La concesionaria de la represa reclama una indemnización por la falta de agua para generar energía. Quieren un resarcimiento de Irrigación cercano a los 4 millones de pesos. Se suma a otras demandas similares.
La guerra por el uso del agua en Mendoza sigue teniendo "pequeñas batallas" que tienen un mismo escenario: la Justicia. Ahora el consorcio de empresas Cemppsa, que construyó la presa Potrerillos, presentó una nueva demanda millonaria contra el Departamento General de Irrigación. Esa firma reclama que durante dos años Irrigación erogó menos agua de la presa Potrerillos y, de esa manera, generaron menos energía y a ellos le redundó en menos dinero.
El reclamo es por 4 millones de pesos más los intereses, pero en el fondo, explican, la puja es por "el uso del agua y sus prioridades". Es que Irrigación regula el caudal del agua según las necesidades "aguas abajo" y también teniendo en cuenta los pronósticos. Mendoza está en emergencia hídrica y las restricciones se potencian. La presa Potrerillos fue construida con varios propósitos: regular el río Mendoza, "acumular" agua para los períodos de escases, generar energía y realizar un aprovechamiento turístico de la zona como último plan.
El modelo de negocios altera en parte las prioridades, pues Cemppsa (formado por las empresas Cartellone y Pescarmona) fue inversor en la obra y tiene la concesión de la represa. Así, su forma de recuperar la inversión y ganar dinero es a través de la venta de la energía generada en Potrerillos. Para ello se construyó una central hidroeléctrica nueva (en Cacheuta) y se renovó la central Álvarez Condarco.
Cemppsa demandó a Irrigación por "derechos vulnerados" y reclama $ 3.990.680,40 "en concepto de daños y perjuicios, suma equivalente al valor de la energía que no pudo generar con motivo del irregular e ilegítimo comportamiento de la accionada durante los ciclos 2007-2009". Según la empresa, no se cumplió con el Plan de Erogaciones 2007-2008 y 2008-2009.
Desde Irrigación rechazan la demanda porque, explican, el contrato de Cemmpsa es con la Provincia y ese acuerdo no obliga "a cambiar las prioridades en el uso de agua que establece la ley". Es decir, que se administra ese recurso según las necesidades prioritarias y así se decide el plan de erogaciones del dique Potrerillos. "Ningún contrato asegura agua y clima a alguien", explicó un allegado a Irrigación al asegurar que el agua se usa según la disponibilidad. "Mendoza está en emergencia", repiten.
Fiscalía de Estado también se hizo parte en la causa y acusa a la empresa de errar el objeto de la demanda: según aseguran, el reclamo debería haberse hecho a la Provincia y no a Irrigación. "El Departamento General de Irrigación no es sujeto legitimado pasivo para atender el "eventual reclamo económico que exige la empresa, por no haber sido parte en el contrato de concesión, tal como se explicitará en este contestación", dice la respuesta oficial, donde consideran al DGI como un "tercero" en esa disputa.
Desde Fiscalía explican que fue la Provincia quien licitó el diseño, construcción y explotación energética de Potrerillos "para regular el uso del Río Mendoza, dando garantía para la provisión de agua necesaria para uso humano, industrial y riego del área bajo la órbita del DGI; promover un polo de desarrollo turístico y obtener un autoabastecimiento energético".
Ese tipo de demanda no es nueva. De hecho en la Suprema Corte hay varios antecedentes y también son numerosas las causas surgidas por la construcción de Potrerillos y el contrato "mixto". "Presentan muchas demandas, algunas las ganan y otras pierden", explican desde Tribunales. El caso más conocido fue el de la construcción del terraplén de "seguridad". Durante el gobierno de Roberto Iglesias la Provincia ordenó que la empresa construyera un terraplén para aumentar la seguridad de la presa porque supuestamente no se había cumplido con las exigencias del pliego. La empresa lo hizo, pero luego reclamó en la Corte y ganó. Incluso en el juicio se denunció que el pedido para hacer esa obra fue una "excusa" para demorar el llenado del Dique porque la Provincia no había cumplido con el plan de obras complementarias.
El juicio le significó al Estado pagos millonarios: tuvo que indemnizar a Cemmpsa en 2.792.887 pesos por los costos de la obra y en $8.353.606 por la "energía no generada". Es que mientras duraba la construcción del terraplén, no se podía llenar el dique por completo. En ese sentido, el reclamo tiene una semejanza con la nueva demanda.
La inversión total para construir la represa fue de U$S 260.000.000 y los recursos los pusieron la Provincia y la empresa. Para recuperar la inversión Cemppsa tiene la concesión de la represa por 25 años (que incluye las dos centrales hidroeléctricas de Potrerillos y también la de El Carrizal).
