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DEBATE
Escribe Marcelo Bonelli: Protegiendo a Caputo. Berensztein: fracasos políticos argentinos
06/04/2018

La historia secreta de la estrategia oficial para proteger a Caputo

MINING PRESS/Clarín
Marcelo Bonelli

 

Mauricio Macri fue directo y felicitó de inmediato a Luis Caputo: “Por fin se acabó el invento de la oposición”. Ocurrió durante una charla, después de que el ministro concluyera su presentación en el Congreso.

Macri sostiene que, con la exposición de Caputo, el Gobierno terminaba por desmontar una operación política que iba contra el propio corazón de la Casa Rosada: cuestionar e intentar la renuncia del hombre que tiene la llave de los mercados internacionales para financiar los fuertes desequilibrios macroeconómicos.

Caputo garantiza los fondos del exterior para moderar el ajuste y viabilizar la reelección del Presidente. Christine Lagarde esbozó la misma tesis en la reunión privada con Macri. Por eso, el Gobierno cree que la oposición busca enlodar al Caputo y complicar el acceso al crédito externo.

Esa es la historia secreta que reconstruyó Clarín. Macri se lo dijo a Caputo: “Se cayó el invento de la oposición”. Y Caputo precisó: “Mostré toda la documentación que acredita que tengo razón”. Macri apeló entonces a un término futbolero: “Ganamos por goleada”. Caputo respondió: “Presidente, se terminó la infamia”. El ministro dijo que vivió las denuncias como un calvario personal y familiar.

Por eso no está arrepentido del traspié del “papelito” ni de la increíble oportunidad que les dio a los kirchneristas de terminar -para su propia tropa- la sesión en un bochorno.

El Presidente pasó por alto el desliz. Pero el ministro dejó en evidencia que conoce de finanzas y flaquea en política.

Para algunos, Caputo le dio al kirchnerismo una salida de lujo, cuando los argumentos del grupo de Axel Kicillof tambaleaban.

Kicillof hizo una larga exposición, pero nunca fue al centro de la cuestión. El ex ministro tenía información secreta y temía que Caputo la hiciera pública: el detalle de la negociación en la que Kicillof benefició a Repsol y las abultadas comisiones que Cristina le pagó a un solo banco -Deutsche Bank- en la colocación del Bonar 2024 . Fueron del 1 %, cuando ahora se paga a un consorcio el 0,12 %. El griterío final -en definitiva- benefició a ambos. Hubo varios temas centrales que nunca se abordaron y que evitó la Casa Rosada.

El Frente Renovador -vía el diputado Ignacio De Mendiguren- no pudo introducir un tema clave: la bomba económica que puede generar el endeudamiento si no tiene suficiente sustentabilidad de repago.

Tampoco se profundizó sobre cómo hará la Argentina para abonar la deuda, si se ensancha el rojo comercial. El “circo” final evitó que se tratara otra cuestión: aún es secreto el lesivo contrato que Cristina firmó con el Club de París. Nadie entiende porqué Macri mantiene ocultas las cláusulas del acuerdo.

Caputo preparó la presentación con su equipo íntimo. No hizo entrenamiento previo, ni contrató ningún “coach” , como surgió del propio Gobierno. Esa versión la dejaron trascender funcionarios que tienen enconadas internas con el ministro.

Pero igual Caputo recibió toda una “red de contención” de la Casa Rosada. El propio Macri habló del tema con Miguel Pichetto y la cuestión la siguió el jefe de Gabinete.

El operador fue Federico Pinedo: el martes a la tarde Caputo estuvo en secreto en el Senado. El compromiso fue armar un esquema que permitiera le permitiera salir -por lo menos- ileso del Congreso. Pichetto se habría comprometido a facilitar las cosas a Caputo. Fue evidente y claro que el -antes furioso kirchnerista y ahora dócil- senador del peronismo federal Jose Mayans manejó la sesión a favor del ministro.

Mayans fue el mejor “operador” de la Casa Rosada en la sesión: mantuvo a senadores y diputados a raya y decidió terminar todo cuando comenzó el desborde y el ministro se lo exigió: “Vamos porque ya estoy muerto”.

Caputo le agradeció -el miércoles a la tarde- su tarea en un efusivo mensaje de texto.

El “acuerdo” para ayudar al ministro se constató en el propio recinto. Maryans bufaba junto con Caputo, cuando las preguntas se repetían. El senador -en un momento- le dijo, por lo bajo: “Yo no puedo creer que te pregunte cuatro veces lo mismo”. Caputo exclamó: “Ya están haciendo circo”. Marcos Peña cree que ya se ganó la pulseada. Pero es un error.

El “affaire Caputo” todavía no concluyó: está abierta una seria investigación judicial. La Oficina Anticorrupción envió un exhorto a la Securities and Exchange Commision para constatar si las afirmaciones del ministro se corroboran en la documentación.

En la Casa Rosada sostienen que la OA va a cerrar el expediente. Laura Alonso rechaza esas presiones: “Acá no cerramos nada”. Pero la Oficina Anticorrupción recibió, antes de Semana Santa, un requerimiento de Carlos Rívolo: el fiscal exigió toda la documentación del “caso Caputo”. Rívolo pidió -y ya obtuvo de Julián Ercolini- el levantamiento del secreto fiscal del ministro. Caputo dijo en la Casa Rosada estar tranquilo. Según sus palabras, los datos de la AFIP comprobarán que la sociedad off-shore es de un pariente cercano y no de él. La Casa Rosada, de todos modos, dio una orden: varios operadores judiciales pretenden conocer detalles de la hermética investigación de Rívolo.

Los fracasos políticos dominan la agenda nacional

La Nación

SERGIO BERENSZTEIN

En la agenda regional prevalecen las crisis políticas, como las que viven Brasil o Venezuela o aquella de la que está saliendo Perú. Mientras tanto, y como de costumbre, la Argentina llama la atención con acontecimientos cotidianos que demuestran que el desafío por mejorar la calidad institucional continúa postergado, lo que genera sobrecostos en materia de financiamiento y aleja inversores que miran al país con entendible desconfianza.

En este sentido, las derivaciones de la investigación sobre pedofilia vuelven a poner foco en los "servicios de inteligencia", una de las asignaturas pendientes más alarmantes. Acabamos de recordar otro 2 de abril con la convicción del reclamo justo, pero con el dolor y la indignación por la perversa irresponsabilidad de los autores de semejante desatino. Lo mismo ocurre con los cinco años transcurridos desde la inundación de La Plata: ni siquiera sabemos el número de víctimas fatales. Los fracasos de la política argentina son constantes, patéticos, lastimosos. A pesar de las promesas electorales, ni este ni los anteriores gobiernos plantearon un debate serio respecto de cómo salir de la postración. A lo sumo se cuelan cuestiones puntuales, espasmódicas, descontextualizadas. Los proyectos personales y la obsesión por permanecer en el poder traducidos en electoralismo permanente desplazan cualquier agenda de transformaciones políticas. Así, desperdiciamos sistemáticamente oportunidades para aprender de nuestros errores y madurar como sociedad.

Hace una década, un reclamo puntual se convirtió en otro fracaso político y disparó un conflicto de proporciones: la resolución 125, la primera revuelta fiscal de nuestra historia. Generó una notable energía participativa, reconfiguró el mapa de poder e impulsó a la vida pública a muchos jóvenes (de preferencias políticas opuestas). En una investigación en curso, argumentamos junto a María Elisa Peirano y Mariano Turzi que, más allá del hecho puntual que inició la disputa (cuestiones de orden impositivo, como las retenciones a las exportaciones agropecuarias), su naturaleza se fue modificando: se volvió mucho más amplia, compleja, con reclamos más abstractos y políticos, tanto en el plano simbólico como en el material.

Fue el origen de la "grieta". También, el puntapié inicial del proceso de radicalización kirchnerista, con la creación de Carta Abierta y La Cámpora, el inicio de la guerra contra medios y periodistas críticos y la confiscación de los fondos de pensión privados, el cruce del principal Rubicón reciente en materia de violación de los derechos de propiedad.

A partir del conflicto con el campo germinaron en paralelo los primeros reclamos por la concentración de poder que había logrado Néstor Kirchner a expensas del Congreso y de la Justicia: apareció una exigencia de mayor "republicanismo". Las demandas contra la voracidad fiscal tardaron en volverse más nítidas, pero tienen en esta coyuntura crítica su antecedente principal: el propio gobierno de CFK se vio obligado a repartir algo de la renta agraria entre las provincias para ampliar su base de sustentación. Mejorar la calidad del gasto público es otro asunto prioritario pendiente, pero detrás del escándalo de los pasajes de los legisladores hay una cierta brisa libertaria, casi un conato de rebelión fiscal, vinculable con esta crisis fundacional.

La cadena agroindustrial argentina es el sector más dinámico y competitivo del país. Su capacidad de influencia política jamás logró ser proporcional a su tamaño ni a su importancia estratégica. Nunca alcanzó la capacidad de coordinar las acciones de sus variados componentes, lo que limitó su voz en el diseño y la implementación de políticas públicas. A diferencia de sus pares en otros países, protagoniza una paradoja singular: su notable eficiencia productiva, muy superior al promedio de la economía, la vuelve vulnerable frente a un gran número de actores urbanos que sobreviven gracias a la renta agropecuaria.

Siete años luego de la 125, un ciclo bíblico, Mauricio Macri ganó las elecciones gracias a un ejército de fiscales integrados en buena medida por los mismos protagonistas de los "piquetes de la abundancia" o al menos por quienes simpatizaron con su gesta y su valentía. Mientras la Mesa de Enlace fracasaba en institucionalizar la unidad de los productores, algo más proteico y más relevante sucedía en una sociedad sin representación política consistente, pero con demandas crecientes.

Aunque la 125 no sirvió para que el campo se constituyera en un actor político de peso, fue una suerte de terremoto que reordenó la política argentina con efectos de corta, mediana y larga duración. Catalizó procesos adormecidos, resignificó símbolos y redefinió liderazgos, profundizó tendencias secesionistas dentro y fuera del peronismo, transformó demandas sectoriales en un grito de oposición: antioligárquico para algunos, antiautoritario para otros.

En El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva, Elinor Ostrom estudió cómo se gestionan los bienes públicos con el dinero de los contribuyentes: las sociedades crean y mantienen reglas, normas y sanciones a lo largo del tiempo para garantizar que se utilicen de forma sostenible. Mirado en torno de este paradigma, cuando el agro defiende solamente intereses sectoriales, no logra su propósito, pero si amplía sus demandas y se transforma en el vector clave de un modelo inclusivo y sustentable, incrementa sus chances de éxito.

En un país donde la política es casi siempre parte del problema y casi nunca de la solución, en el que la crisis de representación lleva demasiado tiempo, en el que los que gobiernan no se animan a proponer gestas transformacionales incluyentes y sensatas, pueden ocurrir situaciones impensadas que conmocionan el statu quo y brindan protagonismo a actores que no estaban preparados para asumir semejante rol. Navegar sin un curso de acción definido tiene estos imponderables.


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*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews

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