Como una primera etapa del plan que pretende dar solución al problema generado por el botadero Cerro Amarillo definió el gerente general de Minera Los Pelambres, Robert Mayne-Nicholls, el inicio del retiro esta semana de las más de 570 neumáticos que se encontraban en esta escombrera y que ahora están siendo llevados a un lugar dispuesto al interior de sus instalaciones.

“Estamos muy contentos, pudimos empezar hace una semana atrás y de los más de 500 neumáticos que tenemos que retirar ya hemos retirado del orden de 140 y vamos avanzando bastante bien. Nos habíamos comprometido a retirar estos neumáticos en 3 meses, pero creemos que lo vamos a poder hacer un poco más rápido que eso”, puntualizó.

Ahora, indicó, la intención de la compañía es proponer como solución la aplicación del plan de cierre que fue elaborado cuando se solicitaron los permisos para su instalación en este sector de la cordillera. “Cuando presentamos este botadero ya teníamos definido nuestro plan de cierre, lo que pasa es que ahora solamente lo estaríamos adelantando. La solución técnica existe y la vamos a aplicar, se ha aplicado en otras faenas”, puntualizó.

Con ello se garantiza, indica el ejecutivo, que este botadero pueda generar cualquier problema ambiental, temor que han expresado sobre todo desde el gobierno de San Juan, Argentina. “Nosotros planteamos un plan de cierre que contempla todo el manejo ambiental de la escombrera, de manera de asegurar que no haya ningún tipo de impacto en el medio ambiente”.

Esto podría tardar hasta 3 años y, según recalca, permitiría una solución técnica viable en materia ambiental, descartando que en el futuro se pueda producir drenaje ácido. “Los antecedentes que nosotros manejamos es que aquí no se ha producido drenaje ácido, esta roca antes de depositarla acá es de muy baja probabilidad de drenaje ácido y frente a lo anterior, en nuestro plan de cierre ya contemplábamos los canales de contorno para controlar cualquier agua”.

No obstante, Mayne-Nicholls recalca que lo que se haga con este botadero en el futuro no será una decisión que adopte la compañía, sino que acatarán lo que se defina ya sea por la vía judicial o por el acuerdo al que lleguen los Estados chileno y argentino. “Nosotros estamos disponibles para la decisión que se tome, ya sea entre gobierno o ya sea el tema judicial, nuestra voluntad, nuestra intención y nuestro compromiso es resolver el problema”.

En cuanto a la opinión que le merece el hecho de que se le considere como un sitio con un potencial foco de contaminación, el ejecutivo es enfático en señalar que “yo no comparto la opinión, no es cierto, este no es un foco de contaminación, nosotros estamos actuando de la mejor fe como compañía de manera de que esto se a hecho de la mejor forma”.

Cabe destacar que desde el gobierno de San Juan han manifestado sus prensiones respecto que el daño que esta escombrera podría provocar, sobre todo a las aguas que llegan a los poblados que están más abajo de la cordillera. Por ello, han solicitado la remoción total de la misma, lo que se transformaría en una solución de mucho más largo plazo. “Hemos hecho cálculos preliminares, no tenemos dentro de los planes eso, pero aproximadamente se daría dentro de 5 años, entre todos los permisos que tenemos que solicitar y la remoción misma”.

En este sentido, enfatiza que “si la justicia determina vamos a tener que proceder de acuerdo al dictamen que se emita”.

RECHAZAN RESPONSABILIDAD

Cabe destacar que a partir de 2004 y hasta el año 2011 MLP utilizó el botadero Cerro Amarillo para depositar el material estéril (roca que se saca del cerro) y argumentan que para ello obtuvieron los permisos correspondientes del Estado chileno, pues, en ese momento, el territorio en donde estaría emplazado figuraba como parte de nuestro país.

Sin embargo, alegan, en el año 2008 la cartografía oficial de Chile fue modificada (solo en su versión impresa) y movió los límites de ambos países. Con todo ello, cerca del 70% de esta escombrera pasó a estar en territorio argentino. No obstante, la minera no habría sido informada de estos cambios y continuaron operando hasta el 2011. Robert Mayne-Nicholls enfatiza que una vez que estuvieron en conocimiento de este problema inmediatamente se dejó de utilizar.

“No fue responsabilidad nuestra, teníamos todos los permisos correspondientes, se genera este impasse pero hoy día queremos resolver esta situación de la mejor forma posible”, recalca.

Debido a esta problemática, hoy Antofagasta Minerals se encuentra enfrentada judicialmente con su par Glencore, quien exige que Los Pelambres traslade el botadero a territorio chileno, y lo indemnice. El costo de eso ascendería a US$ 200 millones más la indemnización. MLP ha dicho que eso es impracticable, ya que significa mover 27 millones de toneladas de material y el daño ecológico sería enorme.

En abril de este año, Antofagasta Minerals llegó a un acuerdo con el gobierno de la provincia de San Juan para cerrar el botadero e informó que invertiría US$ 20 millones en la operación. Se indicó que el acuerdo no afecta los procesos judiciales que Glencore tiene contra la minera chilena y lo veían como una medida “transitoria y precautoria” mientras dura el juicio.

Sin embargo, hace algunos días el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, manifestó a los medios trasandinos que dejaría sin efecto este acuerdo. “Tuve primero una conversación verbal, siempre diciendo que el acuerdo estaba a disposición pero que si de alguna manera entorpecía la solución definitiva lo retiraba. En función de los dichos del ejecutivo máximo de Pelambres, que ellos entendían que con este acuerdo se alcanzaba una solución definitiva, consideramos pertinente salirnos del acuerdo”, puntualizó la autoridad del vecino país.

No obstante el quebrantamiento de este acuerdo MLP continuó con las gestiones para, como primera medida, realizar el retiro de los neumáticos y ahora señala que está a la espera de la resolución ambiental definitiva que tendrá este botadero. 3701i