NÉSTOR SCIBONA
aHora que el default quedó atrás, la gran apuesta de la Casa Rosada es que el acceso al crédito externo a tasas más razonables impulse la inversión (privada y pública), para que pase a ocupar un rol protagónico en el crecimiento de la economía.
En su reunión de Olivos con empresarios de primera línea, el presidente Mauricio Macri apoyó esta nueva etapa en el trípode inversiones-creación de empleos- responsabilidad con la libertad de precios. Sin embargo, aún debe completarse el puente que vincule el sorprendente apoyo financiero externo con la confianza interna. En esa construcción una de las claves es el plan de financiamiento fiscal, que se apresta a difundir el Palacio de Hacienda para aportar previsibilidad a las variables económicas y revertir las expectativas generadas por la recesión y la alta inflación de estos meses. Otra será despejar factores de incertidumbre política, especialmente sobre la relación con el sindicalismo y con la oposición en el Congreso.
Por lo pronto, se espera que el oxígeno financiero externo permitirá reanudar obras públicas en varias provincias para reactivar la construcción.
En cambio, la inesperada catástrofe climática que afecta al Litoral obliga a recalcular proyecciones de producción e inversión. Hasta entonces todo indicaba que tras la devaluación, el fin de las retenciones y las trabas para exportar, el campo haría punta en las inversiones. Una encuesta hecha por CREA en marzo, luego del boom de compras de maquinaria, vehículos e insumos en Expoagro, mostraba un alto optimismo (el 72% indicó que la situación de su empresa mejorará el año próximo y 41% que era un buen momento para realizar inversiones). Para producción de soja afectada por las dramáticas inundaciones, el consultor agrícola Gustavo López (titular de Agritrend) coloca la situación en perspectiva. Prevé en principio una pérdida de 8% en la cosecha total (5 millones de toneladas sobre 60 millones); de 2000 millones de dólares en ingreso de divisas y 600 millones en retenciones; sin perjuicio de una recuperación si el clima lo permite, aunque con mermas de rendimiento y calidad. Pero el resto podrá mejorar sus ingresos con la suba de 15% en los precios, que considera transitoria si mejoran las condiciones climáticas. En este supuesto, prevé que no sería mayormente afectada la cosecha de maíz tardío (el área sembrada total creció 32%). Y que la próxima siembra de trigo, sin retenciones y con mejores precios, será la más alta en muchos años. Otro tanto ocurrió con la última de girasol, cosechada en febrero.
En generación eléctrica, tras la reglamentación de la ley de energías renovables se lanzarán en mayo las licitaciones de centrales de energía solar y eólica, en bloques escalonados. El objetivo es agregar 10.000 MW de potencia instalada en diez años. Aquí la baja del costo de financiación contribuye a reducir el costo por kW/h. Además, se crea un fondo de fomento (Foder), que inicialmente será capitalizado por el Estado con $ 12.000 millones y podrá otorgar garantías a los contratos de compra de energía como participar del financiamiento de proyectos. Las empresas Genneia, GE y Dow ya anunciaron inversiones.
Paralelamente, la reciente suba de los precios para el gas natural en boca de pozo fue anunciada por el Gobierno de forma casi vergonzante, por su impacto sobre las facturas domiciliarias y los costos de generación de electricidad, que en este caso se ubican en un promedio de 4/5 dólares por MBTU (la unidad de medida). Pero ese ocultismo impidió destacar que el nuevo precio promedio permitirá impulsar la producción local de gas y que, al alinearse con los valores de importación desde Bolivia (US$ 3,96) y de gas natural licuado por barco (US$ 5,30 más 2 por regasificación), se reduce el subsidio estatal por diferencia de costos. Por caso, el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) organiza en mayo un seminario en Houston para promover inversiones en yacimientos de gas en Vaca Muerta, con el ministro Juan José Aranguren y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.
Mientras busca más oportunidades para generar "clima de inversión", el Gobierno optó hasta ahora por resaltar los proyectos, de distinta magnitud, comprometidos por varias empresas (Fiat, Coto, Bridgestone, Saint Gobain) y que en el caso de industrias apuntan a la producción exportable. A su vez IRSA, ya obtuvo financiación externa para construir oficinas y shoppings.
En una reunión realizada el viernes en IDEA con 150 empresarios de distintos sectores, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, reiteró que su cartera identificó proyectos de inversión por más de US$ 20.000 millones, evaluados y aprobados por 65 compañías nacionales y multinacionales. Entre ellos, los anunciados en el encuentro organizado por AmCham que incluyen inversiones por 2600 millones en el segundo semestre. A su vez, Accenture prevé desarrollar en cuatro años un centro de alta tecnología con certificación internacional para 4000 profesionales, para impulsar la exportación de servicios e incorporará 600 personas en 2016. Para agilizar todos estos proyectos, Cabrera ya puso en marcha la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AICI), a cargo de Juan Procaccini.
Paralelamente, el déficit de infraestructura en telecomunicaciones y transporte será una oportunidad para la inversión privada. Sólo en el área de Transporte, para los próximos cuatro años hay planes de inversión por más de US$ 12.000 millones en ferrocarriles de cargas; modernización de 14 aeropuertos; redes de Metrobus en el AMBA; pasos bajo nivel y viaductos; Red de Expresos Regionales; soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y seguridad ferroviaria. En algunos podría aplicarse el régimen de participación público-privada para contratar proyectos llave en mano, que el Gobierno buscará impulsar con el envío al Congreso de la ley marco que prevé una figura intermedia entre la construcción de obras públicas y las concesiones privadas, con menor uso de recursos fiscales.
Con estos planes en danza, los proyectos impulsados por la oposición en el Congreso para aplicar un cepo a los despidos y duplicar indemnizaciones, contrastan por su sesgo antiinversión y antiempleo, especialmente para las pymes. El oportunismo político, en vísperas de la marcha del viernes de las tres CGT y las dos CTA choca contra las oportunidades económicas.
Daniel Fernández Canedo
El Gobierno saldó ayer la deuda de US$ 9.352 millones y superó la cesación de pagos que, con niveles y variantes, caracterizó a la Argentina financiera a partir de 2001.
En otras palabras, la Argentina pagó, de ahora en más sus operaciones financieras con el mundo no serán pasibles de ser embargadas, ingresa en una situación de normalidad financiera similar a la de los países vecinos y dio un paso en la generación de condiciones para pensar en una mejora de la situación económica.
Podría decirse, entonces, que ayer a la Argentina la sacaron del Veraz, donde constaba su condición de mal pagador, y le devolvieron la tarjeta de crédito, con la que podrá volver a financiarse.
Esa recuperación de la tarjeta para tomar crédito a tasas más bajas que las siderales del pasado, se abre para la Nación, para las provincias (pronto se verán algunas de ellas haciendo punta en la salida a los mercados) y para las empresas privadas.
“El país va a necesitar mucho crédito para crecer”, dijo ayer el ministro Alfonso Prat-Gay, en el intento de dejar en claro que el financiamiento que llegue de ahora en más debería destinarse a inversiones y no a cubrir gastos corrientes.
Pero, a corto plazo, la salida del default y la posibilidad de conseguir dólares en los mercados le posibilitará al Gobierno postergar un ajuste fiscal duro, prolongar el horizonte de la calma en el mercado cambiario y empezar a sentar las bases para avanzar en el anunciado objetivo de bajar la inflación en la segunda parte del año.
Bajar el ritmo del aumento de los precios e intentar una mejora de la actividad económica a partir de julio, constituían dos objetivos difíciles de alcanzar sin dólares. Ahora los dólares podrán venir, y a tasas menos onerosas.
La historia argentina es rica en experiencias de acceder al financiamiento para pagar buenos meses de fiesta de consumo.
Sólo basta recordar cuando en la convertibilidad se usó el dinero de las privatizaciones para una fiesta importadora.
Y también durante el kirchnerismo, cuando se exprimieron las reservas del Banco Central y se imprimieron pesos a lo loco para alimentar un fuerte aumento del gasto público que concluyó en una situación de atraso cambiario y caída de exportaciones insostenible.
La expansión del consumo siempre reclama dólares y ahora la Argentina está ante una nueva tentación.
El camino de aumentar la inversión para mejorar la competitividad y las exportaciones en un mundo comercialmente difícil, se presenta más trabajoso pero indispensable para el desarrollo. El país está ante una nueva opción.
