Juan Saldarriaga
El Ministerio de Energía y Minas alista inversiones para asegurar su desarrollo. Revisa en este informe los pros y los contras en el futuro del proyecto cuprífero
No cabe duda de que la subasta de Michiquillay (Cajamarca) fue uno de los pocos logros del gobierno de PPK, y un positivo shock de confianza para la economía. Pero el resonante eco de la adquisición del megaproyecto cuprífero por parte de Southern Copper no basta para acallar las interrogantes que empiezan a surgir, pasada la resaca de las celebraciones.
Por ejemplo, ¿es viable Michiquillay, dada la consabida animadversión de ciertos sectores cajamarquinos por la minería?
Según el economista Pablo Secada, la respuesta es no. “No lo digo yo. Me lo han dicho varios interesados en la subasta [hubo 10 en total] que pagaron para acceder al data room, pero que desistieron de presentar ofertas, porque piensan que el proyecto no es viable”, explica.
La razón, añade, es la candente situación política en Cajamarca. “Cuando empiecen los problemas y la cosa termine a patadas con Southern, que no tiene mejores estándares socioambientales que los otros interesados (Rio Tinto y Freeport, entre ellos), Michiquillay estará condenado igual que Conga”, advierte.
En su opinión, Pro Inversión no debió enfocarse en sacar rápido el proyecto, sino en armar un plan de desarrollo integral de la cuenca, que incluya también a Galeno y Conga .
Este riesgo también es advertido por Southern Copper. “Más les vale al Gobierno que nos acompañe en Michiquillay porque, si no, pasará lo mismo de Tía María, que (los antimineros) se han metido y no ha avanzado”, señala Oscar Gonzales Rocha, CEO de la minera mexicana.
El ejecutivo confía en que Southern desarrollará el proyecto, pero advierte que podría devolverlo si no le permiten avanzar.
“En ese caso, tendríamos que pagar una penalidad de US$12,5 millones (…) Pero si tenemos que devolverlo después haber gastado en exploración y compra de terrenos, entonces nos asociaríamos con otra empresa o lo venderíamos para recuperar la inversión”, anota.
A fin de evitar esta ingrata posibilidad, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) viene preparando un plan para reforzar la presencia del Estado en las comunidades de Michiquillay y La Encañada.
Fernando Castillo, director de Gestión Social del MEM, revela que este plan comprende un proyecto de electrificación rural para dotar de energía al 100% de Michiquillay.
También proyectos de saneamiento y la posibilidad de que las comunidades de Michiquillay y La Encañada sean las primeras beneficiarias del Fondo de Adelanto Social.
Y, como complemento, un proyecto de vivienda para otras comunidades, pues la experiencia de Conga enseña que se debe satisfacer a las poblaciones alejadas, que son las que se suelen oponer y buscan hacer fracasar los proyectos.
“Nuestra meta es socializar Michiquillay, para relanzar después Galeno y Conga, en ese orden”, precisa Castillo.
El funcionario detalla que lo ideal sería que los tres proyectos caminasen juntos, pero que eso es difícil con la variable Conga. “Por eso, debemos blindar a Michiquillay, para que camine de forma sólida y jale a los demás proyectos”, añade.
Jesús Díaz Casahuamán, presidente de la comunidad campesina de Michiquillay, asegura que el 99,5% de este poblado está de acuerdo con el proyecto. “Quienes están en contra (el 0,5%) son personas que han cogido área libre de la comunidad y que afrontan un proceso sancionador. Son invasores que quieren hacer su propio negocio”, asevera.
Según la Defensoría del Pueblo, sin embargo, son tres los sectores de Michiquillay (de un total de ocho) los que han expresado su descontento.
“Esto nos da elementos para pensar que no todos están de acuerdo. Es una suerte de alerta”, advierte Porfirio Barrenechea, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría.
