Detenido, inhibido y embargado, el otrora poderoso empresario patagónico Cristóbal López sumó un nuevo frente a su cartera de problemas. Uno de los frustrados compradores del Grupo Indalo le pidió a la Justicia que decrete su quiebra personal, mientras le reclama decenas de millones de pesos.
El reclamo lo presentó el abogado Santiago Dellatorre, quien desembarcó en el holding junto al financista Ignacio Rosner, en octubre del año pasado, con promesas de inversiones y negocios millonarios, pero que debió marcharse a fines de marzo, cuando López salió de la cárcel tras un fallo de la Cámara Federal porteña e intentó recuperar el timón de su holding, según publicó La Nación.
El pedido de Dellatorre quedó en manos de la jueza María del Milagro Paz Posse, a cargo del Juzgado en lo Comercial N° 19, pero de inmediato lo remitió a su colega Javier Cosentino, quien tramita en su Juzgado los concursos de la petrolera Oil Combustibles y otras empresas en problemas del Grupo Indalo.
El pedido de quiebra podría echar algo de luz sobre cuál es la verdadera situación patrimonial de López, uno de los empresarios de mayor crecimiento durante el kirchnerismo, con el que quedó asociado como el también patagónico Lázaro Báez , o Ernesto Gutiérrez y los Eskenazi, entre otros.
El pedido de quiebra podría, en particular, ayudar a determinar los bienes, fondos y otros activos que López tiene en el país o en el exterior, como así también sus deudas, más allá del Grupo Indalo o Casino Club, que durante años fueron sus dos principales fuentes de ingresos.
Sin embargo, Dellatorre no logró aún avanzar contra López, porque Cosentino rechazó quedarse con su pedido de quiebra, al considerar que no había "razones de conexidad, ni de economía procesal", como así tampoco de "conveniencia". Por eso, le devolvió el expediente a su colega, que a su vez reafirmó su rechazo a tramitarlo.
"Considero que no puede soslayarse, por circunstancias que son de notorio y público conocimiento, que el presunto fallido [por López] se encuentra involucrado con las empresas concursadas [del Grupo Indalo] ante el mencionado tribunal", indicó.
En ese contexto, la jueza giró el expediente con el pedido de Dellatorre a la Cámara de Apelaciones, donde los integrantes de la Sala C definirán cuál de los dos jueces deberá tramitarlo.
Dellatorre le reclama a López decenas de millones de pesos, en momentos en que el empresario patagónico volvió a prisión, se encuentra inhibido y embargado, y con el holding al borde del colapso, mientras que la Justicia investiga la fallida reconversión del Grupo Indalo en el Grupo Ceibo.
Los nexos de la firma interesada en comprar Oil con el oficialismo
Un ejecutivo argentino de la empresa Trafigura SA, la compañía que quiere quedarse con la petrolera Oil Combustibles , de Cristóbal López , aportó $3.1 millones para financiar el partido político de Mauricio Macri, según se desprende del balance de Pro al que accedió LA NACION.
La donación, realizada por uno de los responsables de Trafigura para toda América Latina, fue la más alta que recibió el partido del Presidente durante 2017, según consta en la documentación.
Este jueves 10, Puma Energy, la empresa downstream de Trafigura tomará el control de Petrobras tras la aprobación de ciertas condiciones regulatorias, la cual incluye la red de 250 estaciones de servicio, la cual adquirió junto a la refinería de Bahía Blanca y otros activos a Pampa Energía.
El cambio de imagen a la marca Puma en un plazo de 12 a 18 meses A seis meses de la firma del acuerdo por el cual Pampa Energía vendiera a Trafigura el negocio de refinación y distribución de combustibles por 90 millones de dólares.
Según La Nación, un ejecutivo de Trafigura, que pidió no ser identificado, fue citado en plena campaña legislativa por los responsables de Pro para participar de una reunión con empresarios, relataron desde la firma.
Desde el oficialismo le pidieron al ejecutivo un apoyo para el partido, pero el empresario -que reconoció su simpatía ideológica con Cambiemos - se negó a realizar la donación en nombre de la compañía y, en cambio, lo hizo "a título personal".
La Cámara Electoral emitió un primer fallo en 2014 -luego ratificado en otras oportunidades- que calificó las donaciones realizadas por altos ejecutivos como "aportes indirectos" de las compañías que los emplean para, de esta manera, evitar la prohibición que establece la ley de financiamiento político sobre las donaciones de empresas. En este caso no se trata de una donación para la campaña, sino para el partido, una situación sobre la que todavía no se expidió la Justicia.
Desde Pro remarcaron ante la consulta de LA NACION que "los empresarios que aportaron dinero al partido se animaron a dar un paso al frente al hacer donaciones con trazabilidad, en blanco".
Trafigura es la empresa mejor posicionada para quedarse con los activos de Oil Combustibles SA, la petrolera de Cristóbal López que mantiene una deuda multimillonaria con la AFIP. El juez en lo Comercial Javier Cosentino decidirá en las próximas horas si habilita a esta multinacional holandesa a quedarse con la petrolera y su red de estaciones de servicio.
Pero antes la Justicia le pidió a Trafigura que explique en 48 horas cómo pagará la deuda superior a $15.000 millones que Oil Combustibles mantiene con la AFIP , la deuda que mantiene ahora en prisión a Cristóbal López.
A pesar de que ya se inscribió la semana pasada como interesada para quedarse con los activos, la AFIP hasta ahora mantuvo el plan de pago de 12 cuotas anuales para cancelar la deuda con el Estado.
Antes de este intento de Trafigura, el fondo de inversión OP Investment, liderado por Ignacio Rosner -un exalumno del colegio Newman-, se había querido quedar con la empresa, pero la venta finalmente nunca fue autorizada por la Justicia.
Trafigura, multinacional holandesa, compró más de 40 estaciones de servicio en la Argentina con la marca Puma Energy. La compañía, además, continúa en tratativas para adquirir 250 estaciones de servicio Petrobras que estaban en manos de Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin.
Otro ejecutivo de la compañía había quedado bajo la lupa por obras de Petrobras, pero en Brasil. Mariano Marcondes Ferraz fue detenido el año pasado como parte de la operación Lava Jato por el pago de sobornos.
El juez Sergio Moro lo condenó en marzo a diez años de prisión por coimas de US$865.000 a un directivo de Petrobras para que la petrolera estatal brasileña le renovara contratos de almacenamiento de combustibles en instalaciones portuarias de Porto de Suape, Recife.
