La Defensoría del Pueblo registró 211 conflictos sociales a julio de este año, de los cuales 154 se encuentran activos y 57 en estado latente. Respecto al mes anterior se incorporaron cuatro casos nuevos, se reactivó uno, tres pasaron de estado activo a latente y cinco fueron trasladados al registro de casos en observación.
Además, se registraron 88 casos en proceso de diálogo (79 mediante mesas de diálogo) y 114 acciones colectivas de protesta.
Los casos nuevos se presentaron en Apurímac (comunal), Cusco (por otros asuntos), Lima Metropolitana (otros asuntos) y Moquegua (socioambiental).
En Cusco, integrantes del Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Urubamba protestan contra el presunto incremento del precio de las tarifas de electricidad.
Mientras que en Moquegua, la población de Ilo exige a Petroperú el cumplimiento del plazo para la reubicación de sus instalaciones, una indemnización por los impactos ambientales negativos que presuntamente han generado, la ejecución de obras en beneficio de la provincia, entre otros.
Durante julio se reactivó el caso C.C. Umachulco - Buenaventura en Arequipa, a raíz de un documento que presentó la comunidad al Gobierno Regional de Arequipa, en el que plantean varias demandas a la empresa. El Gobierno Regional remitió el documento a Buenaventura, cuyos directivos, al cierre del reporte, no han emitido respuesta.
"La Defensoría del Pueblo alerta a las autoridades correspondientes y a todos los actores en el conflicto respecto de estos cuatro casos nuevos registrados y uno reactivado. Asimismo, se han reportado veinte situaciones que pueden derivar en nuevos casos si no son atendidas a tiempo", dijo la Defensoría.
Respecto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Apurímac continúa concentrando la mayor cantidad de casos que se desarrollan en una sola región (24 casos), seguida de Áncash (22) y Puno (18).
En cuanto a la tipología, los conflictos socioambientales ocuparon el 71,1% (150 casos) del total de conflictos registrados en el mes. Le siguen los conflictos por asuntos de gobierno local, con 8,5% (18 casos) y los conflictos por asuntos de Gobierno Nacional y demarcación territorial, con 5,2% (11 casos).
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