Mineras privadas han entregado montos más altos y con reajustes por IPC a cambio de mayores plazos para volver a discutir contratos colectivos.
La fórmula que Codelco aplicó en sus procesos de negociación colectiva desde 2016 dio resultados para contener sus costos laborales.
Esto, porque el 0% de reajuste, sumado a una disminución de 40% en los bonos de término de conflicto pagados, fue aceptado por los más de 8 mil trabajadores involucrados en estas tratativas, la mayoría anticipadas.
Al dividir el bono que recibieron los trabajadores de Andina, Salvador, Chuquicamata, Casa Matriz y Vicepresidencia de Proyectos de la estatal, por los meses de vigencia del acuerdo, se obtiene un promedio mensual de hasta $ 70.000 por trabajador como bono de cierre en el caso del menor monto entregado por la estatal.
En el caso de los sindicatos de Chuquicamata, que negociaron en diciembre, la media es de $ 160 mil mensuales, casi la mitad del promedio de $ 305 mil por empleado que Collahuasi pagó en abril.
En el caso de Los Pelambres, que en 2016 entregó un BTN de $ 6,8 millones por 36 meses de contrato, el promedio es de $ 188 mil mensuales.
Otras mineras que no informaron bonos, entregaron reajustes mayores al 0%, generalmente por IPC.
El presidente de Coldelco, Óscar Landerretche, destacó ayer “la enorme disposición de los trabajadores” para cerrar estos acuerdos.
Recalcó que la clave fue establecer diálogo, por ejemplo, a través de mesas técnicas, aunque reconoció que para las mineras no fue fácil ajustarse a la nueva realidad del mercado.
Consultado sobre la menor duración de los contratos, dijo que la situación del mercado es volátil, “y eso significa que todos en el mundo del cobre tienen un horizonte de plazo más corto”.
Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, señaló que “no hay un patrón común para las negociaciones colectivas. Así como Codelco ha bajado los bonos, cambiando su forma de abordar estos procesos, hay empresas privadas que también lo han hecho”.
Destacó además que el caso de Collahuasi fue diferente, porque entró a negociar con la nueva legislación, por lo que el proceso se acotó con un piso definido como lo establecido en los contratos colectivos vigentes al inicio del proceso de negociación colectiva.
En la industria comentan que este año se debería mantener la tónica de un predominio de procesos sin sobresaltos en lo que viene para Zaldívar (AMSA y Barrick), los supervisores de El Teniente, Candelaria (Lundin Mining) y el paralizado proyecto Pascua-Lama de Barrick.
“Si uno mira los procesos de negociación que quedan, al menos por este año se ven en principio menos conflictivos, sin embargo esto podría ser momentáneo dado que el próximo año se volverá a analizar la situación pendiente de Escondida y, en 2019, tocará Chuquicamata, la que acordó un contrato por poco más de dos años a fines de 2016”, dijo Guajardo.
Para 2018 se esperan 21 procesos, diez de los cuales corresponden a divisiones de Codelco (Radomiro Tomic, Casa Matriz, Ventanas y los sindicatos de trabajadores de El Teniente), mientras que entre las faenas privadas está Escondida hacia mediados de año.
Además destacan las negociaciones del sindicato Mina de Los Pelambres (AMSA), Cerro Colorado y Spence (de BHP), mientras que en abril y mayo de 2019 corresponderá una nueva negociación en Chuquicamata, proceso que se dará en plena transición al modelo de explotación subterránea de la mayor faena a rajo abierto de la minería mundial.
En un informe de auditoría, la Contraloría General de la República estableció que Codelco no se apegó a la ley en una serie de contratos firmados con distintas empresas, entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.
Una de ellas es la empresa Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, que involucra más de $31.000 millones, consigna hoy La Tercera.
Según el texto de 149 páginas, en el período analizado Codelco efectuó la mayoría de sus adquisiciones de bienes y servicios mediante licitación privada (45,4%) y asignación directa (19,35%). A su vez, el 92,47 por ciento se realizó por asignación directa o trato directo.
La cuprera estatal envió los datos -sobre Hatch Ingenieros y Consultores Limitada- al Ministerio Público. El fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, abrió una causa penal para indagar posibles delitos de negociación incompatible o fraude al Fisco.
“La corporación realizó una contratación con la firma Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, por un monto de $ 31.751.146.264, empresa proveedora cuyo representante legal tenía vínculos con un directivo de Codelco, sin informar de dicha operación a este organismo de control ni a la Cámara de Diputados, según lo dispone el inciso sexto del Artículo 4° de la referida Ley N° 19.886”, dice el texto de Contraloría. Esto hace alusión a dos contratos que firmó la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco con esa empresa, que corresponden al “Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea”, dice el informe de Contraloría.
Los contratos entre Codelco y la firma fueron los siguientes: el primero que se efectuó el 19 de febrero de 2014 fue 'Ingeniería de Detalle Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea, Etapa I' por un valor inicial de $ 7.667 millones. El segundo, que se realizó el 14 de diciembre de 2015, fue 'Ingeniería de Detalle Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea, Etapa II', con un costo inicial de $ 24 mil millones.
"En el momento de la celebración de los contratos existía una relación de parentesco por afinidad en segundo grado entre el señor Francisco Casas Cánepa, gerente de Proyectos de la Vicepresidencia de Proyectos, y el señor Fernando Vivanco Giesen, representante legal de esa empresa, toda vez que el primero era yerno de este último”, advirtió el informe de Contraloría.
Codelco además celebró con la firma un contrato para el estudio de factibilidad del “Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea” el 4 de marzo de 2010. Entonces, quien ocupaba el cargo de vicepresidente de Proyectos en la estatal era, precisamente, Fernando Vivanco, quien presentó su renuncia a la cuprera a contar del 1 de octubre de 2010, y es el actual representante legal de Hatch.
Luego Codelco propuso a la firma unas modificaciones para que pudiera cumplir con el trabajo en los plazos fijados, ya que había un retraso de cinco meses, lo que significó un aumento en los gastos.
Al respecto, la cuprífera aseguró que la empresa Hatch cuenta con la experiencia necesaria, equipo técnico especializado y la necesidad de darle continuidad a la etapa de factibilidad del proyecto.
“El señor Casas Cánepa es un ex trabajador de la Vicepresidencia de Proyectos, el cual se desempeñó en Codelco desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 31 de mayo de 2011, y entre el 15 de noviembre de 2011 y el 1 de julio de 2016”, justificó Codelco en el informe.
Precisando que al tratarse de una empresa estatal, Codelco “se somete a un régimen especial que tiene legitimación constitucional directa, por lo que no estarían contraviniendo la ley".
El presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche, dijo que “es una vieja discusión que existe entre Codelco y la Contraloría, que tiene que ver con qué ley aplica para este tipo de contratos (...) Codelco sí siguió los procedimientos que corresponden a la ley que lo rige, que es la Ley de Sociedades Anónimas”.
