El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos de derechos humanos destacados en la Argentina en la última dictadura y en los últimos años bastante alineado con el kirchnerismo, bajo la conducción del periodista Horacio Verbitsky, emitió ayer este comunicado crítico hacia la situación en Venezuela:
El gobierno venezolano no protegió el derecho a la vida y restringió los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de participación política. El gobierno de los Estados Unidos aplicó nuevas sanciones jurídicas y financieras contra el país. La situación exige un compromiso activo de la comunidad internacional en acompañar a Venezuela en una salida soberana de la crisis.
Las medidas adoptadas por el gobierno venezolano, en el contexto de la elección de la Asamblea Constituyente y las protestas de quienes la cuestionan, agravaron aún más la situación de los derechos humanos en ese país.
El 30 de julio, el gobierno volvió a responder con violencia a las manifestaciones en su contra. En esta oportunidad, diez personas murieron, aumentando a 119 los fallecidos en situaciones de protesta en los últimos cuatro meses.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, un porcentaje considerable de estas muertes es consecuencia de disparos de armas de fuego realizados por agentes policiales y militares. Otras muertes se deben a la actuación de grupos de civiles armados que responden tanto a sectores de la oposición que postulan una salida insurreccional como a grupos paraestatales. En las situaciones de protesta, la respuesta estatal debe basarse en el principio de protección de la vida; así se desprende de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos.
En el marco de las elecciones y de la crisis política que atraviesa el país, el gobierno nuevamente restringió los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de participación política.
El uso abusivo de la fuerza, la participación de las Fuerzas Armadas, las detenciones masivas y arbitrarias, el uso de la justicia militar y de los servicios de inteligencia para perseguir y criminalizar a manifestantes y miembros de la oposición son violaciones graves de esos derechos.
Ayer, durante la madrugada y con operativos realizados por agentes armados y encapuchados, se sustrajo de sus domicilios a Leopoldo López y a Antonio Ledezma, líderes de la oposición, para trasladarlos a una cárcel militar. Sus detenciones ya habían sido consideradas arbitrarias por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que desde hace años exige al Estado venezolano que sean liberados. López además es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de abril de 2015.
En esta situación, es particularmente grave que el gobierno busque destituir de forma irregular a la Fiscal General Luisa Ortega, quien desde el Ministerio Público lleva adelante las investigaciones por las muertes ocurridas en contextos de protesta.
Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos aplicó nuevas sanciones jurídicas y financieras contra Venezuela, su presidente y un alto número de funcionarios, y amenazó con profundizar medidas unilaterales. Esta agresión dificulta aún más una solución para una salida democrática de la crisis, que evite las polarizaciones que ensangrentaron al continente el siglo pasado.
En este momento, la situación de Venezuela exige un compromiso activo de la comunidad internacional en acompañar a ese país en una salida soberana de la crisis que implique que no haya regresiones en materia de derechos económicos, sociales, civiles y políticos.
NORMA MORANDINI*
La reticencia del progresismo para denunciar la represión en Venezuela muestra los límites de nuestra convivencia democrática.
Qué fuerza poderosa de autoengaño la de la ideología, en cuyo nombre se justifican las muertes, las prisiones y el terror de los tiranos! Pasó con los crímenes de Stalin, negados por buena parte de la intelectualidad de izquierda durante años.
Pasó igual con la revolución cubana: fue doloroso reconocer la mentira detrás de la promesa del hombre nuevo. Y vuelve a suceder ahora con el silencio de los que se autodefinen "progresistas" y no denuncian las violaciones de los derechos humanos en la Venezuela de Maduro .
Para entender tantas mordazas hoy me es más útil la literatura que la política. "Pedir perdón exige más valentía que empuñar un arma, que accionar una bomba", piensa el etarra en la soledad de su prisión, frente al papel en el que debe escribir una carta a una de las víctimas de ETA, la organización que integró. Ése es el dramático dilema al que el escritor vasco Fernando Aramburu somete a uno de sus personajes, el ya no tan joven guerrillero al que los años en la cárcel le han dado el tiempo suficiente para repasar su vida. No le faltó coraje para reconocer íntimamente "las atrocidades" que cometió cuando era "un joven crédulo de sangre caliente".
Para liberarlo de esos remordimientos, la hermana lo insta a escribir una carta de perdón a la viuda de un modesto empresario asesinado por ETA. Sin embargo, su temor mayor es que se haga público el texto, en el que finalmente esboza unas líneas de perdón a la mujer, otrora amiga de su familia. Tal vez porque los remordimientos son íntimos y los que justifican la violencia política en nombre de la patria no pueden mostrarse humanos, ya que fueron entrenados para matar. Eso plantea el escritor vasco en su novela Patria para desentrañar una verdad ineludible, el sufrimiento, los dolores y desencuentros que dejan la violencia guerrillera y los regímenes totalitarios.
Patria es una novela portentosa que bien puede leerse en clave argentina. Tanto por la violencia de los años 70 como por las consecuencias que nos dejó ese tiempo de odio y confrontación. Pero si entre las víctimas es mucho más fácil reconocernos iguales en el sufrimiento ante las muertes y los secuestros de familiares que han dejado lugares vacíos en tantas mesas familiares de nuestro país, perturba la virulencia y el impudor de los que invocan nuestros muertos para imponer una visión política antidemocrática que justifica las torturas y las prisiones de los gobiernos que les son afines ideológicamente. Así sucede con las organizaciones de derechos humanos de nuestro país que nada han dicho del régimen de Nicolás Maduro, que ha violado todos los derechos de la democracia.
Igualmente incomprensible es la reacción en España de los sectores de Podemos que el mes pasado criticaron la conmemoración de la alcaldía de Madrid por los veinte años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, un concejal del Partido Popular de Ermua, pequeña población del País Vasco. El joven, de 29 años, fue secuestrado por un comando de la ETA para exigir que los etarras presos fueran trasladados a prisiones vascas. Apareció muerto dos días después con dos tiros en la nuca. El asesinato del edil generó tal repudio masivo en toda España que marcó el inicio del fin de ETA.
Sin embargo, aún sobrevive una concepción política que tolera la prepotencia de Maduro y se fastidia con el pacifismo de los que trabajan contra la intolerancia. Silencios e intolerancias se justifican con el mismo argumento: "No hacerle el juego a la derecha". El ex juez Baltasar Garzón, que juzgó a Pinochet, calificó de "golpista" aLeopoldo López , en consonancia con muchos intelectuales de izquierda en nuestro continente que responsabilizan a la oposición por la violencia en el país bolivariano sin que hayan aprendido la dramática lección sudamericana: el que viola los derechos humanos es el Estado que debe protegerlos.
Por eso, perturba que se invoque la más bella filosofía, la de los derechos humanos, que nos hace iguales y define la naturaleza de lo humano en la dignidad, y no puedan reconocer el sufrimiento ajeno, despojado de la ideología. Confieso que me intriga semejante contrasentido. Con nuestros muertos se hacen discursos, se levantan monumentos, se ponen placas recordatorias. Los otros, los que no nos pertenecen, son tan sólo un número o una desconfianza. No ignoro que la tenebrosa historia del siglo XX está llena de esos contrasentidos.
Los intelectuales de izquierda a los que mi generación veneró ocultaron, también, los gulags y los crímenes del régimen comunista "para no hacerle el juego al capitalismo". Una astucia ideológica -que debe resultar muy cómoda- para no dudar y sufrir el dolor de la decepción. Del mismo modo, confunden quién es preso político. No el que comete delitos en democracia con justificativos políticos, sino el que es encarcelado por acciones que no son delitos en una sociedad democrática, como son la libertad de palabra y opinión. Presos políticos son Leopoldo López y Antonio Ledezma, detenidos otra vez en una cárcel militar.
Preso político fue el disidente chino Li Xiao Bo, encarcelado precisamente por pedir libertades democráticas. Sin embargo, ninguna organización defensora de los derechos humanos levantó la voz para reclamar por el premio Nobel de la Paz Li Xiao Bo, condenado a 11 años de prisión por el delito de opinión. Debía quedar libre en 2020. Murió el mes pasado en la prisión.
En la Argentina apenas nos separan cuatro décadas de los tiempos en que cada muerte se vengaba con otro cadáver en una espiral de violencia que nos destruyó como país y cuyas consecuencias se perpetúan. El dolor por las ausencias, las cárceles, el exilio o simplemente por el terror que nos maniató como sociedad sirvió para que los argentinos valoráramos la democracia constitucional que nació bajo el mejor auspicio, el fin de la impunidad, los juicios que condenaron el terrorismo de Estado y el mayor consenso al que jamás haya llegado antes nuestro país, el Nunca Más a la violencia política. En la medida en que nos fuimos alejando de ese pasado, se fueron rehabilitando los sectores de la izquierda que comenzaron a participar en el espacio público, el de los debates, la opinión y la participación política. Fue en la década pasada, con la instrumentación del dolor y la utilización política de los derechos humanos, cuando muchos desnudaron su índole antidemocrática. No sólo porque no critican al régimen de Maduro, sino también porque no respetan las ideas ajenas ni dudan de las propias.
Consolidar la democracia constitucional lleva tiempo. Ahora lo sabemos. Nos resta encarnar los valores de respeto y de convivencia. Al final, de lo que se trata es de "hacerle el juego a la democracia", la irónica expresión del abogado Emilio García Méndez, quien junto con otros intelectuales y académicos ha puesto en debate la nueva agenda de los derechos humanos, ya sin el maniqueísmo de los que se apropiaron de la memoria ni las descalificaciones personales que atentan contra todo debate intelectual honesto. No se trata del remordimiento del guerrillero de la ETA, ya que entre nosotros ningún sector se ha responsabilizado de la violencia pasada. El tiempo actual requiere otras valentías, como por ejemplo atreverse a enfrentar en el espacio polarizado de la opinión toda forma de humillación y denigración de las diferencias. Además de que seamos capaces de poner en duda las que creemos nuestras certezas. "El valor de la democracia sólo es posible si tenemos el valor de enfrentarnos al odio", se lee en un pequeño gran libro: Contra el odio, escrito por Carolin Emcke, una de las intelectuales más interesantes de Alemania.
Recibir a los venezolanos que huyen del hambre y la opresión, conmovernos ante las imágenes de los que deben pasar horas en una fila para recibir un pedazo de pan, condenar el autoritarismo donde se manifieste es, también, una forma de hacerle el juego a nuestra herida democracia para erradicar el odio ideológico, que no es compatible con las ideas humanistas de los derechos humanos ni la pluralidad de la democracia.
*Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado
