El 44% de quienes entrarán en el blanqueo lo harán por temor al creciente entrecruzamiento de la información y un 43% para poder justificar el patrimonio, según una encuesta de DAlessio IROL junto a la consultora Berensztein, con opciones de múltiples respuestas.
Otra causa, menos mencionada, es el interés en demostrar confianza en el Gobierno (no se expropiarán los fondos). Se considera menos relevante el mayor rendimiento de estos fondos en el país.
Los votantes de Cambiemos también consideran que el nuevo contexto político brinda mayor seguridad para que no se expropie el dinero y para poder usarlo libremente. Los mayores de 55 años atribuyen más importancia a un conjunto de factores: el temor por el entrecruzamiento de información (72%), la confianza hacia el nuevo Gobierno (34%) y el rendimiento en el exterior (26%).
La postura política influye en la actitud hacia el blanqueo: la mayoría de los votantes de Cambiemos está de acuerdo y los del FPV en desacuerdo.
Entre los que están en desacuerdo, los motivos que subyacen es la injusticia hacia los que pagaron y el peligro por la legalización de fondos de la corrupción y el narcotráfico. Entre los que están de acuerdo se destaca el ingreso de esto fondos a la actividad productiva, la señal de confianza al nuevo Gobierno y la resolución de la deuda social con los jubilados.
La mitad piensa que este proyecto no logrará el resultado que el Gobierno tiene previsto, especialmente los votantes del FPV, según la encuesta de DAlessio IROL junto a Berensztein.
Puertas adentro del Palacio de Hacienda, los más entusiastas hablan de hasta u$s 100.000 millones que podrían llegar a blanquearse, pero no lo dicen en voz alta como forma de bajar las expectativas.
En el artículo 83 del proyecto de ley se deja en claro que en el caso de que la AFIP detecte después de finalizado el blanqueo cualquier bien o tenencia no declarada que al 31 de diciembre del 2015 fuera propiedad de quienes adhieren a este blanqueo, automáticamente caerán los beneficios otorgados.
Por lo tanto, si un contribuyente tiene sin declarar dos propiedades en Estados Unidos y decide blanquear sólo una, se expondrá a perder automáticamente todas las ventajas de este nuevo régimen si la AFIP (a través de tarea de inteligencia fiscal) le detecta la otra propiedad o la cuenta sin declarar. Es decir, puede llegar a pagar una multa total de más del 60% (en vez de menos del 10%), pero además tendrá que hacer frente a las respectivas denuncias amparadas en la Ley Penal Tributaria y, de corresponder, en la Ley Penal Cambiaria.
El dictamen de mayoría de la ley ómnibus que hoy debate Diputados –y que es el que obtendría la media sanción en la Cámara baja- detalla en la parte referida al blanqueo de capitales cuánto tendrán que pagar de penalidad los contribuyentes que se sumen al Régimen de Sinceramiento Fiscal.
El mismo proyecto les ofrece opciones para no pagar ese “impuesto especial”, entre las que se destaca un bono a siete años que va a emitir el Gobierno, aún a pesar de que ese título público será intransferible por cuatro años.
Las penalidades para quienes blanqueen tendrán costo cero para las declaraciones de hasta $ 305.000; de 5%, por lo que exceda ese monto y hasta los $ 800.000; y del 10% por arriba de ese valor (que sube al 15% si la declaración se hace entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017); en el último caso, podrán pagar mediante la entrega de Bonar 17 y Global 17 a valor nominal.
Sin embargo, el artículo siguiente abre más de una puerta al blanqueo con costo cero.
No pagarán el impuesto los fondos que, hasta el 30 de septiembre, se afecten a la compra “en forma originaria” del bono en dólares a tres años que emitirá el Gobierno. Hay que tener en cuenta que el título es intransferible y no negociable y tiene 0% de interés.
Tampoco lo pagarán los que se usen para “suscribir o adquirir cuotas partes de Fondos Comunes de Inversión, Abiertos o Cerrados (…) destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables, PYMEs, préstamos hipotecarios actualizados por UVI, desarrollo de economías regionales y demás objetos vinculados con la economía real”. Pero deberán estar inmovilizados por 5 años.
El tercer vehículo para no pagar la penalidad es el bono en dólares a 7 años que emitirá el Gobierno. Este título puede suscribirse hasta el 31 de diciembre, será intransferible y no negociable durante los primeros 4 años y tendrá un cupón de interés del 1%. Pero tiene un atractivo especial: “La adquisición en forma originaria del presente bono exceptuará del impuesto especial un monto equivalente a TRES (3) veces el monto suscripto”.
Es decir que quien suscriba, por ejemplo, un millón de dólares en el bono a siete años estará exceptuado del impuesto especial por un total de tres millones de dólares, más allá de en qué mantenga invertidos los dos millones de dólares restantes. Por eso, el mismo “gancho” que lo hace atractivo invita a suponer como altamente probable que la mayoría de quienes lo compren no adquirirán más de un tercio de lo que blanqueen.
