La presencia del ministro Bergman instaló fuertemente el debate sobre la minería y sus cuidados. Las Cámaras Mineras provinciales señalaron que la Provincia tendría la infraestructura necesaria para el control con el desarrollo de la actividad.
La reciente visita del ministro Bergman a la región dejó algunos puntos salientes, y estuvo signada por la instalación en el eje de la agenda del tema minero. En efecto, el ministro dejó en claro que la posición de la Nación sobre el tema es la de impulsar la actividad con controles, y reclamó que en la provincia se comience a debatir firmemente sobre el tema. En este punto, el titular de la cartera local de Ambiente, Ignacio Agulleiro, marcó que el Estado chubutense carece hoy de las herramientas necesarias para hacer frente a los mencionados controles.
Es sobre este último punto en el que los representantes de la actividad minera se detuvieron, e hicieron hincapié en no ingresar en un terreno al que calificaron de “falaz”. En ese sentido, representantes de las Cámaras Mineras se remitieron a una metáfora corriente, y utilizaron el ejemplo de qué está primero, el huevo o la gallina, cuando escucharon las voces que remarcan la falta de controles que adolece el Estado Provincial respecto a la explotación minera.
Según lo publicado en el Diario de Madryn, argumentaron que resulta evidente que se estaría ante un dispendio económico innecesario que el Estado cuente con controles ambientales capaces de evaluar actividades que se encuentran prohibidas en nuestra provincia. Profundizando en esa línea, sostuvieron que las actividades del Estado se solventan con impuestos y tasas; los primeros se fundamentan en la capacidad contributiva de los ciudadanos en tanto que las últimas son las que abonan los usuarios de diversos servicios que brinda el Estado.
En esta última categoría se agrupan los controles ambientales, cuyo costo es financiado por las empresas que los utilizan. De manera que – sostienen las Cámaras Mineras – mal podrían todos los ciudadanos solventar con sus impuestos el servicio de control ambiental que el Estado desarrolla ante determinadas empresas. Y admiten que resulta justo que estas empresas sean las que, a través de las tasas, abonen el servicio que brinda el Estado, y que garantiza que la actividad económica de la que se trata, se desarrolle conforme a los parámetros ambientales que establece la provincia.
Es en base a ese argumento que los representantes del sector minero indican que va de suyo que no se puede contar con un control que no se pueda solventar. Más aún, interpretan que decir que la provincia no cuenta con controles capaces de evaluar el impacto ambiental de la explotación minera hoy, se observa como un indicador de razonabilidad de la gestión.
Sin embargo, señalan que una vez que se habilite la actividad minera y se someta a las empresas que la desarrollen al cobro de las tasas de control ambiental, la provincia tendrá la solvencia económica necesaria que le permita afrontar el gasto necesario en recursos humanos y equipamiento. De este modo, sostienen, se alcanzarán los niveles de contralor ambiental que garanticen los más altos estándares en la materia.
Las Cámaras Mineras siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos del futuro inmediato. No son pocos los gestos que reciben del Gobierno Nacional, y observan con atención las experiencias cercanas en otras provincias: Salta, que se erigió en líder en el destino de las inversiones a partir de su previsibilidad jurídica; Mendoza, que a pesar de contar con una legislación adversa para la actividad, ha desarrollado recientemente una experiencia de diálogo con todos los sectores que resulta muy promisoria; y las vecinas Río Negro y Neuquén, que se lanzaron a la búsqueda de las posibilidades mineras que les plantea el uranio.
Todas esas experiencias cobran sentido, si se considera que Chubut está en mejores condiciones que el resto de las provincias mencionadas, e incluso con mayores necesidades de desarrollo de la actividad. Efectivamente, cuenta con proyectos en condiciones de explotación inmediata, como el proyecto Navidad cuyo estudio de factibilidad ya está presentado; no cuenta con implicancias ambientales nocivas, habida cuenta que no se utilizará cianuro ni agua potable; y desde el Estado Nacional se ha adelantado que se impulsa la actividad por el impacto económico y laboral que genera. Los próximos meses develarán el lugar que ocupará la provincia en el futuro cercano, y pese a la coyuntura, las Cámaras mineras son optimistas que los obstáculos que hoy paralizan la actividad se resolverán favorablemente.
