ProInversión confirmó el fuerte interés por el proyecto polimetálico que se adjudicaría el 20 de diciembre. Sin embargo, la población de Michiquillay y La Encañada aún tendría reparos.
Al menos diez empresas de primer nivel, nacionales e internacionales, competirán por el proyecto minero Michiquillay, el cual tiene como fechas de adjudicación el 20 de diciembre próximo.
ProInversión precisó que el jueves 2 de noviembre venció el plazo para la presentación de sobre N° 1, documentos de precalificación, y que una decena de empresas cumplieron con presentar la documentación requerida en las bases del concurso, la misma que está siendo evaluada.
Alberto Ñecco, director ejecutivo (e) de ProInversión, detalló que la agencia estatal incorporó, en el contrato de transferencia del proyecto Yacimientos Cupríferos de Michiquillay, que el 50% del pago que realizará el adjudicatario al Estado irá al Fondo Social Michiquillay.
“Esta decisión fue tomada luego de iniciado el diálogo directo con la población de las comunidades campesinas de Michiquillay y La Encañada, y será complementada con los aportes que se recojan en las mesas de trabajo entre las juntas directivas de ambas comunidades y ProInversión”, destacó la agencia a través de un comunicado.
Desde la salida de Angloamerican del proyecto Michiquillay se conoce que existe un fondo minero de aproximadamente US$ 100 millones que se destina principalmente a educación y salud.
Este fondo se rige bajo la Ley de Comunidades y por tanto es administrado por los comités, es decir, por los mismos dirigentes de las comunidades.
Fuentes cercanas a la operación comentaron a La República que a pesar de estas acciones aún no existe pacto social con las comunidades, a pesar de que ProInversión anuncia que sí lo hay.
“En la zona, los campesinos están rechazando esta supuesta adjudicación porque no hubo conversaciones con ellos, solo una encuesta y talleres de ProInversión que no supone que estén de acuerdo con el proceso”, comentó la fuente.
Al respecto, Pablo Terrones, presidente central de la comunidad de La Encañada que está conformado por cinco caseríos con unas 5 mil familias, precisó que el 27 de octubre tuvieron una pequeña reunión con representantes de ProInversión y recién el 1° de noviembre les hicieron llegar las bases del concurso.
“Una vez que lo leamos bien, vamos a tener más claros nuestros pedidos y decisión en base a nuestra realidad”, comentó a este medio.
