Desde el Ministerio de Minería indican que de momento no están los consensos para hacer una modificación legal a la normativa que regula la extracción de litio, por lo que se haría vía reglamento.

A toda máquina se encuentran trabajando al interior del Ministerio de Minería para que el país aproveche el boom del litio.

El llamado “oro azul” tiene actualmente un carácter no susceptible de concesión en Chile, por lo que las únicas dos empresas explotadoras de este recurso -SQM y Rockwood- lo hacen a través de acuerdos con Corfo, donde se le arriendan las pertenencias de su propiedad.

Sin embargo hay otra vía que hasta la fecha no ha sido utilizada por ningún privado debido a su falta de normativa: la obtención de una cuota de extracción de litio a través de un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), donde se faculta a terceros para explorar, explotar, y beneficiar una cuota determinada de toneladas de litio metálico, en cualquier área del territorio nacional, con excepción de aquellas zonas cubiertas por concesiones mineras constituidas conforme al Código de Minería de 1932.

Si bien el mecanismo deriva de la licitación del litio de 2012, a la fecha ninguna empresa tiene uno de esos contratos. ¿La razón? La falta de normativa para ser asignados de forma directa por parte del ministerio de Minería.

“Hoy día las empresas no saben qué tienen que hacer para tener un CEOL, entonces se han acercado al ministerio para preguntar y nosotros les hemos indicado que estamos trabajando en definir esos criterios”, dijo el subsecretario de Minería, Erich Schnake, al respecto.

“Esperamos que salgan regulaciones de aquí a fin de año, para efectos de quienes estén interesados en explotar el producto litio, que no es concesible, lo puedan hacer con un marco normativo. Sería por vía reglamentaria”´, señaló. Según explicó el subsecretario, desde el Gobierno evalúan un reglamento “porque es largo el procedimiento y básicamente porque no están los consensos. Sabemos que se requieren grandes consensos políticos y el tiempo que tomaría para llegar a eso sería demasiado”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que desde el Gobierno optan por este mecanismo para impulsar dicho mercado. En 2012 la administración del ex presidente Sebastián Piñera lideró la primera licitación de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), que fue adjudicada a Soquimich (SQM). Esta finalmente fue invalidada por tener disputas con el fisco -pese a haber presentado una declaración jurada que aseguraba no tener litigios con el Estado-, lo que generó duros cuestionamientos al subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y detonó su salida del Gobierno.

Cabe recordar que el mercado anual de litio es de 35.000 toneladas, de los cuales alrededor de un tercio son producidas en Chile. Sin embargo, se espera que dicha industria crezca en forma exponencial producto del incremento de la electromovilidad y los desafíos energéticos que enfrenta el planeta, especialmente en la generación de baterías de almacenamiento.

Sin embargo, hoy en el país el Código de Minería establece en su artículo 7° que no son concesionables los hidrocarburos sólidos y gaseosos, el litio, los yacimientos de cualquier especie existente en aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y los situados en todo o parte en zonas de importancia para la seguridad nacional, salvo que dichas concesiones estén válidamente constituidas con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha legislación.

Desde el gremio indican que si no se realizan cambios legales las inversiones se instalarán en otros países.

“Si el Estado ya es dueño de las mayores reservas de Chile, ya tiene los derechos mineros sobre eso, el litio debería ser una materia concesible para que se desarrollen los otros proyectos. Sino, con la lentitud que existe en la reacción del Estado en esto, es probable que quedemos fuera de las inversiones, salvo en el Salar de Atacama”. Fuerte y claro es el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, respecto a los pasos que debería seguir Chile para no quedarse atrás en la carrera por las inversiones de litio.

Esta postura está plasmada en el documento Fundamentos y Desafíos para el Desarrollo Minero, recopilación creada para ser entregada a los equipos programáticos de las distintas candidaturas presidenciales y en el que se abordan los pasos que debería dar Chile para volver a situar al país como uno de los principales destinos de la inversión minera.

En el documento, en el capítulo referente al litio, se indica que resulta necesario adecuar la legislación para que el sector privado pueda acceder libremente a los recursos de este mineral. Esto, aseguran, considerando que se trata de un activo estratégico para que el país pueda incrementar su riqueza y aumentar su actividad económica.

“De no haber cambios legales que promuevan la explotación de este recurso y mientras no se flexibilice su exploración y explotación, es muy probable que la nueva capacidad futura de procesamiento se instale en otros países como Australia, Estados Unidos, Canadá, China, Argentina o Bolivia”, indica la Sonami.