Hace unas semanas se difundió que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Brasil suspendió el acuerdo que mantenía el Gobierno con la empresa minera Samarco, propiedad de Vale y BHP Billiton, debido al desastre ambiental en la ciudad de Mariana, del estado de Minas Gerais, al sudeste de Brasil, ocurrida en noviembre del 2015, según anunció el portal comunicado RSE.

Según los expertos, “la quiebra de la presa en Mariana en noviembre de 2015 “liberó alrededor de 50 millones de toneladas de mineral de hierro de residuos, supuestamente el aumento de los niveles de muchas sustancias tóxicas en un curso de aproximadamente 700 km de varios ríos, incluyendo el vital Rio Doce”.

Se denuncia que “la vida de 6 millones de personas se vio gravemente afectada, mientras que muchas casas y pueblos fueron enterrados o destruidos, y las fuentes esenciales de agua estaban contaminados”.

Ahora, Roberto Carvalho, CEO de Samarco, será investigado por la Justicia por no haber aplicado plenamente las medidas preventivas de emergencia ordenadas por la agencia de protección del medio ambiente de Brasil.

El inicio de esta investigación es el último golpe contra los planes de Samarco para reabrir la mina. Además busca ayudar a restaurar la pérdida de empleos en la zona y recaudar dinero para un plan de limpieza estimado  en los $ 6.13 millones de dólares.

"Los actos de omisión del presidente ejecutivo podrían clasificarse como crímenes ambientales", dijeron los fiscales en el comunicado.

Según los fiscales, Samarco ha cometido el error de no contener los 24,8 millones de metros cúbicos (875,8 millones de pies cúbicos) de desechos de la minería - suficiente para llenar 10.000 piscinas olímpicas - que quedan repartidos en la zona del desastre.

“Las estructuras de contención construidas por Samarco fueron y son insuficientes”, afirman los fiscales y ocasionarán que  2,8 millones de metros cúbicos (98,9 millones de pies cúbicos) de desechos sean llevados río arriba hasta marzo de 2017.

De las 11 medidas ordenadas a Samarco por la autoridad de tegulación, solo fueron implementadas cuatro y el resto fueron totalmente ignorados, dijeron los fiscales.