Las ONG explicaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desde la creación del proyecto minero no se ha consultado con los pueblos indígenas ni se tiene su consentimiento, no hay un estudio de impacto ambiental y el Gobierno ha dictado disposiciones que deben ser antes aprobadas por la Asamblea Nacional.

La audiencia pública del 159 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Panamá, sirvió de escenario para que un grupo de organizaciones académicas y no gubernamentales de Venezuela advirtieran la amenaza que la explotación en el área denominada “Arco Minero” representa en el ámbito ecológico y de los derechos humanos de 16 pueblos indígenas ubicados en el sur de la geografía.

En este territorio, de más de 111.000 kilómetros cuadrados al sur del río Orinoco, habita el 30 % de los pueblos originarios del país caribeño, dos de especial delicadeza, el Hoti o Jodi y el Eñepá, pueblos "en contacto inicial" porque voluntariamente han decidido aislarse, explicó a Efe Vladimir Aguilar, del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes (ULA).

También se encuentran algunos de los principales monumentos naturales y reservorios del país, como el parque nacional Canaima, escenario de la catarata más alta del mundo, el Salto Ángel.

Venezuela explicó en la audiencia, reseñada por Efe, que la explotación minera solo se haría en una quinta parte de la zona seleccionada del Arco Minero y que no afectaría las áreas protegidas. Pero esto no convence a las ONG y líderes indígenas por la falta de estudios y la tendencia mundial a expandir la frontera extractiva una vez implementado el modelo de desarrollo.

Desde el anuncio de su creación, en febrero, el Gobierno apuntó a un desarrollo industrial "ecosocialista" en el área del Arco Minero del Orinoco que permita diversificar la economía nacional con base en la extracción de oro, coltán, diamantes, bauxita y otros minerales que se traducirían en cientos de millones de dólares.

Pero las ONG presentes explicaron que desde el inicio se ha violado la carta magna venezolana porque no se ha consultado con los pueblos indígenas ni se tiene su consentimiento, carece de un estudio de impacto ambiental y dicta disposiciones que deben ser antes aprobadas por la Asamblea Nacional.

Sin prestar mínima atención a los detractores de este proyecto, el presidente Nicolás Maduro emitió en mayo pasado un Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que le confirió más atribuciones especiales. Una de las acciones más concretas le permite entregar concesiones a empresas extranjeras sin la aprobación de la AN, algo prohibido por la Constitución.

Cerca de 40 organizaciones de la sociedad civil denunciaron esto como "una ruptura del hilo constitucional", y específicamente el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió "el inicio de un desvío dictatorial".

El representante de Provea Rafael Uzcátegui expuso esto a la CIDH y denunció que el decreto del proyecto explícitamente pone el interés extractivo por encima de derechos como a la huelga y la asociación.

También destacó que solo un 12 % de las comunidades originarias tiene titulaciones y la calidad de los títulos que ha entregado el Gobierno no es superior a la de una carta agraria, lo que inhibe a estos pueblos de la protección completa y garantizada de su cultura y sus lugares sagrados, entre otros derechos.

Por todo lo anterior Provea, el Laboratorio de Paz y el Grupo de Trabajo de la ULA pidieron a la CIDH que trabaje en un Informe País, además de persuadir al Estado para que la Relatoría sobre Derechos de Pueblos Indígenas visite Venezuela. 

El Arco Minero es un proyecto de explotación minera en una zona de desarrollo estratégico en el cual participan 150 empresas internacionales en sociedad con el Estado venezolano.

El desarrollo del proyecto de explotación del Arco Minero ha generado intensos debates con relación al sensible tema, por ello La Hora Clave dedicó su programa para analizarlo en compañía de Alexander Luzardo, doctor en derecho político ambiental y Leidi Herrera, Directora de IZET UCV.

Alexander Luzardo, aseguró que el “Llamado Arco Minero” es una denominación errónea, puesto que la zona no es un arco minero sino un “Arca de Noe” debido a las diversas reservas naturales que surte de energía a Venezuela.

“El proyecto del arco minero sacrifica las reservas de agua dulce del país”

Por su parte Leidi Herrera, indicó que es importante recordar que la zona del Arco Minero involucradas todas las áreas hidrográficas del sur del país cercanas al Rio Orinoco y toda esta intervención va a modificar los cauces de los ríos sobre las represas.

“Los expertos siempre han estado en contra de la explotación de esta zona”

Asimismo expresó que la situación económica lleva al Estado a explotar esta zona, pero debe tener responsabilidad para evitar otros problemas futuros debido a la intervención de estos espacios naturales.