Mientras Brasil está embebido en el clima deportivo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en Brasilia el Senado comenzó ayer la histórica sesión que debe decidir si acepta o rechaza abrir eljuicio político a la ya suspendida presidenta Dilma Rousseff. Se espera que los tensos debates previos se extiendan hasta hoy, y sólo entonces se realizará la votación, penúltima fase del proceso, que debería concluir a fin de mes.
"El Senado se reúne para adoptar una de las más graves decisiones que la Constitución le encomienda, como es la posible destitución de una presidenta", advirtió el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que de acuerdo con la legislación es el encargado de encabezar estas audiencias finales del largo proceso deimpeachment contra Dilma, acusada de maniobras fiscales ilegales para alterar el presupuesto y esconder el déficit público.
Lewandowski pidió al plenario de la Cámara alta "imparcialidad y prudencia" al evaluar el contenido del informe presentado la semana pasada por la comisión especial de juicio político del Senado, que recomendó la remoción de la mandataria del poder. Dilma, del Partido de los Trabajadores (PT), fue suspendida temporalmente de su cargo el 12 de mayo, y mientras enfrenta el proceso deimpeachment su ex vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), asumió sus funciones, en medio de acusaciones de traición a quien había sido su compañera de fórmula en las elecciones de 2010 y de 2014.
"Hoy no es un buen día para nuestra democracia. Existe una alianza política con olor a golpe", afirmó el senador del PT Paulo Rocha, al denunciar que el PMDB y la principal fuerza opositora, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), se pusieron de acuerdo para sacar a Dilma del Palacio del Planalto.
Desde su suspensión, la presidenta ha estado limitada a la residencia oficial del Palacio da Alvorada, donde ha quedado cada vez más aislada, incluso de la cúpula de su partido y de su padrino político, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Sectores del PT la critican por no haber sabido controlar las investigaciones en torno al esquema de corrupción en Petrobras, que salpicó a muchos políticos del PT, incluso al propio Lula. Sin embargo, nuevas revelaciones judiciales acerca del petrolão alcanzaron en los últimos días también a Temer y a algunos de sus actuales ministros, con lo que, en caso de que Dilma sea efectivamente destituida, la crisis política brasileña amenaza con prolongarse aún más.
Ayer, los petistas intentaron de varias formas retrasar la sesión, y Lewandowski llegó a cortar el micrófono de una senadora que objetaba detalles del proceso.
"En el clima de Juegos Olímpicos que vive el país, me gustaría pedir a la oposición un poco de fair play. Pero esto no parece posible, porque los dilmistas y petistas quieren chicanear permanentemente", señaló el senador Cássio Cunha Lima, del PSDB.
Para que el plenario del Senado apruebe iniciar el impeachment a la presidenta se requiere ahora una mayoría simple, es decir, 41 de los 81 senadores.
Luego, en el juicio propiamente dicho, que tendría lugar entre el 25 y el 31 de agosto, ya será necesaria una mayoría calificada de dos tercios, o sea 54 votos. Voceros del gobierno de Temer aseguran que ya tienen ahora 44 votos a favor del juicio, y que para la votación sobre la destitución cosecharán unos 60.
Si Dilma finalmente fuera removida de su cargo, quedaría inhabilitada a presentarse como candidata para otro cargo electivo durante ocho años y Temer asumiría la presidencia por el resto del actual mandato, que termina el 31 de diciembre de 2018. En cambio, si la moción por la destitución no alcanzara los dos tercios de los votos, la presidenta volvería inmediatamente a sus funciones, con la incómoda situación de Temer de nuevo como su vice.
Hasta ahora, en Brasil sólo un presidente fue despedido de su cargo por el Congreso: Fernando Collor de Mello, en 1992. Ante la inminente condena, Collor prefirió renunciar a la presidencia la víspera de la votación, aunque fue de todas maneras castigado con la inhabilitación política por ocho años. Sin embargo, luego volvió a presentarse como candidato al Senado, donde hasta hoy ocupa una banca.
