Se realizará un estudio de impacto ambiental y además una audiencia pública antes de volver a poner en funcionamiento la central térmica Río Turbio, lo cual es “lógico y razonable”, aseguraron fuentes del Ministerio de Energía al aludir a la Justicia Federal de Río Gallegos, que hizo lugar al amparo para que dé lugar a la participación ciudadana.

El Ministerio de Energía, a través de un portavoz, consideró que es lógico que se exijan los estudios de impacto ambiental de la central térmica de Río Turbio y además, en respuesta al principal cuestionamiento respecto al destino de las miles de toneladas de ceniza que generará la usina, anticipó que se realizará un aprovechamiento industrial de esos desechos, lo que evitaría su emisión a la atmósfera siguiendo la tendencia que se registra en otras centrales similares en el mundo.

La resolución del juez federal subrogante Javier Leal de Ibarra estableció que “en forma previa a la puesta en funcionamiento de la central termoeléctrica Río Turbio deberá la empresa adjudicataria (IsoluxCorsan) culminar de forma íntegra con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”.

Para el funcionario de la cartera energética, la gestión kirchnerista y los concesionarios de la obra “no fueron estrictos en la presentación del estudio ambiental, y ese informe hay que hacerlo nuevamente y llevarlo a audiencia pública”, al afirmar que “la usina tiene una moderna tecnología de bajo impacto” que no debería generar inconvenientes.

Cabe recordar que la decisión del juez deviene de una presentación que fuera formulada por el titular de la Asamblea Ambiental Ciudadana, Eduardo D’Elía y el abogado José Luis Janezak en el año 2014.