Valor Minero presentará en noviembre a la Presidenta Bachelet la iniciativa “Institucionalidad de Diálogo Permanente”, que impulsará acuerdos entre Estado-empresa y comunidad, con la participación del Poder Judicial.

Crear una Institucionalidad de Diálogo Permanente entre las empresas, la comunidad y el Estado que se inicie muy temprano, antes del diseño de grandes proyectos de inversión, con el propósito de llegar a acuerdos y prevenir la conflictividad, es una de las tres líneas de acción que está desarrollando Alianza Valor Minero.

El trabajo se inició hace cuatro meses, y el presidente ejecutivo de la entidad, Álvaro García, anuncia que en noviembre presentarán la propuesta de política pública a la Presidenta Bachelet, la cual incluye mecanismos de mediación prejudiciales para la resolución de controversias.

Un estudio exhibido en junio en Icare revela que debido a demandas interpuestas por comunidades ante los tribunales, hay inversiones retenidas por unos USS7.550 millones, aun cuando se trata de proyectos que cuentan con aprobación ambiental.

El 87% de la cartera de inversiones que tiene Chile en este momento essá en los sectores de energía, minería e infraestructura inmobiliaria, casi todos grandes proyectos, por lo que en el directorio están representados todos estos sectores.

El trabajo se desarrolla con organismos públicos, como los ministerios sectoriales, organizaciones de la sociedad civil, ONG ambientalistas, universidades y sindicatos, entre otros. “La institución busca representar una pluralidad de intereses”, dice.

El sistema de diálogo permanente busca hacer coherentes la consulta indígena y la consulta ambiental con una consulta socioeconómica, que es lo que más preocupa a la población, pero que hasta ahora -dice García- no tiene espacio dónde ocurrir.

“Al incluir el tema socioeconómico llevamos el diálogo no solo a mitigar o compensar los daños, sino también cómo distribuimos los beneficios. Por eso decimos que este sistema de diálogo conduce a acuerdos de valor compartidos”, indica García.

Destaca también que el mecanismo de resolución de controversias busca evitar la judicialización de forma tal que el Poder Judicial, al ser parte de este proceso, considere los acuerdos que la empresa ha logrado con su entorno social y gubernamental, incluidos los gobiernos locales.

Para este efecto, Valor Minero está desarrollando los módulos de mediación en un trabajo conjunto con el Departamento de Estudios de la Corte Suprema. De modo que aquí los acuerdos e incumplimientos tienen historia, y el Poder Judicial estará mucho mejor informado.

El sistema incorpora una certificación de los actores que concurren al diálogo, los que deben cumplir con ciertos deberes de representación que los comprometa en los procesos. La certificación también deben cumplirla quienes apoyan el diálogo, proveen la información y avalan los acuerdos, así como los que median los conflictos. Se trata de servicios que hoy existen, pero que nadie certifica su idoneidad.

La propuesta busca crear un fondo de financiamiento público para la nueva institucionalidad, pues un financiamiento de las firmas genera suspicacias en las demás partes involucradas.