El Gobierno brasileño, dirigido por Michel Temer, no se quedó de brazos cruzados ante la suspensión judicial de la privatización de la eléctrica estatal Eletrobras, y recurrió en segunda instancia al presentar una reclamación en la Corte Suprema contra la decisión, según informaron fuentes oficiales.

Temer firmó un decreto que autoriza el proceso de privatización de la mayor empresa de energía del gigante sudamericano, sin embargo, la Justicia Federal de Pernambuco paralizó la pasada semana, de manera cautelar, la disposición del presidente.

Según el juez Cláudio Kitner, de Pernambuco, el “artificio” utilizado por el mandatario brasileño “si no lesa directamente el patrimonio, (…) tropieza de forma violenta con el principio de moralidad”.

En otro frente judicial, la Abogacía General de la Unión (AGU) señaló en un comunicado que la cautelar fue concedida “sin reflexionar sobre los efectos dañinos de su decisión, que chocan con el interés público de minimizar el déficit en las cuentas públicas”.

AGU señaló: “el mérito de la privatización de Eletrobras será discutido en propuesta de la ley propia que será enviada al Congreso Nacional”. La Abogacía precisó también que el objetivo del decreto publicado por Temer es permitir la elaboración de estudios sobre la situación económica y financiera de la estatal.

La Abogacía del Estado presentó también una reclamación a la Corte Suprema alegando que el magistrado Kitner “usurpó la competencia” del máximo tribunal del país y criticó a la Justicia Federal de Pernambuco por juzgar la “constitucionalidad” de una medida del Gobierno, algo que es “competencia exclusiva” del Tribunal Supremo.

Sin embargo, Kitner señaló: “nada fue apuntado por el jefe del Poder Ejecutivo (Temer) para justificar la urgencia en la adopción de un decreto (…) que altera de forma sustancial la configuración del sector eléctrico nacional, sin la imprescindible participación del Poder Legislativo”.

Eletrobras es una empresa que gestiona la generación, transmisión y distribución de electricidad en Brasil y está incluida por el Gobierno dentro de un ambicioso plan de privatizaciones y concesiones que se extiende, también, a terminales aeroportuarias, autopistas, líneas de transmisión eléctrica, entre otras sociedades públicas.