ADRIÁN SIMIONI
El Nobel de Economía Edmund Phelps advirtió en Córdoba sobre el riesgo de que un excesivo celo regulatorio ambiental pueda volverse en contra de las políticas orientadas a contener el cambio climático, si es que terminan sofocando la innovación tecnológica y la empresarias.
El economista, laureado con el Nobel en 2006 y hoy profesor de Columbia, tuvo a su cargo la primera conferencia de la Cumbre de Economía Verde. Para hoy se aguarda otra exposición central a cargo de Eric Maskin, además de la disertación de Barack Obama.
Phelps enfatizó tres ejes en su conferencia. Por un lado, sostuvo que el crecimiento poblacional y la mejora en los niveles de vida a los que legítimamente aspiran los países menos desarrollados (dijo que no hay forma moral de justificar que se les pida un freno) requieren no sólo reducir la emisión de gases de efecto invernadero, básicamente dióxido decarbono (CO2).
“Hoy el 20 por ciento de la población mundial consume el 80 por ciento de los recursos. ¿Qué pasa cuando el 80 por ciento restante quiere lo mismo? El problema va a ser muy candente”, afirmó.
En ese marco señaló el problema de países chicos o gobiernos débiles que no puedan o incluso no quieran encontrar el modo de regular los intereses de enormes compañías mundiales. Y sostuvo que una alternativa “realista” es que esos países puedan disponer de excepciones o de mayores cuotas de emisión.
Otro eje estuvo vinculado a que, si se requiere no sólo limitar nuevas emisiones, sino reparar el daño ambiental, va a ser fundamental que la limpieza se transforme en un negocio lucrativo, para que la innovación tecnológica y el mercado se enfoquen en el tema. “El clima ya se ha deteriorado tanto que es muy costoso recuperarlo”, planteó Phelps.
“Recién cuando los negocios vean oportunidades para recuperar el capital natural, podremos revertir el daño. Por eso queremos una mejora del ambiente que no pare el crecimiento económico, y que no sólo detenga el daño, sino que lo revierta”, señaló.
Phelps citó repetidamente el ejemplo de Graciela Chichilnisky, la economista nacida en Argentina y profesora también en Columbia que diseñó el mercado de bonos de carbono establecido en el Protocolo de Kyoto y que hace unos años, con otros colaboradores, patentó en 2012 una tecnología para capturar carbono del aire y venderlo para uso industrial, aunque hasta ahora no prosperó.
Economista al fin, el propio Phelps planteó dudas: “La captura de dióxido de carbono y su suministro a la industria puede llegar a dejar de ser rentable si como resultado bajan los precios”. señaló.
Finalmente planteó el riesgo de sobrerregulaciones o malas regulaciones que frenen la innovación, que, en su filosofía, Phelps no sólo concibe como fundamental para el desarrollo y la lucha contra el cambio climático, sino para mantener sus conceptos de prosperidad y “buena vida”. Ayer no abundó en esa idea, pero la ha expresado otras veces como “el bienestar material combinado con el inmaterial, que consiste en la posibilidad de imaginarte explorando horizontes nuevos”.
En su visión de las cosas, esa innovación es colaborativa e individual. Y no debería ser sofocada. “Mi preocupación es que las economías de hoy, muy reguladas ya por la necesidad de estabilidad, se vuelvan aún más reguladas por el ambiente. El riesgo es la sobrerregulación, la mala regulación. Debemos tener cuidado porque no tenemos que caer en el estrangulamiento”, sostuvo.
“Tal vez me estoy preocupando por nada. Pero creo que si tenemos esta histeria masiva que tiene que ver con el cambio climático, a una industria le puede resultar muy difícil iniciarse, se va a detener la innovación. Si alguien quiere hacer algo y tiene que demostrar a los gobiernos que no va a contaminar nada, entonces acá perderíamos la tendencia normal en la que se forman nuevas empresas y se desarrollan nuevos productos. Eso es central en la felicidad del ser humano. Podemos matar el misterio y la incertidumbre”.
FABIÁN RUOCCO*
En el CEDyAT destacamos la figura del Estado como motor del desarrollo tecnológico para lograr una promoción real de la economía verde. Eso provoca una aceleración en diferentes sectores. Además, asistimos a un proceso de globalización, signado por un aumento de la demanda de commodities, diferenciación de productos y cambio tecnológico creciente. En este contexto, tanto las empresas como los países están expuestos cada vez más a una mayor competencia tanto nacional como internacionala ante los desafíos del Cambio Climático.
La creciente conciencia sobre "el calentamiento global" demanda a los actores involucrados -empresas, países- una mayor capacidad innovadora a la hora de competir. De este modo, la visión aportada por la economía verde se posiciona en un lugar destacado dentro de los temas de la agenda pública y privada.
El proceso de producción amigable con el ambiente requiere de una oferta capacitada, en el sentido de estar entrenada en la búsqueda de innovación, y también de una demanda que genere los pedidos de innovación – de manera formal o informal – y que esté dispuesta a financiar parte del proceso.
El conocimiento del desarrollo sustentable requiere acumulación de aprendizaje y competencias sectoriales, es decir, no se puede hacer innovación “en general”, sino asociada a sectores, productos y procesos específicos.
El rol que ha desempeñado el Estado en la promoción y gestión de la innovación, ha sido relevante en el diseño y gestión de políticas en los distintos estadios del proceso de innovación tecnológica que visiblemente se destaca en el sector energético, el automotriz, el reciclado de residuos sólidos urbanos, el desarrollo productivo de los humedales, entre otros.
El objetivo de la promoción estatal en innovación y acumulación de conocimiento de una economía verde, deberá centrarse en aumentar la competitividad, entendida como la fuente permanente de desarrollo de cualquier economía. De hecho, innovación y cambio estructural son dos conceptos fuertemente vinculados a la agenda señalada por el G20 en su última reunión.
El rol del Estado es decisivo para el impulso de la economía verde. Su acción contempla al menos tres claros componentes. El primero, el Estado como “market maker“: es decir, facilita que las empresas y los centros de estudio, de investigación y de gestión, se vinculen entre sí para resolver demandas de innovación que exige la economía verde. En segunda instancia, el gobierno debe contribuir a que las barreras de financiamiento, riesgo y vinculación con otros actores generadores de innovación se reduzcan. Finalmente su papel está en facilitar la transferencia de los resultados de la innovación de tecnologías limpias, es decir el Estado debe generar incentivos para que las empresas exitosas de innovación, mayormente grandes, transfieran su know how de cómo innovar a aquellas más pequeñas -cadenas de valor – technological ladder-.
Esta visión dinámica que propone el CEDyAT se explica a partir de la base que el papel del Estado cambia con el progreso de la economía verde a nivel global. Resulta relevante destacar que los factores de producción en una economía verde más importantes que un país posee -recursos humanos, desarrollo científico y tercnológico- no se heredan sino que se crean a partir de un trabajo continuo y coordinado entre Estado, empresas y sistema educativo
El cluster de las Energías Renovables es un ejemplo de ello. La interacción entre gobierno, fabricantes y tecnólogos es altamente provechosa dada la presencia de otro factor relevante, que es la proximidad geográfica. La interacción es mutuamente ventajosa pero no ocurre automáticamente, es ayudada por la proximidad pero se produce solamente porque las empresas y proveedores trabajan en ella.
Desde que el Gobierno nacional se eligió a Mendoza para desarrollar el primer clúster de energías renovables, debido a que posee la capacidad instalada más grande del país en términos de bienes de capital y servicios para el sector energético.
Argentina es el único país del hemisferio sur con tecnología eólica propia. Empresas como NRG Patagonia IMPSA en INVAP desarrollan y producen generadores eólicos de alta calidad y adaptados los vientos locales.
Entre otras cuestiones positivas de la economía verde, el Gobierno Nacional fijó pautas para garantizar componentes nacionales en proyectos renovables.Serán considerados nacionales aquellos componentes que tengan igual o menos de 40% de partes y piezas, conjuntos y subconjuntos de bienes importados. Un paso cualitativo ha sido la nueva ley de energías renovables, por la cual se habilita la auto-generación en los hogares, comercios e industrias.
Por esas razones, resulta de vital importancia el papel del gobierno en la promoción de la economía verde. Su acción promueve el crecimiento de la industria nacional y la radicación de nuevas empresas en nuestro país, para abastecer el mercado local de energías renovables y para la exportación, con bienes de alto valor agregado, creando nuevas fuentes de trabajo.
La fuerza del CEDyAT como Unidad de Vinculación Tecnológica, impulsada por la Ley 23.877, siempre es generar un grupo asociativo y colaborativo entre el sector público, las empresas con la capacidad o la intención de ser proveedores de estos sectores, el sector del conocimiento y la sociedad civil. En Argentina muchas compañías están en busca de una oportunidad para diversificar su capacidad productiva, diversificar sus mercados, o transformarse al ritmo que la economía verde del siglo XXI demanda.
(*) Director Ejecutivo del CEDyAT - UVT Ley 23.877. Disertante en la Cumbre de Economía Verde 2017.
