La Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia le dio curso a la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) por Sierra Pintada.

Desde el Gobierno de Mendoza afirmaron que uno de los factores que se tienen en cuenta es lograr el consenso social y que la comunidad en su conjunto conozca los pasos que se van a dar hasta llegar a la Audiencia Pública.

El objetivo es la transparencia y el acceso a la información, para lo cual ya se ha digitalizado el expediente y será de acceso público. El estudio ambiental que se analiza por estos días fue presentado por la CNEA en abril de 2014 y es una actualización del que se presentó en 2006.

El secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, en su visita a San Rafael aseguró que “no hay forma de reactivar la mina porque los procedimientos actuales para la explotación se contraponen con la Ley 7722”.

El funcionario junto con el jefe de Gabinete, Eduardo Sosa, se reunieron con la Multisectorial  y con representantes de la Asamblea del Agua.

Tras la decisión de no autorizar la actividad de esta mina, Mingorance consideró que “vamos a armar un acto administrativo pero solamente para Sierra Pintada. No algo que forme parte de una norma general, donde queda claro que es solamente para remediar la totalidad de los pasivos y que se prohíbe la reapertura para explotación”.

Distintas organizaciones ambientalistas se encuentran atentas sobre los futuros pasos que conllevará la remediación de los pasivos ambientales en la mina de uranio. Desde el Gobierno le dieron curso al informe de la CNEA para llevarla a cabo, y aclararon que la mina nunca se va a reabrir porque se contrapone con la Ley7722.

En los últimos días se ha hablado mucho de la remediación de los desechos contaminantes que quedaron en la mina de uranio sanrafaelina. El gobierno provincial anunció que se avanzará con el programa para tratar de solucionar este inconveniente, que desde hace décadas está enclavado en la zona de Cuadro Benegas.

En este sentido, desde las Asambleas del Agua de la provincia de Mendoza mostraron su aceptación al programa gubernamental, aunque sembraron sus dudas sobre posibles intentos de modificar la Ley 7722, que limita la megaminería contaminante en la provincia prohibiendo la utilización de insumos tóxicos.

“Ante lo expresado públicamente por el gobierno provincial a través de la Secretaría de Ambiente sobre la posible remediación del Proyecto Uranífero de Sierra Pintada (…) vemos con buenos ojos que las autoridades comiencen a cumplir con lo que las leyes ambientales les exigen”, pero no obstante las Asambleas temen que con esta acción pueda cambiar el espíritu de la Ley 7722, cuya vigencia y constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza.

Por su parte, el gobierno provincial se expresó a través del secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, y el jefe de Gabinete de la cartera, Eduardo Sosa, que estuvieron hace unos días en nuestra ciudad para reunirse con representantes de la multisectorial del Sur, la de General Alvear y la Asamblea por el Agua.

Los funcionarios aseguraron que la reunión fue para definir, de forma conjunta, el futuro de Sierra Pintada, donde se confirmó que no se reactivará la explotación de la mina, porque uno de los factores primordiales que se busca es lograr el consenso social y que la comunidad en su conjunto conozca los pasos que se van a dar hasta llegar a la Audiencia Pública que corresponde en este tipo de problemáticas.

En cuanto a la legislación vigente, Mingorance aclaró que “no hay forma de reactivar la mina porque los procedimientos actuales para la explotación se contraponen con la Ley 7722”.

Tras confirmar la decisión de no autorizar la actividad de esta mina, el funcionario aseguró que “vamos a armar un acto administrativo pero solamente para Sierra Pintada. No algo que forme parte de una norma general, donde quede claro que es solamente para remediar la totalidad de los pasivos y que se prohíbe la reapertura para explotación”.

Cabe recordar que la remediación de pasivos abarca tres áreas definidas. El agua de canteras con más de 1 millón de litros de líquidos contaminados; 5233 tambores con residuos sólidos que están enterrados en la mina desde 1995; y las colas de uranio a cielo abierto con restos de minerales del proceso extractivo anterior.