La evidencia de los últimos años es contundente: en verano se multiplican los cortes de luz en la zona metropolitana de Buenos Aires. Aunque el Gobierno admite que esa historia se repetirá en diciembre y en enero, empezó a desplegar en las últimas semanas un plan para amortiguar los problemas potenciales y contener el mal humor de los usuarios, que suele traducirse en cacerolazos y cortes de calles.
La iniciativa del Gobierno implica el mantenimiento acelerado de turbinas en uso, la instalación de equipos de emergencia, la reparación de cables y la puesta en marcha de nuevas turbinas.
El ENRE (el ente que regula al sector), a cargo de Ricardo Martínez Leone, y la Secretaría de Energía Eléctrica, que maneja Alejandro Sruoga, les ordenaron a Edenor y Edesur que lleguen a diciembre sin cables quemados en su red de distribución.
Ese es el punto más débil del sistema. Por caso, ayer a las 20, con temperaturas mucho menores a las que se esperan para el verano, había 6711 usuarios sin suministro en la zona de Edenor y 20.693 en la de Edesur.
En paralelo, el Gobierno adelantó el mantenimiento de algunos equipos de generación para que estén en su mejor forma en los días críticos, y pospuso la salida de funcionamiento de otras unidades para el momento en que disminuya el calor, más allá de marzo.
Además, puso a disposición de las distribuidoras equipos de emergencia (denominados Ugems, muy costosos, pero también móviles, por lo que pueden desplazarse para atender problemas puntuales). Los administrará Enarsa, la compañía estatal de energía, y comenzarán a desplegarse por las zonas consideradas críticas en los próximos días.
LA NACION vio la denominada "Programación Estacional Definitiva" para la electricidad entre noviembre y abril del año próximo, una planificación que hace Cammesa, la compañía administradora del mercado, que establece las directrices del sector. De acuerdo con ese esquema, este verano la demanda máxima de electricidad en todo el país alcanzará los 26.300 MW, apenas por debajo de los 26.361 MW de disponibilidad media esperada con los que estima contar el Gobierno.
Aunque se trata de una diferencia estrecha, puede tener dos interpretaciones. La buena: la situación aparece algo mejor que el año pasado. La mala: con tan escaso margen, cualquier inconveniente le hará pasar al suministro eléctrico un momento de mucha dificultad.
Eso es lo que piensa el propio Gobierno. Si alguna de las turbinas activas en todo el país trastabilla, es muy probable que el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren , ordene la aplicación de cortes programados en el suministro eléctrico, algo que ya ocurrió en enero de este año.
La situación más compleja está en Buenos Aires. Endesa Costanera, una de las grandes centrales de la ciudad de Buenos Aires, junto a Puerto, tiene varias turbinas de gran porte en mantenimiento. Deberían entrar en operaciones en los próximos días, pero si se presentan fallas no previstas (una alternativa que contemplan en Energía), habría restricciones de energía en la zona de concesión de Edesur.
Según los cálculos oficiales, el próximo verano habrá entre 10 y 12 días críticos. La administración Macri espera recurrir en ese momento a grandes importaciones de Uruguay y especialmente de Brasil, según indicó Pablo Fernández Blanco en La Nación.
El socio mayor del Mercosur tiene una situación que podría beneficiar a la Argentina en un momento de crisis: su economía está estancada (por lo que la demanda eléctrica es menor) y tiene un alto nivel de hidraulicidad (ríos cargados de agua), por lo que podría aportar volúmenes mayores a los habituales.
La generación brasileña deberá compensar la menor cantidad de agua que se acumuló en los embalses del Comahue, uno de los grandes centros de generación hidroeléctrica de la Argentina.
La cuestión eléctrica llegó a la mesa de Mauricio Macri. El lunes pasado recibió en la Casa de Gobierno a Santos Uribellarrea y otros ejecutivos de MSU, una compañía dedicada al agro que tiene en marcha una inversión de US$ 450 millones para instalar tres centrales de generación, de las cuales una estará en funcionamiento a fines de febrero.
El presidente sostuvo que recientemente había estado evaluando junto a su equipo inversiones de corto y largo plazo en generación eléctrica con la vista en el año próximo.
El caso de MSU es uno de los ocho proyectos con que cuenta Macri para amortiguar la crisis eléctrica. LA NACION vio el cronograma que maneja el Gobierno. Las máquinas entrarán en operaciones desde el 10 de diciembre próximo hasta el 31 de marzo del año que viene.
Sumarán 753 MW, poco más de lo que hoy produce la central atómica Atucha II, para poner un ejemplo. Seis de ellos se instalarán en la provincia y el Gran Buenos Aires, uno en Córdoba y otro en Mendoza.
Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) está a punto de borrar la deuda de $ 5429 millones que mantiene con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). La compañía es la más beneficiada por la condonación de deudas a distribuidoras eléctricas que establece el proyecto de presupuesto 2017, que ya tiene media sanción de Diputados.
"Todavía no estamos notificados de nada porque el tema está en tratamiento", dijeron en EPEC a LA NACION. La medida impulsada por el Ejecutivo compensará a distribuidoras provinciales por el congelamiento de tarifas al que las obligó el kirchnerismo en 2014 y 2015, pero EPEC no adhirió a ese esquema como sí lo hicieron otras.
En febrero de 2014, sus precios subieron 12,5% y se creó un cargo especial del 10,6% para financiar obras; en enero de 2015 el alza fue del 28,6% y en noviembre de ese año, del 15,4%.
Además, desde 2013, la empresa cobra una alícuota del 14,9% sobre todos los conceptos del neto de consumo menos el cargo Arroyo Cabral, que fue para construir una central transformadora en esa localidad. Terminada esa obra, el "extra" pasó a la financiación de la de Pilar. Son unos $ 1000 millones al año. Este año la suba fue del 48% y para 2017 la empresa pidió el 29,48%, cifra que se debatirá en unos días en audiencia pública.
La deuda de la EPEC con Cammesa por la compra de energía al mercado mayorista (MEM) empezó a negociarse apenas asumió el gobierno de Mauricio Macri.
Según Jorge González, presidente de la compañía, EPEC le reclamaba a Cammesa $ 3500 millones, por lo que la deuda neta sería de unos $ 1900 millones.
El 60% del presupuesto de EPEC se destina al pago de salarios; tiene -según datos de la Caja de Jubilaciones- 4050 trabajadores. El 66% de ese total cobra salarios superiores a los $ 32.000 mensuales. Tiene 3429 jubilados con un haber promedio de $ 35.000 por mes.
Por el diálogo abierto entre los tres gremios de Luz y Fuerza de la provincia (Córdoba, Villa María y Río Cuarto) y el gobierno, ingresarán otros 300 agentes para reemplazar a 150 que se jubilan entre lo que queda de este año y 2017.
La empresa tiene en marcha un plan quinquenal de obras en el que prevé invertir unos $ 3000 millones entre 2015 y este año.
