Con el veredicto del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, la empresa Andes Iron, controladora del proyecto Dominga y donde participan los Délano Méndez y Garcés Silva, se anotó un importante triunfo para impulsar el proyecto de más de US$ 2.500 millones de inversión.
Sin embargo, el camino que le queda a la iniciativa para poder ver la luz sigue siendo extenso y desconocido.
El mismo viernes, y a sólo horas de que se hiciera pública la resolución, la organización ambiental Oceana, anunció que buscará revertir el fallo en la Corte Suprema, lo que se estima podría tomar unos seis meses en resolverse.
De los 62 casos que han llegado al máximo tribunal del país desde alguno de los Tribunales Ambientales de Santiago o Valdivia desde 2013, solo 15 veces se ha cambiado el dictamen de esa instancia especializada y 36 confirmaron su veredicto.
Aunque no está garantizado el respaldo al primer fallo que emite la sede en Antofagasta, al menos la estadística juega a su favor. Más aun si se toma en cuenta que las veces que ha contrariado la postura de la instancia previa, mayoritariamente han sido en casos de sanciones y daño ambiental.
La Tercera Sala de la Corte Suprema que vería este caso –de concretarse la casación- está integrada por Sergio Muñoz (presidente), Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, y Manuel Valderrama
La posición que pueda tomar el juez Muñoz será relevante, pero al tratarse de un tema administrativo duro podría no implicar un cambio respecto a lo emanado por la sede ambiental -analizan juristas de la plaza-, ya que en esa instancia no se abordó el fondo del asunto.
El “respaldo” que da la Corte Suprema a los fallos del Tribunal Ambiental se ha evidenciado en varios casos que en el mundo legal muestran como relevantes. Uno de ellos fue el que recibió la central hidroeléctrica de pasada Mediterráneo, cuando se respaldó que el tribunal de Valdivia revocara su permiso por considerar que el Estudio de Impacto Ambiental no evaluó correctamente una de las variables.
Otro caso más técnico, pero muy relevante para este caso, fue el de mediados de 2017 cuando el tribunal de Valdivia acogió reclamos contra una norma de calidad ambiental sobre la cuenca del río Valdivia e invalidó dicho acto administrativo. La Corte Suprema validó también ese razonamiento.
Foja cero Si la Tercera Sala de la Corte Suprema valida lo señalado por el Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, el proyecto volverá a la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Coquimbo, instancia que rechazó la iniciativa bajo el gobierno anterior. La integran el intendente regional y los secretarios ministeriales de Desarrollo Social, Transportes y Telecomunicaciones, Agricultura, Energía, Salud, que la vez pasada votaron en contra del proyecto, y quienes lo aprobaron con o sin condiciones, los de Medio Ambiente, Minería, Vivienda y Urbanismo, OO.PP, Economía y el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental.
La vez anterior el empate fue dirimido por el intendente, quien rechazó la iniciativa. Sin embargo, tras el cambio de gobierno cambió el escenario. La comisión está repartida entre cuatro integrantes UDI.
Entre ellos, la actual intendente regional Lucía Pinto; el seremi de Energía, Álvaro Herrera; Vivienda y Urbanismo, Hernán Pizarro, y Transportes y Telecomunicaciones, Juan Fuentes. Los otros integrantes son cuatro Seremis independientes, entre ellos Alejandro García en Salud, que reemplazó de Matías Letelier tras la polémica por omitir antecedentes en su currículum; de Obras Públicas, Pablo Herman, y Juan Pablo Flores, de Desarrollo Social. Finalmente, Renovación Nacional tiene tres representantes. Entre ellos el de Minería, quien ya se ha referido al proyecto.
“El tema de Dominga está en el Tribunal Ambiental. Como gobierno vamos a respetar lo que el tribunal decida. La minería es transversal a nuestra región... como autoridades tenemos que generar trabajo para nuestros habitantes”, dijo a un medio regional Roberto Vega.
