Jorge Mayoral, el exsecretario de Minería de la Nación, debe presentarse a indagatoria el 28 de noviembre. Nadie descarta que pueda quedar detenido. ¿Cuál fue su papel en la modernización del yacimiento de Río Turbio?
El exsecretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, es uno de los 23 integrantes de la lista confeccionada por el fiscal federal Carlos Stornelli quien en el mes de julio pidió la detención de Julio de Vido y de otros 22 sospechosos en una causa en la que se investigan desvíos millonarios en el proyecto abandonado de Río Turbio.
El juez Luis Rodríguez ya empezó a avalar los pedidos de detención que hiciera el fiscal Carlos Stornelli. El primero de la lista fue nada y nada menos que el exsuper ministro K, Julio De Vido. Todo hace pensar que si fue detenido el exsecretario privado de De Vido, Roberto Baratta, y el propio De Vido, hay muchas chances de que Mayoral sea el próximo.
El polémico exsecretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, es uno de los exfuncionarios K investigados por la presunta malversación de 26 mil millones de pesos que el ya desaparecido Ministerio de Planificación Federal destinó para YCRT, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, de lo cual habría existido un perjuicio para el Estado Nacional de unos 265 millones de pesos.
Los fondos estaban relacionados con los planes de modernización de la mina de Río Turbio y con la construcción de la Usina Térmica, ambos investigados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Fue precisamente la Sindicatura la que denunció que el presupuesto había sufrido un incremento del 98 por ciento, tras habérsele modificado unas once veces. Por su cargo, era imposible que Mayoral no conociera las maniobras.
Pero no fue el juez Rodríguez de motus propio el que decidió citar a indagatoria y ordenar detenciones, sino que fue la Sala II de la Cámara Federal porteña la que ordenó revisar si correspondía o no ordenar detenciones o citar a indagatoria al ministro De Vido. Incluso revocó la eximición de prisión otorgada por Rodríguez al exmano derecha de De Vido, Roberto Baratta, quien ya está detenido.
Ahora Mayoral deberá prestar declaración indagatoria el próximo 28 de noviembre, con la posibilidad de quedar detenido, al igual que varios de sus excompañeros de ministerio, incluso su jefe, Julio De Vido. Actualmente Mayoral tiene prohibición de salir del país y debe reportarse durante los primeros cinco días de cada mes ante el juzgado o una dependencia policial y constatar que están cumpliendo con la medida judicial.
Jorge Mayoral nació en Buenos Aires pero durante muchos años vivió en San Juan. Tuvo un fuerte vínculo político con José Luis Gioja y se dice que gracias a eso llegó al cargo durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Sin embargo las propias publicaciones especializadas en minería coinciden en que al poco de llegar le dio la espalda a su mentor y padrino político y a partir de ese momento nunca más recompuso la relación, pese a que él lo intentó.
La de Río Turbio no es la única causa contra el exsecretario de Minería de la Nación. El exdiputado Miguel Bonasso ya lo había denunciado por tener relaciones incompatibles con su función, ya que mantenía intereses en dos empresas mineras, y por esa razón también denunció a la expresidenta Cristina Fernández, a ambos por tráfico de Influencias.
El juez federal Sebastián Casanello, respondiendo a un requerimiento del fiscal federal Ramiro González, imputó a Mayoral por el estrago causado con cianuro en perjuicio de las poblaciones de Jáchal e Iglesia.
Funcionarios de la Universidad Tecnológica Nacional
Héctor Carlos Brotto (rector)
Martín Goicochea (decano)
Orlando Taboada (coordinador general de convenios)
Orlando Pastorio (secretario administrativo)
Claudio Masson (coordinador técnico)
Gustavo Maza (coordinador técnico)
Integrantes de la fundación regional Santa Cruz de la UTN
Hugo Sánchez (presidente)
Cristian Funes (coordinador técnico)
Lucas Zemunik (supervisor técnico)
Guillermo Torres (inspector)
Cintia Pérez (administradora)
Nadia Marques (administradora)
Gustavo Lugercho (administrador)
Carina Mendoza (gerenta)
Alexis Philpott (empleado)
Funcionarios del Ministerio de Planificación Federal
Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal)
Jorge Mayoral (secretario de Minería entre 2002 y 2015)
Roberto Baratta (ex subsecretario de coordinación)
Jaime Álvarez (ex coordinador general y actual ministro de Alicia Kirchner)
Ex funcionarios de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)
Atanacio Pérez Osuna (actual intendente de Río Turbio y ex interventor de YCRT)
Fernando Lisse
Miguel Larregina
Marta Pérez
Las evidencias de que los subsidios a Yacimiento Carbonífero de Río Turbio eran utilizados de manera oscura tienen más de 10 años, recordó el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), que lo anticipó en 2007. Pero ni a los fiscales ni a los jueces federales les llamó la atención el dispendio de recursos y sólo han reaccionado ahora, cuando los K han pasado de moda y cayeron en desgracia.
El oportunismo de la Justicia y gran parte de la clase dirigente permitió que miles de millones de dólares fueran derrochados y desviados hacia fines espurios. Frente a semejante fracaso resulta pertinente alertar que la solución no es poner funcionarios honestos e idóneos a administrar la empresa sino utilizar los fondos públicos para reconvertir a los trabajadores que fueron ilusionados con un proyecto inviable.
Nada justifica que Río Turbio reciba tanto dinero pero en el Presupuesto 2018 está previsto el doble de los recursos asignados en 2007 a Río Turbio. Tampoco algo justifica que Comodoro Py reciba los recursos asignados para que practique una falsa justicia, acomodaticia, cobarde e irresponsable.
Entre las múltiples causas que provocaron el desafuero como diputado nacional y el posterior encarcelamiento del que fuera ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del anterior gobierno (N. de la R.: Julio De Vido) fueron los subsidios a la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.
En un informe de Idesa datado el 30/09/2007 con el número 200, se alertaba sobre
+ de que los subsidios del Tesoro eran prácticamente todo el ingreso que tenía la empresa, y que
+ sólo una parte eran destinados a pagar salarios mientras que el resto se usaba para financiar compras de cuestionable legitimidad.
Se advertía también que el final era previsible.
+ O bien terminaba en escándalo de corrupción o
+ en algún momento de menor bonanza fiscal resultaría imposible seguir financiando semejante nivel de transferencias.
La historia demostró que ocurrieron ambas cosas: escándalo de corrupción con el ex – ministro en la cárcel e insostenibilidad fiscal.
Información publicada por ASAP y por los Presupuestos nacionales permiten dimensionar la magnitud de los fondos públicos destinados a Río Turbio desde ese entonces hasta el presente. Según estas fuentes entre los años 2007 y 2018 se observa que:
+ El total de subsidios del Tesoro asignados a Yacimiento Carbonífero de Río Turbio asciende a U$S 3.300 millones.
+De estos subsidios, aproximadamente U$S 2.000 millones se destinaron a salarios.
+ Los U$S 1.300 millones restantes fueron usados a gastos no salariales.
Estos datos confirman el enorme esfuerzo que viene haciendo toda la sociedad desde hace más de una década para subsidiar a la empresa de Río Turbio y que casi el 40% no se usó para pagar salarios sino otras contrataciones administradas con escasa transparencia y dudosa racionalidad. Esto sugiere que la conservación de los empleos es la excusa para derivar miles de millones a manejos oscuros que culminaron –como se alertaba en aquel informe– en un escándalo de corrupción.
Emergen una vez más los altos costos sociales del oportunismo que prevalece en gran parte de la dirigencia argentina. Si los políticos, medios, empresarios, analistas, sindicatos, ONG, que ahora hablan del tema de Río Turbio y critican enérgicamente al ex - ministro lo hubiesen hecho hace una década, cuando los hechos ya eran visibles y públicos, no se habrían derrochado miles de millones de dólares y se hubieran evitado 10 años de manejos turbios que contaminaron los valores de la política.
El aspecto más grave es que la Justicia haya mirado hacia otro lado cuando hace una década era visible lo que hoy se considera una clara presunción de delito.
Pero tener una actitud condescendiente con quien detenta el poder y ser lapidario con el que no es un mal generalizado en Argentina. Mientras la sociedad tolere el oportunismo se seguirán repitiendo los fracasos.
El daño de usar fondos públicos para prolongar la agonía de un proyecto inviable no sólo se mide por el derroche de recursos públicos y su desvío a fines aparentemente ilegales.
No menos importante es que durante una década se creó la ilusión entre mucha gente de que en esa empresa podían encontrar prosperidad. Esto a pesar de que el carbón es una fuente de energía contaminante, en vías de extinción y que, además, en un lugar tan remoto no tiene viabilidad.
Ante esta realidad es disparatado seguir usando fondos públicos para sostenerla y muy pertinente hacerlo para reconvertir laboralmente a las personas afectadas.
Para que Río Turbio sea una página cerrada es fundamental no posponer la reconversión y no caer en el error de que la solución pasa por incorporar a la empresa gerentes más idóneos y honestos que los que puso el gobierno anterior.
No es un dato menor que en el Presupuesto 2018 se contemple destinar a la empresa el doble de recursos de los que se asignaron en el 2007.
Por más buenas que sean las intenciones, si la idea es seguir subsidiando un proyecto inviable se corre alto riesgo de que en algún momento los nuevos directivos sucumban a las tentaciones y, cuando ya no estén en el poder, vuelvan a caer las cataratas de denuncias.
