La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 146, correspondiente al mes de abril que refleja un incremento en los conflictos sociales.
De acuerdo al informe, en abril se registraron 209 conflictos, 145 están activos y 64 latentes. "Respecto al mes anterior vemos que se incorporaron tres casos nuevos, se reactivó uno, dos pasaron de estado activo a latente y dos fueron pasados a observación", indicó la Defensoría.
Los casos nuevos se presentaron en Cajamarca, Loreto y Piura. En Cajamarca, el Frente de Defensa de los Intereses de Jaén reclama la reducción de las tarifas de electricidad y la calidad del suministro del servicio eléctrico provisto por Electro Oriente. En Loreto, el Frente Patriótico de Loreto y otras organizaciones sociales demandan al Poder Ejecutivo la aprobación de medidas legales de “compensación económica” por la disminución del canon petrolero a favor del Gobierno Regional de Loreto y las municipalidades provinciales y distritales. En Piura, la población del distrito de La Huaca exige a la empresa Agroaurora S.A.C. que no queme caña de azúcar debido a que contamina el ambiente y afecta la salud de las personas que viven en el distrito.
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El informe advierte que el conflicto por el Gas de Camisea se ha reactivado. El caso “Afectados Camisea-TGP”, el Frente de Desarrollo Comunal y Afectados por el Transporte de Gas de Camisea (FREDCOM) demanda a las empresas Transportadora de Gas del Perú (TGP S.A.) y Perú LNG S.R.L. la renegociación de contratos de servidumbre suscritos debido al incumplimiento de compromisos ambientales, económicos y sociales con las comunidades. Luego de haber estado dos meses en estado latente, por gestiones realizadas con el congresista Urquizo, los dirigentes se trasladaron a Lima y se reunieron con el Director de Hidrocarburos del Viceministerio de Energía del MEM. Se acordó convocar a las empresas involucradas para establecer un proceso de diálogo.
Apurímac continúa concentrando la mayor cantidad de casos que se desarrollan en una sola región (23 casos), seguida de Áncash (21), Cusco y Puno (16 cada uno).
En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (69,4%) y la minería continúa siendo la que se relaciona con más casos socioambientales (62,8% de los casos).
Los conflictos activos relacionados a la actividad minera representaron durante este mes el 63,2% (72 casos); le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas con 13,2% (15 casos).
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