de la sábana corta.
El Gobierno será el árbitro del endeudamiento de las provincias, que necesitan de su aval para concretar cada operación. El criterio que se impone a priori es claro: dependerá de la situación de las cuentas públicas de la jurisdicción y la afectación específica.
No hay distinción de color político entre las que estudian tomar crédito externo en 2016, según el relevamiento que hizo LA NACION. Hay provincias peronistas, como Chaco, Entre Ríos, Chubut, Córdoba y Tucumán. También oficialistas: Capital, Mendoza, Jujuy y Buenos Aires. En el medio, se inscriben Santa Fe y Neuquén. La única que avisó que no se plegará a la ola es Santa Cruz, sacudida por una profunda crisis, pero envuelta en la bandera kirchnerista del desendeudamiento.
Una de las más urgidas por emitir un bono de US$ 300 millones es la administración de Gustavo Bordet. El entrerriano, que tiene luz verde oficial, emplearía los recursos para sostener obra pública y para cancelar las letras en pesos que hace frecuentemente en el mercado local, a un costo alto. "La idea es saldar esa deuda", explicaron cerca del gobernador.
La alternativa de tomar crédito, en moneda extranjera o local, como siempre debe contar con autorización de las legislaturas. En una señal de ida y vuelta, más de una vez tuvo que meter la mano el Gobierno para allanar el camino en distritos del PJ. Lo sabe el chaqueño Domingo Peppo, que transpiró largo rato hasta que le aprobaran el miércoles pasado un proyecto de ley que lo habilita a endeudarse por 4000 millones de pesos. Debió interceder el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para que los radicales aseguraran la "gobernabilidad" que el macrismo pide a nivel nacional. Esa plata será para sostener la construcción y pagar un juicio millonario a empleados judiciales.
El grupo de provincias de Cambiemos también se anota. Buenos Aires, de hecho, se anticipó al Gobierno un mes, y colocó US$ 1250 millones. Tiene pensada otra emisión para el segundo semestre. En la Capital, Horacio Rodríguez cuenta con aval para US$ 500 millones para obras y solicitó otros US$ 160 millones esta semana para hacer la Villa Olímpica en Soldati. Y Mendoza piensa en colocar unos US$ 500 millones. Gerardo Morales, en Jujuy, consiguió el jueves que le habiliten más de 3000 millones de pesos, aunque si hay chance se inclina al financiamiento nacional.
El resto de las que se preparan son: Neuquén (US$ entre 240 y 280 millones); Córdoba (US$ 1094 millones); Chubut (US$ 650 millones) y Santa Fe (US$ 500 millones). "Queremos en mayo o junio estar listos para emitir. Pero podemos manejar los tiempos esperando una buena tasa", dijo a LA NACION el ministro de Economía santafecino, Gonzalo Saglione.
Aunque se verá sobre la marcha, la carrera por los dólares pica en punta. Un informe de la consultora Elypsis prevé recursos financieros para 2016 de hasta US$ 50.000 millones, contando la colocación que ya realizó la Casa Rosada, las que estiman harán las provincias, un cupo de organismos internacionales y, entre otros, las emisiones corporativas.
