NESTOR SCIBONA

La judicialización y simultánea politización de los fuertes aumentos del gas natural, con "cacerolazo" incluido, ponen de relieve la ausencia de un mínimo consenso político y social frente a un problema clave como la crisis energética, que vino incubándose durante la era K, estalló con el "tarifazo" de abril y se complicó con el fallo que retrotrae la situación al 31 de marzo en todo el país.

En estos 100 días quedaron también al descubierto desconcertantes errores y contradicciones oficiales, así como la hipocresía y el oportunismo de buena parte de la oposición.

A nadie le gusta pagar más tarifas después de doce años de energía casi regalada. Pero que la mejor idea del peronismo sea dejar todo como está, sólo contribuye a agravar el déficit fiscal provocado por los subsidios y también la escasez de gas. No menos obvio es que el kirchnerismo haya recurrido al viejo recurso de exigir la cabeza de quien destapa la olla (Juan José Aranguren) como chivo expiatorio de las culpas de una política previa insostenible. Con el fenomenal atraso tarifario de la década "ganada" se perdió el autoabastecimiento y pasó a importarse más del 30% de la demanda de gas, que 50% se destina a generar electricidad.

De ahí que en casi toda la era K las facturas tenían cada vez menos incidencia en los gastos familiares, mientras los subsidios estatales a granel (unos $ 200.000 millones en 2015) encubrían la creciente brecha entre precios virtualmente congelados y los costos de producirlo y/o importarlo. Esta "fiesta" de mayor demanda y menor oferta local de gas terminó, como suelen hacerlo las malas políticas.

Aun así, el ministro de Energía se vio obligado a admitir errores y omisiones propios. El "tarifazo" fue dispuesto sin demasiadas explicaciones ni suficiente anestesia social para la clase media. Incluso se apartó del manual que recomienda aplicar ajustes en verano y no en los meses más fríos del año, con lo cual de un otoño inusualmente riguroso, le jugó la mala pasada de un mayor consumo aun con subas tarifarias de hasta cuatro dígitos. No sólo eso.

También acaba de sincerar tardíamente el cuadro de situación que, cuando menos, debía haber detallado en abril, cuando las fuertes subas en los precios del gas, las tarifas y el recorte de subsidios al consumo fueron comunicados a través de complejas resoluciones en el Boletín Oficial. Hace apenas seis días, al anunciar la refacturación con los topes de 400% y 500%, Aranguren explicó que ya no hay capacidad ociosa para regasificar GNL (gas natural licuado) e inyectarlo en la red de gasoductos. Y que sólo en 5/6 años podría prescindirse de esas importaciones y el uso de las dos plantas flotantes, cuyo alquiler insume US$ 100.000 diarios, si se recupera la producción local de gas natural.

En cambio, no aclaró que los nuevos precios del gas en boca de pozo equiparan e incluso superan los de importación. Y sí reveló que el esquema tarifario actualmente suspendido permitía cubrir hasta el 85% de los costos, que ahora se reduce al 70% a cambio de mayores subsidios por $ 11.800 millones.

Hasta que no se resuelva el recurso extraordinario del Gobierno ante el fallo de la Cámara Federal de La Plata, no habrá certeza sobre cuándo se aplicará el tope móvil de 400%. Pero por lo pronto, este anuncio tuvo al menos dos efectos concretos: que después de mucho tiempo, los usuarios volvieran a prestarles atención a las facturas de gas y que el presidente Mauricio Macri se convirtiera en un abanderado del uso racional de este recurso no renovable.

Sin embargo, la decisión no deja de ser un parche transitorio que introduce una nueva distorsión y torna voluntarista la cruzada de ahorro energético emprendida por Macri. Con el tope resulta indiferente utilizar más o menos gas, ya que es independiente del volumen consumido; especialmente en las categorías más altas con tarifas mucho más caras.

En estos casos, multiplicar la factura por cinco con respecto a igual período de 2015 lleva tan arriba el límite que deja mucho margen para consumir más sin costo extra. Por ejemplo, en la categoría residencial máxima (R34) de la Capital Federal, quien en julio del año pasado pagó $ 3123 bimestrales (incluyendo impuestos y un subsidio de $ 400) por 1200 metros cúbicos (a una tarifa de $ 1,96/ m3), ahora tendrá un techo de $ 15.615, que podrá abonar en dos cuotas. Pero este tope de 400% resulta más alto que el del mismo con la nueva tarifa de $ 5,16/m3 (163% más cara). Aquí vale aclarar que la tarifa ya había subido 171% en 2015 (saltó de $ 0,72 a 1,96/m3), después de que Axel Kicillof y Julio de Vido anunciaran en 2014 una confusa reducción de subsidios que en realidad encubría ese incremento.

En el otro extremo, para la categoría inferior (R1) en la zona norte del Gran Buenos Aires y un bajo consumo (223 m3 bimestrales), la factura que en julio de 2015 sumaba $ 172 (con impuestos y sin subsidio), no podrá superar ahora los $ 865 cualquiera que sea el consumo.

Tanto en uno como en otro caso se mantiene inalterable la proporción de impuestos nacionales, provinciales y municipales incluidos en la factura, que oscila entre 22% y 30%, y torna en testimoniales algunos discursos políticos a favor de aliviar los presupuestos familiares.

De todos modos, lo que pueda ocurrir con las tarifas a partir de 2017 sigue siendo una incógnita. El Gobierno ya anunció su intención de convocar a audiencias públicas en octubre, para poner en marcha la revisión tarifaria integral (RTI) en electricidad y gas postergada durante más de una década. Se supone que de allí debería surgir un sendero de ajustes a mediano plazo (o bien la alternativa de una tarifa plana anual), que otorgue previsibilidad a consumidores y empresas. Sin embargo, la eventual intervención de la Corte Suprema en la fijación de precios podría introducir un antecedente inesperado antes de que se restablezcan los precios de mercado, los marcos regulatorios, las tarifas, los subsidios y compromisos de inversión, borrados arbitrariamente durante los doce años de gestión kirchnerista.

En este sentido, un cálculo del economista jefe de la consultora FyE, Hernán Hirsch, desvirtúa la creencia de que los últimos aumentos tarifarios cubren los costos, al señalar que, tras los topes, serían necesarios ajustes de 43% en gas natural, 100% en colectivos (AMBA) y 194% en electricidad. Casi lo mismo que dijo Ernesto Sanz cuando afirmó que, con el atraso tarifario acumulado, cualquier estrategia gradualista se asemeja a un shock.

ALCADIO OÑA

Al menos para ciertas cosas y hasta tanto no disponga de un horizonte más limpio, el Gobierno está obligado a actuar en un ambiente de crisis. Y ese mismo estrecho margen de maniobra potencia la importancia de los procesos de toma de decisiones.

Nadie discute que el precio del gas era ridículo, los subsidios insostenibles y evidente el derroche en ciertas capas de la población, por hablar de un caso que seguirá metiendo ruido. El punto es que se falló donde los cuidados debieron ser extremos, porque no podía descartarse que los errores salieran muy caros.

Antes de ahora, Mauricio Macri había plantado el primer eslabón de la cadena de decisiones: resolvió que el gas tendría el aumento más fuerte, por encima de la electricidad y hasta cubrir de un golpe el 90% del costo de producción; un tarifazo hecho y derecho. Ya con el proceso en marcha, el Gabinete nacional trató una propuesta del Ministerio de Energía alineada con la orden presidencial. Sólo el formato general, sin un debate a fondo ni entrar en mayores detalles sobre el contenido.

No existieron después consultas con analistas de otras áreas del Gobierno, quienes desde visiones diferentes podrían haber advertido problemas no contemplados. Tampoco se reparó en las críticas que, ya fuera del espacio oficial, aludían a beneficios externos tan enormes como innecesarios.

Así salió el primer error, con la bendición expresa de Macri y el acompañamiento del jefe de Gabinete, Marcos Peña, del ministro Juan José Aranguren y de los coordinadores Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. El penúltimo y más sonoro traspié sacudió al 20% de los usuarios de menores ingresos.

Finalmente, el Presidente tuvo que meter la marcha atrás en toda la línea y optó por una vía de escape simple y de apuro. Ya no cubre el 90% del costo de producción del gas sino el 70%, aunque no es precisamente poco haber multiplicado las tarifas por cinco.

¿Era posible hacer algún ejercicio de simulación para conocer el impacto probable de los aumentos?, le preguntó Clarín a un ex secretario de Energía.

Respuesta: “Sí, si se hubiese querido. Era posible hacerlo por categoría de usuario, por consumos, zona tarifaria y ciudades relevantes o sobre cualquier otra cosa que sirviese para despejar dudas y achicar los márgenes de error. Las distribuidoras tienen todos los datos que se necesitan y el Ente Regulador pudo pedirles testeos con distintos grados de detalle”.

Vistos los resultados, el especialista cree que las compañías no fueron consultadas. Y da un ejemplo: “Los funcionarios se sorprendieron por las reacciones de algunos usuarios, ignorando que en la zona donde viven había amparos judiciales previos. Luego, estimaron el impacto sobre las tarifas teóricas y no sobre las que efectivamente pagaban, más bajas, y así los incrementos superaron el 1.600 por ciento”.

Eso habría saltado inmediatamente, con ejercicios de simulación. O con audiencias públicas que no se hicieron, a las que van asociaciones de usuarios de todas las regiones y de todos los climas.

De hecho, cuando se aplicó el primer ajuste fallido y el país empezó a poblarse de amparos, varias distribuidoras contaron que nadie les había pedido informes.

El riesgo, ahora, surge de que el precio fijado en la última resolución es lo menos parecido a un precio concreto y firme. Más aún, la fórmula no discrimina por niveles de consumo o hasta favorece los consumos de capas con mayores recursos.

Pregunta a funcionarios clave: ¿puede ser que eso meta ruido en los inversores?

Respuesta: “No en todos los inversores, aunque algo puede tocar a las inversiones energéticas”.

Nada intrascendente por ciento, pensando en que la llegada de capitales al sector de los hidrocarburos es una apuesta fuerte del Gobierno.

Ahora, una parrafada de otro especialista: “Ojalá saquen buenas conclusiones con tantas idas y vueltas. Hicieron enojar a los usuarios, no lograron reducir significativamente los subsidios y, quizás lo más serio, que ante la falta de señales de precios claras las inversiones importantes en energía ya no estarán este año”.

Se interroga, “¿con qué precio de gas natural se analiza hoy un proyecto?’”. Y sigue: “Todavía ese indicador flota en el limbo, igual que otro apuntado a la imperiosa necesidad de optimizar el consumo”.

Quiere decir que, entre otras funciones, el precio puede servir para desestimular el uso de un insumo que reina por su escasez. Crítico, además, porque siendo de lejos el principal componente de la matriz energética nacional las reservas cayeron a la mitad, durante los años de despilfarro kirchnerista, y por lo mismo un tercio del gas que se consume viene de afuera.

Encima, la última, ambigua fórmula tarifaria deja pedaleando en el aire las consignas ahorristas que Macri pretende instalar entre la gente. Convendría despejar confusiones: no es especialmente la gente de bajos recursos la que no ahorra y menos el enorme contingente que, sin redes que lleguen a sus casas, debe arreglárselas con el antiquísimo sistema de la garrafa.

Todo de este mundo. Como las estaciones que regasifican gas licuado traído por barco del exterior que ya no dan abasto. Como el combo de proveedores firmes o transitorios integrado por Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Es la dependencia y la extravagante integración regional que supieron forjar los Kirchner, empezando por las primeras semillas de la pérdida del autoabastecimiento plantadas por el extinto ex presidente.

Desde luego, nada que rozara la responsabilidad de sus líderes contó para los militantes que el jueves protestaron contra el tarifazo, aunque aquí cabe de nuevo una aclaración: muchos de quienes reclamaron no son de ese palo. O más de una, porque a caballo del gas se sintetizaron unos cuantos planteos económicos.

El caso es que aun cuando la crisis energética sea otra bomba heredada, ya está lanzado el tiempo en que el Gobierno debe encontrar las mejores soluciones posibles o pagar por no encontrarlas. Errores habrá, inevitablemente, pero el tarifazo al gas revela fallas evidentes en el proceso de toma de decisiones si no fue que a la vez se sobredimensionó el peso de Macri.

Aranguren ha anticipado que hacia fin de año habrá una revisión tarifaria integral, aunque resultará difícil pasar de un solo salto a financiar el 90% del costo de producción del gas que el Presidente había proyectado.

En el tablero de mando original de la Casa Rosada existían dos columnas. En una figuraban los costos fiscales de algunas decisiones, a los que luego se le sumaron varios imprevistos. Y en la otra, los $ 75.000 millones que este año debían salir de la quita de subsidios: gas, electricidad, agua; muy poco o nada de transporte, porque la cuerda no daba para tanto.

Está claro que las variables de ambas columnas se comunican, pero así el déficit fiscal sea un problema serio es en la segunda columna donde aparecen las luces amarillas de 2017.

Con el fantasma de la inflación al acecho y los primeros aprontes de la carrera hacia las cruciales parlamentarias de octubre, será para ver cómo el macrismo maneja los ajustes tarifarios pendientes.

Ese momento llegará, inevitablemente. Y más le valdría al Gobierno que para entonces la reactivación sea un hecho que la gente perciba en su vida, porque la actividad económica y todo lo que ella arrastra juega tanto a favor como en contra.